En el marco de los 100 años de la huelga inquilinaria de 1922, habitantes de la demarcación Cuauhtémoc realizaron una manifestación en diversos puntos de la alcaldía (entre Juárez e Hidalgo) para rememorar los espacios que han sido desalojados. Llevaron a cabo el carnaval Vive Vecino, para continuar en la lucha por vivienda digna y en oposición a desalojos ilegales, proyectos inmobiliarios y procesos de gentrificación que asolan a la urbe, principalmente al Centro Histórico.
¡Vivienda sí, desalojos no!
Este año se conmemoró uno de los episodios más importantes en la disputa por los derechos de la vivienda en México, que inició en Veracruz y se extendió a otras partes del país (como Ciudad de México): la Lucha Inquilinaria (1922).
Este movimiento ha sido fuente de inspiración para diversos movimientos urbanos y tuvo enormes repercusiones principalmente, en ciudades como Orizaba y Xalapa, San Luis Potosí, Guadalajara, Ciudad Juárez y Ciudad de México.
Cuando se organizó la Huelga Inquilinaria en Veracruz aglomeró a casi 80% de la población (rondaba las 55 mil personas). En Ciudad de México reunió a unas 50 mil familias para crear el Sindicato de Inquilinos.
Esto fue recordado a lo largo de una caminata, que realizaron desde muy temprano un grupo de manifestantes, quienes se dieron cita en la estación del Metro Sevilla, con el objetivo de recorrer algunos predios, en la demarcación de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Fueron 8 puntos, entre la Colonia Juárez y Centro, los que se visitaron. La manifestación estaba conformada por al menos 40 personas, la mayoría mujeres indígenas y mujeres de la tercera edad. El objetivo fue rememorar la lucha inquilina, pero también exigir a los gobiernos en turno un alto a los desalojos ilegales, así como reivindicar el derecho a la vivienda digna.
Entre consignas como “¡Vivienda sí, desalojos no!” y “¡Mexicano despierta, te van a subir la renta!” la manifestación llegó hasta la Glorieta de las personas desaparecidas, sobre Reforma. Posteriormente cruzaron Insurgentes y siguieron por Niza hasta el Reloj Chino de Bucareli, en donde se detuvieron a recordar a las familias desalojadas y gritar en contra del proyecto inmobiliario que ha crecido sobre la misma calle. Posteriormente caminaron hacia Ayuntamiento, para ingresar al centro y desplazarse hasta la Plaza de San Juan sin temor de la amenazante lluvia que asolaba esa tarde sabática.
Albina Téllez de Jesús, en conversación con Once Noticias, enfatizó que se deben detener los desalojos. Téllez pertenece a la comunidad mazahua y fue víctima de un intento de desalojo el pasado 15 de octubre de 2021. En la familia de Alina son seis integrantes, y en el edificio viven 44 familias conformadas principalmente por indígenas mazahuas, otomíes, tsotsiles y nahuas, en Turín 46, ubicado en la colonia Juárez.
Contó al medio que las familias no fueron notificadas previamente con documentos ni con avisos verbales sino que el actuario llevó más de 300 cargadores para robar sus pertenencias, aseguró.
“Intentaron abusar de una niña. Hubo heridos y golpes por intentar defender nuestros derechos. Ellos tenían un carro de mudanza entre Turín y Versalles y cargaban las cosas, allá. Defendimos nuestras cosas. Hacen desalojos pero no hacen una buena investigación”, dijo.
Y es que compartió que un hombre conocido como “Don Lencho”, dueño de dicho espacio, les dio la oportunidad de rentar un cuarto por 600 pesos, aunque nunca les dio contrato. Eso ocurrió hace 15 años. “Don Lencho nos veía sufrir vendiendo en la vía pública, vendiendo en un carrito y cargar nuestra mercancía. Me veía trabajadora y nos dio chance de vivir en los cuartos con una renta de 600 pesos. Nunca nos dio contrato, todo fue verbal. Don Lencho ya falleció y el edificio quedó intestado”, dijo.
Alina Téllez lamentó que detrás de ese intento de desalojo hay un interés por parte de inmobiliarias, dado que es una zona que en los últimos años se ha visto asediada por este sector.
“Es un lugar carísimo, nuestros hijos ahí crecieron y tenemos derecho de seguir viviendo y por eso luchamos por la ley inquilinaria”, expresó.
Agregó que con el Carnaval buscan levantar la voz, porque quieren resguardar su vivienda. Además reiteraron que “no es regalada, la tenemos que pagar. Queremos que nos den nuestro derecho a tener una vivienda y no nada más a las grandes inmobiliarias. El Gobierno de la Ciudad y a los tribunales que hagan una investigación, porque todo se lleva a juicio y a pesar de que el INVI expropia, de la noche a la mañana se pierde, porque llegan las grandes inmobiliarias y hacen negociaciones con los jueces y les dan más derechos a ellos que a nosotros”, denunció.
