Un pequeño pero significativo memorial irrumpe frente a la Plaza de la Salud, en San Salvador. Es sobre 25 avenida Norte, que el pequeño memorial en forma de lápida, color morado, rompe con el grisáceo paisaje urbano. Su ubicación no es accidental: está rodeado de hospitales, como el Hospital Nacional Rosales, y a unos pasos del Parque Cuscatlán, uno de los más importantes de la capital.
En el memorial resalta una inscripción que reconoce la valentía de Beatriz porque “conmovió al mundo en la defensa de su derecho a la vida frente a la prohibición del aborto”.
El memorial no tiene inscrito su apellido, porque Beatriz simboliza a todas las mujeres salvadoreñas.
El caso es paradigmático porque Beatriz enfrentó al Estado Salvadoreño, a la iglesia católica y a un sistema penal que criminaliza a las mujeres. Su caso impactó a la opinión internacional y en marzo de este año se llevará a cabo la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH); es una oportunidad para despenalizar el aborto en el país centroamericano.
Beatriz falleció en 2017, pero su mamá y su familia no ha dejado de luchar para que el caso sea un precedente en aquel país.
Este caso se enmarca en un contexto en el que los derechos de las mujeres continúan supeditados a las decisiones de grupos conservadores y en donde continúan las acusaciones hacia quienes buscan ejercer el derecho sobre sus cuerpos, de acuerdo con Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en entrevista con Once Noticias.
El caso de Beatriz
Betriz era originaria de la comunidad rural de Usulután, El Salvador y creció en un hogar en situación de pobreza extrema. A los 19 años fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea.
En el año 2013, Beatriz se enteró que estaba embarazada por segunda vez. La primera vez, en el año 2011, su hijo nació de forma prematura con síndrome de distress respiratorio y enterecolitis necrotizante.
Ambos embarazos eran de alto riesgo, pero en el segundo, ella tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia: solicitó la interrupción del embarazo dado que el ultrasonido reportó una malformación congénita en el feto, conocida como anencefalia. El pronóstico de vida fue nulo y las complicaciones a la salud de Beatriz eran altas.
Sin embargo, en El Salvador la interrupción del embarazo está prohibido sin ninguna excepción, por lo que los médicos tratantes remitieron el caso al Comité Médico y a las autoridades del hospital, quienes hicieron consultas institucionales sobre el procedimiento médico recomendado.
Fue así que inició un largo camino legal para Beatriz y su familia, en donde intervino la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud y la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia de San Salvador.
En ese año, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto recibió una llamada anónima con el caso de Beatriz. Al conocerlo no dudo en contactarla, para proponerle acompañamiento, tal como recuerda en entrevista con Once Noticias.
Fue la firmeza de Beatriz, aún recuerda la activista, la que hizo que no desistiera pese a las amenazas y acoso que vivió por parte de medios de comunicación e incluso por la Iglesia.
“La conferencia episcopal del Salvador hizo un comunicado y lo publicó en los periódicos de mayor circulación, diciendo que negar el aborto a Beatriz no violaba sus derechos constitucionales. Ese comunicado lo habían convertido en carta y lo enviaron a todas las iglesias católicas con el mandato de que debían leerla todas las noches. Yo creo que la mayoría de gente apoyaba a Beatriz. La jerarquía eclesiástica sintió la necesidad de presionar a su feligresía. Yo pensé ese fin de semana: ¡nos van a quemar por estar apoyando a la Beatriz!”, dijo.
Fue hasta junio que a Beatriz le otorgaron medidas cautelares, por parte de la Corte IDH, y se le realizó un procedimiento de cesárea; el feto presentaba ausencia total de calota craneana y tejido cerebral, por lo que murió a las pocas horas.
Más tarde, en noviembre ese año, el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por parte de la Agrupación Ciudadana en compañía de organizaciones internacionales como IPAS Centro América, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, así como la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador.
En 2017, un mes antes de la muerte de Beatriz, el caso fue admitido en la CIDH. Cinco años después, en enero de 2022, el caso llegó a la Corte IDH y será el próximo mes de marzo que se llevará a cabo la audiencia, por lo que es una esperanza para este país.
¿Cuál es el contexto actual con respecto al aborto en El Salvador?
El Salvador es uno de los cinco países de la región en donde el aborto está prohibido sin ninguna excepción junto a Nicaragua, Honduras, Haití y República Dominicana.
En este país, la interrupción del embarazo se criminaliza con penas que van de 6 a 8 años de prisión y se eleva de 30 a 40 años –llegó a sentenciarse a mujeres por 45 años– si se tipifica como homicidio agravado en caso de que la gestación supere las 20 semanas y que el parto sea extra hospitalario, aunque derive de una emergencia obstétrica.
La prohibición total del aborto deviene desde 1927, aunque la Ley Penal se ha modificado con el tiempo –en 1998 y 2010–. El Código Penal vigente fue resultado de los Acuerdos de Paz (1992) y el acuerdo decía más garantías a los derechos humanos, pero no tuvo efecto sobre los derechos de las mujeres.
“En el caso de las mujeres, cuando llega el tema del aborto, se eliminan todas las formas de aborto no punibles, se establece la penalización absoluta y además inicia un proceso de persecución a mujeres que llegaban a los hospitales buscando atención en la salud, ya fuera por un aborto espontáneo o una emergencia obstétrica”, dijo Morena al medio.
La criminalización hacia las mujeres en El Salvador prevalece desde entonces.
En el contexto actual la situación no ha cambiado. En el año 2021, el presidente, Nayib Bukele informó que en un pliego de reforma constitucionales que hizo no se contemplaría cambios sobre el aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia.
