Cecilia y Nancy fueron acusadas por delitos federales cuando iban a trabajar. Ambas eran trabajadoras sexuales y se enfrentaron a estár casi 2 años en prisión preventiva oficiosa, dado que el hombre que las contrató (y que las retuvo en una persecución) llevaba consigo armas de uso del ejército y droga. Las hermanas fueron acusadas mientras que el responsable continúa prófugo.
En junio de este año, fueron absueltas luego de que su defensa legal solicitó y defendió la aplicación de la perspectiva de género, por lo que se comprobó la inocencia de ambas y se visibilizaron las vulnerabilidades a las que estuvieron sometidas dado su oficio, su condición de maternidad y su situación económica.
Las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales
La historia de Nancy y Cecilia tiene un principio y un final. El escenario es Tamaulipas en medio de la pandemia sanitaria, noviembre de 2020. Una carretera, dos mujeres que laboran, un hombre prófugo, armas, drogas, militares y un largo proceso legal.
Su historia no es lejana a una pesadilla, ambas así lo comparten a Once Noticias. Fue a finales de junio de 2022, que un juez absolvió a ambas. Así lograron regresar a casa con su hijos e hijas.
“Desde entonces dejamos de trabajar en ese lugar y ahora nos dedicamos a vender ropa. De aquella vez nos quedó el miedo y una muy mala experiencia”, atina a señalar Nancy al medio.
Ese es el final, pero comencemos por el principio. Nancy y Cecilia se limitan a contar su historia desde noviembre de 2020. No hay detalles íntimos, salvo que ambas cuentan que son madres. Su voz se distingue por el acento característico del norte, aunque por los auriculares apenas se distingue una de otra, sus timbres son parecidos.
Su voz permite imaginar su juventud y se percibe la desconfianza al hablar de un tema doloroso.
Pero la conversación fluye, aunque un tanto menos que los acelerados recuerdos, por lo que las interrogantes apoyan a que ambas tomen el protagonismo de su propia historia.
Nancy y Cecilia, son hermanas y ambas ejercen maternidades en solitario –no por opción sino por abandono–. Eran trabajadoras sexuales en Tamaulipas, una entidad en donde el porcentaje de pobreza es de 34.9% frente a 30.7% que no es pobre ni vulnerable, de acuerdo a datos de Coneval (2020).
En esta entidad, un millón 705 mil 900 personas vivían, hasta el año 2020, con ingresos por debajo de la línea de pobreza, y 447 mil personas vivían con ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema. Nancy y Ceci, como también le gusta que le digan, son parte de esas cifras.
Nancy cuenta que en los imaginarios de la sociedad se piensa que este oficio es sencillo, pero las mujeres se enfrentan a muchas situaciones de riesgo, por lo que además del rechazo social deben cargar con el peligro a cuestas:
“no es fácil, no es cómo lo cree la gente. Una se enfrenta a muchos peligros por llevar un poco de dinero a casa, para mantener a los hijos”, atina a señalar Nancy, pero interrumpe Cecilia, “no, uno nunca sabe con qué loco se va a encontrar o si te van a golpear o si saldrás viva de ahí”, afirma.
O como la historia de ellas, que estuvieron en medio de una pesadilla.
Nancy relató que ese noviembre, a través de una intermediaria, un hombre desconocido las contrató para un servicio.
Ambas relatan que el hombre las recogió sobre una carretera. Al subir al vehículo, las hermanas se percataron que su contratista llevaba armas largas, por lo que pidieron ser bajadas del automóvil, pero se negó y las retuvo al asegurar las puertas.
“Ellas estaban en una relación asimétrica de poder donde el contratante ejercía poder sobre ellas, que además temían por su vida”, aseguró Myriam Vázquez Beltrán, defensora del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), a Once Noticias.
En medio del camino se encontraron con un retén militar, por lo que el sujeto intentó huir y comenzó la persecución. Nancy y Cecy temblaban de miedo, temían por su vida. En algún punto de la carretera, el hombre se orilló y detuvo el vehículo. Al descender de él, se fugó.
Nancy y Ceci decidieron quedarse en el vehículo con la esperanza de ser salvadas del agresor y la circunstancia, pero no fue así. Luego que los militares se acercaron, no fueron tras el prófugo ni tampoco hicieron nada para localizarlo, detuvieron a las hermanas.
Nancy y Ceci fueron detenidas y acusadas por el supuesto delito de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos, cargadores, así como el delito contra la salud en su modalidad de venta de marihuana, dado que el prófugo la tenía en su vehículo.
Por esta situación, las hermanas estuvieron en prisión preventiva oficiosa, desde el año 2020 hasta junio de 2022, y la Defensoría Pública tuvo conocimiento de este asunto cuando fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Ahí comenzó un largo andar en la lucha legal.
