El acceso a la salud sexual, materna y reproductiva es un tema que se ha posicionado como uno de los sectores que presentan mayores desafíos en el país, dado que el presupuesto para atenderlo es insuficiente, de acuerdo a la organización de la sociedad civil, Fundar, a través de su programa Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
Esto limita a mujeres que no tienen seguridad social, ya que no pueden acceder a medicamentos o anticonceptivos de forma gratuita ni a servicios de atención e infraestructura.
Ante el contexto de la pandemia por COVID-19, los montos de los presupuestos que atienden programas y política pública han sufrido reducciones y hasta ahora no se han recuperado a los niveles anteriores a la emergencia sanitaria.
En este año, de acuerdo al Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio (PPEF) 2023 se prevén 2 mil 115 millones 941 mil 499 pesos para salud materna, sexual y reproductiva. No obstante, presentó una disminución con respecto al año anterior en donde el Presupuesto de Egresos (PEF) otorgó 2 mil 121 millones 800 mil 210 pesos.
Estas cifras sólo refieren al Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva que opera la Secretaría de Salud (SSA).
Al respecto, Matilde Pérez señala que este programa ha registrado constantes disminuciones de presupuesto, “el Ejecutivo puede hacer modificaciones en el año, se llaman adecuaciones presupuestarias. Preocupan las modificaciones, entre 2013 y 2021, los recortes fueron de cinco mil 188 millones de pesos”, dijo.
Las investigadoras criticaron que los presupuestos deben ser progresivos y corresponder a los desafíos de atención a su población. Las investigadoras recordaron que en el PPEF 2023 se proyectó un aumento de 4.2% para el sector salud, es decir, más de 892 mil 849 millones de pesos, en comparación con el del año pasado, que fue 856 mil 641 millones de pesos.
No obstante, señalaron que ese aumento no cubre la recomendación que hacen organismos internaciones que señalan que se debe destinar al menos 6.2% de su PIB.
“Deben ir en correlación, los recursos han ido a la baja y han disminuido la transparencia sobre su asignación y ejercicio. Por eso es necesaria el acceso transparente a la información, es uno de los mayores desafíos. Aplaudimos el reto de que la salud sea de acceso universal, pero necesitamos transparencia”, indicó Janet Oropeza.
Janet y Matilde, investigadoras del programa Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, explicaron a Once Noticias que uno de los elementos esenciales de la política pública es el que refiere al acceso oportuno de medicamentos y métodos de planificación familiar.
Sin embargo, dijeron que es uno de los que mayormente tienen impactos por recursos presupuestarios insuficientes y por la falta de adopción de modelos de compra que garanticen su calidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
Medicamentos: entre sobrecostos y centralización del mercado
Las investigadoras explicaron que la federación ejerce cerca de 75% del presupuesto total para la compra de medicamentos, que envía en especie a los estados.
Los medicamentos se adquieren a través de adjudicaciones directas. Desde 2019 se potenció este modelo de adquisición y de acuerdo a Fundar, se encontró que por monto de contrato 97% se realizó por adjudicación directa.
Fundar señala que, entre 2013 y 2018, los montos de contrato fueron 88% asignados por adjudicación directa y solo 12% por licitación pública. El porcentaje de compras de medicamentos se concentró en tres grandes distribuidoras: Grupo Fármacos Especializados (78%), Farmacéuticos Maypo (12%) y Farmacéutica Althos (4%).
A partir de 2019, el Gobierno Federal implementó nuevos esquemas centralizados de compras para promover mayor competencia y reducir riesgos. Es así que la compra y distribución se concentró en la Oficialía Mayor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Después, en 2020 y 2021, se probaron dos nuevos esquemas, en donde las compras fueron realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS) y por el INSABI. Esto permitió reducción en los precios, con porcentajes que oscilan entre 18% y hasta 224%, dependiendo del medicamento.
Sin embargo, se mantuvo la concentración de mercado, ahora en tres farmacéuticas: Merck Sharp & Dohme Comercializadora (64%), Bayer de México (21%) y Janssen-Cilag de México (10%).
“Se debe revisar que estas adjudicaciones directas estén bien justificadas y que hayan las mejores condiciones para el Estado”, dijo Matilde.
Por su parte, Janet agregó que aunque hayan cambiado los sistemas de compra, no quiere decir que medicamentos se entreguen en tiempo y forma.
“Hay retrasos importantes y se han disminuido la cantidad de medicamentos, se entregan menos, son riesgos y también si no se justifican las compras. En últimos años no se conocieron las compras. La demanda va en aumento. Al final afecta los derechos de las mujeres. Debe haber transparencia en la información. En los estados en donde el aborto se ha aprobado, pero no se brindan los medios o medicamentos para llevarlo a cabo, eso limita el derecho a las mujeres a su salud sexual y reproductiva”, señaló.
A nivel de las entidades, señalaron las investigadoras, en el caso de los medicamentos que se utilizan para interrumpir el embarazo (mifepristona y misoprostol) presentaron sobrecostos dado que los costos difirieron por altos porcentajes entre una entidad y otra, entre 2017 y 2021.
“Por ejemplo, en 2021, Querétaro compró una caja de mifepristona 200mg de una tableta en $375, mientras que Sonora lo hizo en ese año en $973 pesos, un sobrecosto de 159%”, subrayó Janet Oropeza.
La investigadora compartió que encontraron que en 2017, la caja de misoprostol de 12 pastillas fue adquirida por Zacatecas en $553 y en el mismo año por Colima en mil 159 pesos, es decir, un sobrecosto de 110%.
“Estos sobrecostos disminuyen la cantidad de medicamentos que pueden adquirirse y estar disponibles para las mujeres. Por ello es necesario fortalecer esquemas de control y rendición de cuentas de estas compras”, agregó Janet.
Indicadores
Ambas investigadoras señalaron que atender el presupuesto es fundamental , ya que en el país los indicadores enfatizan que las problemáticas lejos de resolverse aún persistente y obstaculizan la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; además se agudizan e impactan a las mujeres que no cuentan con seguridad social y servicios de salud.
Hasta el año 2020, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 48%, de las 64 millones de mujeres en el país no estaba afiliadas a ningún servicio de salud, y que 44.4% vivía en pobreza, la cual se agravaba en contextos indígenas y zonas rurales quienes suelen tener poco o nulo acceso a servicios de salud.
Algunas de las problemáticas asociadas a los medicamentos, que hallaron las investigadoras, es que hasta 2018, persistía una demanda no satisfecha de métodos anticonceptivos de 11% en mujeres de 15 a 49 años. Se suma a ello el aumento de la tasa de fecundidad en adolescentes (12 a 14 años), de 2003 a 2018.
Además subrayaron que hay obstáculos para lograr que las mujeres tengan acceso a interrupciones del embarazo de forma segura, gratuita y legal en el país, dado que persiste, por un lado, la criminalización (pese a la resolución de SCJN del año pasado, aún no se han armonizado los códigos estatales con dicha resolución) y por otro, faltan medicamentos, infraestructura, y personal que realice estos procedimientos.
Además, con el contexto de pandemia, la violencia de genero se ha agudizado y ha aumentado el índice de violencia sexual, física y psicológica.
Asimismo, señala Fundar, la Razón de Muerte Materna (RMM) presentó un aumento: se registraron que por cada 100 mil nacimientos, entre 2020 y 2021, fue de 39.8 y 46.6 (OMM, 2021).
En el marco del 28S, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, la organización presentará su investigación “Buscando el camino. Presupuesto y compra de medicamentos para la salud sexual y reproductiva de las mujeres”.