Otro caso fue el de Maribel, de la comunidad otomí originaria de Querétaro, que también le tocó el intento de desalojo de Turín 46. De la mano con su pequeña hija, recordó que aquel evento fue desastroso y violento. Sostuvo que hubo heridos, aunque ella y sus hijas lograron salir ilesas.
Compartió al medio que las familias que viven en ese edificio son principalmente mujeres. Ella vive ahí desde hace 8 años y en su cuarto sólo habitan mujeres, “somos 5 mujeres. Hasta ahorita las autoridades no han dicho nada”, señala mientras camina sobre la calle Ayuntamiento, para doblar en la esquina.
Carlos es otra de las personas que fueron desalojadas durante la pandemia, en el año 2020. También estaba Doña Rufina, cuyo caso indignó dado que había resistido por largo tiempo a los intentos de desalojo.
Carlos señala que de ahí deriva la importancia del Carnaval: “el propósito del Carnaval fue volver a encontrarnos y organizarnos. Estamos armando varios carnavales para visitar los predios que han sido desalojados y visibilizar los predios en riesgo. Nos dimos cuenta que las marchas están chidas, pero con el Carnaval queremos atraer más gente. Mucha banda joven, en redes sociales, se quejan de las rentas, pero no se organizan. Nosotros queremos que esto sea un espacio de organización”, compartió a Once Noticias.
Sergio González, integrante de la Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, compartió también que el movimiento surgió en 2014 porque el predio en donde estaba el edificio que habitó por 15 años, en calle Liverpool número 9, fue vendido a la inmobiliaria Re-Urbano de Rodrigo Rivero Borrell Wheatley y Alberto Kritzler Ring.
El entrevistado señaló que este grupo inmobiliario ha puesto su interés en la zona y ha hostigado a los habitantes: Versalles 84, Abraham González 29, edificio Gaona, Emilio Dondé 7, entre otros. Por esa situación decidieron hacer una plataforma de vecinos “en contra del blanqueamiento por despojo que la academia llama gentrificación, para resignificar nuestra propia experiencia”, dijo González al medio.
González sostiene que han tenido algunos logros relevantes en la modificación de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de Ciudad de México con respecto a la vivienda: lograron que se incorporara el Artículo 59 (por el derecho a la vivienda adecuada), sugirieron legislar el derecho al arraigo vecinal, para prevalecer en el territorio (aunque no se logró aprobar) y modificaciones al Artículo 60 en torno al desalojo y recuperación de la vivienda.
Sin embargo, González dijo que esperan iniciar el proceso de cabildeo con diputados del Congreso local, para reformar el Código Civil, y lograr una Ley inquilinaria, para hacer justicia a la memoria de la lucha inquilinaria en nuestro país.
La lucha sigue
De acuerdo al informe que hizo InDesig titulado “La situación inquilinaria en México en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19”, según datos de ENIGH (2018), 15.9% de los hogares a nivel nacional y a 26% en Ciudad de México son hogares en donde habitan familias que pagan un alquiler.
En lo que respecta a Ciudad de México, son tres las alcaldías donde cuatro de cada 10 hogares pagan alquiler: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Esos alquileres han aumentado, por lo que resultan impagables para sus habitantes, lo que impacta en el desplazamiento de familias.
Así también, tal como señala tanto González como Carlos, el acecho de las inmobiliarias o incluso la falta de regulación de proyectos, como Airbnb, impacta en el aumento de rentas “por un blanqueamiento por despojo”, ya que están enfocados en atraer a personas extranjeras a costa de los habitantes, quienes terminan desplazados al no responder a la lógica del mercado de la vivienda.
La Plaza de San Juan fue el punto último en donde se congregaron las manifestantes, para comer los platillos que hicieron las mujeres mazahuas. Entre el júbilo y el hambre, bajo una pequeña carpa, se dispusieron las ollas para comer pollo, mole, tostadas y aguas frescas.
Las mujeres se sentaron sobre algunas bancas y en las escaleras de la capilla, bajo las gárgolas de la entrada que observaban vigilantes a los transeúntes. Luego de un breve descanso, y de ponerse al día con las noticias vecinales, llegó el sonidero a cargo de las Musas Sonideras, de Marisol Mendoza, para poner a bailar a sus asistentes.
Fue así que con cumbia sonidera culminó la manifestación, no la lucha por el derecho a la ciudad, a la vivienda y a la dignidad.