Las hermanas recuerdan ese día: no sabían cómo contarles a sus hijos e hijas que estarían en prisión y que debían quedarse al cuidado de su abuela. Temían su rechazo.
Una lucha legal
La abogada explicó que el juez –de acuerdo a su criterio y al estándar probatorio que existe en el actual sistema de justicia– determinó que había indicios que suponían la ejecución de un delito. Fue así que fueron vinculadas a proceso y puestas bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El trabajo de la defensa legal se enfocó en recabar pruebas para acreditar que, pese a los indicios que colocaban a Nancy y Cecilia en un evento delictivo, existía una razón por la que estaban ahí: para trabajar y obtener un recurso de subsistencia para ellas y sus hijos.
La abogada contó que no fueron condenadas, porque había un escenario de vulnerabilidades –la vida de las hermanas también estaba bajo peligro el día que acudieron a prestar sus servicios–.
“Se recabaron pruebas de contextos y periciales, para acreditar las circunstancias: ellas estaban ahí por su trabajo. Las pruebas debían demostrar que eran trabajadoras sexuales. De acuerdo a la pericial se determinó que eran vulnerables por sus condiciones (mujeres, madres solteras y que su oficio era para sostener a sus familias, además de que [el oficio] ya era vulnerable para sus vidas–“, dijo.
Fue así que el trabajo fue mostrar ante el Tribunal de Enjuiciamiento todas estas pruebas.
“No se negó que estuvieran ahí, a bordo del vehículo, pero ellas no tenían la voluntad de cometer un delito”, explicó la defensora del IFDP. Luego de un largo proceso, el Tribunal decantó a favor de la defensa y otorgó un fallo absolutorio con libertad inmediata en junio de este año.
“Hubo una excluyente de responsabilidad, porque no hubo dolo en su actuación”, agregó al medio, la abogada.
La perspectiva de género: fundamental para alcanzar justicia
En nuestro país, de acuerdo a cifras del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (INEGI, 2021) al cierre de 2020, había 211 mil 154 personas privadas de la libertad a nivel nacional, de los cuales, 94.4% fueron hombres y 5.6% mujeres.
Desde tiempos de la Colonia y hasta el Porfiriato, las mujeres eran detenidas por prostitución, abortos, homicidios –calificados como pasionales– y adulterio, de acuerdo a la antropóloga Claudia Salinas.
La antropóloga señala que a las mujeres se les suele juzgar más duramente que a los hombres, pues la falta siempre es doble: “es legal y también es moral, por haber desafiado normas adscritas al género”, señala.
Critica que en este sistema de juzgamiento importa su condición como subordinadas, pero no sus historias personales y sus necesidades, por lo que la prisión se vuelve un espacio de sobreviviencia en un estado de invisibilidad y cuyos casos suelen quedar en silencio, mientras su sufrimiento queda oculto detrás del reconocimiento de una supuesta igualdad.
De ahí que el protocolo de perspectiva de género haya sido relevante en el caso de Nancy y Cecilia, que se aplicó para recabar pruebas y en su juicio, ya que se demostró su inocencia a través de considerar todas las vulnerabilidades implicadas.
Miryam subrayó que la aplicación de esta perspectiva es fundamental para la justicia, pero criticó que no sólo se explica porque se juzga a una mujer, “muchos creen que por juzgar a una mujer, eso ya es aplicar la perspectiva de género, pero no funciona así, se deben tomar en cuenta muchas circunstancias”, subrayó.
Y es que el protocolo de la perspectiva de género tiene que atender circunstancias especificas que deben tomar en cuenta las diversas vulnerabilidades que atraviesan a las mujeres, es decir, no se puede pensar de forma aislada esa categoría sino de forma interseccional:
“el juzgador tiene la obligación de detectar si efectivamente existen estas categorías en donde hay estereotipos de género, vulnerabilidades que las atraviesan y por qué inciden en la culpabilidad. Cuando se aplica ya no es una situación ordinaria, no se puede juzgar por los hechos simples que ya están en la mesa, se debe considerar todo lo anterior”, concluyó la abogada.
Nancy y Cecilia recuperaron su libertad, aunque su historia continúa escribiéndose. Las hermanas coinciden que hubo una tremenda alegría cuando salieron de prisión y volvieron a estár con sus hijos. Ambas cuentan que el responsable continúa prófugo y confían en que sea llevado a la justicia, aunque prefieren no ahondar en explicaciones, porque ese recuerdo les trae un sabor amargo.
En la actualidad ambas venden ropa “de paca”, la que proviene del “otro lado” y que se vende en muchos puestos de mercados o tianguis del norte, y aunque ha sido difícil reincorporarse a la cotidianidad abogan por combatir los estigmas que prevalecen hacia las trabajadoras sexuales, porque detrás de ese oficio hay historias, nombres, maternidades.