Tal decisión fue sorpresa para la Agrupación y para las mujeres salvadoreñas dado que en campaña había expresado una posición a favor del caso de Beatriz.
En 2018, Nayib Bukele declaró sobre el caso de Imelda y dijo “nunca vemos mujeres con recursos acusadas de aborto”.
La Agrupación había realizado trabajo sobre la figura de conmutación de pena, en donde intervenía la Corte Suprema de Justicia, así como el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para lograr la liberación de mujeres acusadas por el delito de aborto. Cuando inició el gobierno actual continuaron trabajando sobre esa figura y han conseguido aumentar la liberación de más mujeres.
De acuerdo a la investigación realizada por la Agrupación Ciudadana, desde 1998 hasta 2019 se han procesado a 181 mujeres por aborto o emergencias obstétricas en El Salvador. Sin embargo, las cifras serían más si se consideran los datos de homicidio agravado, por lo que se calcula que son más de 250 casos.
Durante el gobierno de Francisco Flores (quien representó al partido de derecha ARENA), 38.1% de las mujeres fueron procesadas judicialmente, de las 181. En 2019, bajo la administración de Nayib Bukele, fueron procesadas sólo cinco mujeres.
Hasta la entrega de esta nota calculan que 70 mujeres han sido liberadas. Pero en un balance general, la activista señala que a la par han aumentado las denuncias y los procesos judiciales hacia las mujeres, en el contexto del régimen de excepción que cumplió 10 meses desde que entró en vigor.
Grupos ultraconservadores y su fuerza política
Luego de las declaraciones de Bukele, cuando dijo que no habría reformas al tema de aborto, el arzobispado se posicionó y dijo que en estaban “absolutamente a favor de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. No se puede aceptar una reforma constitucional que ponga las condiciones para la legalización del aborto”.
Los grupos conservadores, en donde también se encuentra el poder eclesiástico, han ejercido presiones para que continúe esa criminalización. Al respecto, Morena Herrera expresó que es también parte de las reacciones que tuvo el caso de Manuela, una mujer que murió en la cárcel –fue sentenciada a 30 años por el delito de aborto– por tener una emergencia obstétrica.
Morena reflexiona que el poder eclesiástico católico ha puesto mayores trabas con diversos temas de derechos humanos, sobre todo los que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Un ejemplo es que recientemente se quitaron los programas de educación integral en sexualidad, a nivel municipal, dada la presión que ejerció el poder eclesiástico.
Esos programas fueron realizados en conjunto por organizaciones civiles, instancias internacionales, el Ministerio de Educación y el Instituto de Formación Docente, para adoptarlo de acuerdo a las edades de escolares.
“Dijeron que eso era terrible. Despidieron al director y a otra gente de esa institución. Días después, por mandato, llamaron a directores de centros educativos de todo el país para que entregaran los materiales. Muchos docentes los han entregado, pero otros están reservándose el derecho a impartir una educación sexual integral y están de acuerdo en tener estos contenidos para compartírselos a sus estudiantes. Están en resistencia silenciosa”, criticó la excombatiente.
Al respecto, Herrera reflexionó que las fuerzas ultraconservadoras intervinieron en el caso de Manuela, ante la CorteIDH, y que prevé que también quieran intervenir en el caso de Beatriz.
Con el régimen de excepción, que cumplió 10 meses desde que entró en vigor, los derechos sexuales y de salud se las mujeres no se ven ajenos. Morena Herrera relató que se ven impactados porque hay una pérdida de independencia judicial, desde el más alto nivel, y hay un debilitamiento del derecho a la defensa y de la presunción de inocencia.
“Aunque el régimen de excepción no es para tratar todos los tipos de delito, en la práctica ha debilitado el sistema judicial y se han debilitado las garantías judiciales que tenemos la ciudadana”, compartió.
Lo que se espera en marzo
Fue en 2017 que se instaló el memorial para recordar a Beatriz. Cada año, mujeres asisten a dejar flores o rinden homenaje, para recordar que continúa pendiente la deuda histórica del estado salvadoreño hacia las mujeres.
Demly Cortés, mamá de Beatriz, compartió a Once Noticias, que espera que se haga justicia y para que ese caso no se vuelva a repetir. “Ha sido difícil, pero tenemos fe. No es fácil para mí, nosotras estamos luchando para todas las mujeres”, agregó en una charla que apenas duró algunos minutos.
Morena Herrera, al finalizar nuestro encuentro en un pequeño hotel en la capital salvadoreña, reflexionó que el caso de Beatriz es trascendente no sólo para su país sino para América Latina, porque se vuelve a poner la imperiosa necesidad de reabrir la discusión del aborto en los países en donde prevalece la criminalización.
El caso es relevante porque si hay un fallo favorable se establecería la oportunidad para que El Salvador adopte reformas estructurales que sirvan como garantía de no repetición. Además, se haría revisión de la normativa que prohíbe la interrupción del embarazo y penaliza tanto a las mujeres como al personal médico.
Será el próximo mes de marzo que se lleve a cabo la audiencia en la Corte IDH, para deliberar sobre este caso.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha trabajado para hacer cambios de ley por la vía legislativa, también por la vía judicial y han presentado recursos de inconstitucionalidad, pero se les ha negado cualquier alternativa.
Uno de ellos es la iniciativa para aprobar, al menos, la causal de aborto terapéutico (por motivos de salud y cuando peligre la vida de la mujer o el producto)
“No ha habido voluntad política. En ese sentido, la posibilidad de un fallo favorable a Beatriz que establezca medidas de no repetición para cambiar esta realidad tan injusta, son cruciales para El Salvador”, finalizó Morena Herrera.