La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) reportó que durante el mes de enero de 2022 hubo, al menos, tres desplazamientos forzados de diferentes comunidades provocados por la violencia.
De acuerdo con su más reciente reporte “Situación de Desplazamiento Interno Forzado en México”, las personas desplazadas pertenecen a comunidades en Oaxaca, Michoacán y Chihuahua.
El reporte de la Comisión advierte que durante el mes de enero hubo al menos tres eventos de violencia desplazaron a un estimado de 30 personas en el estado de Oaxaca y un número indeterminado de personas en los estados de Michoacán y Chihuahua.
La CMDPDH detalla que debido a un conflicto comunitario de carácter religioso, seis familias indígenas mixes fueron expulsadas de San Pedro Chimaltepec, en el municipio de San Juan Mazatlán, en Oaxaca.
Ligia de Aquino, oficial de Desplazamiento Interno de la CMDPDH, dijo en entrevista que es urgente que las autoridades actúen para proteger la vida e integridad de las personas en situación de desplazamiento.
“Es importante atender, proteger a las personas ya en situación de desplazamiento y en riesgo de desplazarse, así como avanzar con la respuesta especializada y construir esa parte necesaria para atender de manera integral”, afirma.
El reporte detalla que antes de ser obligados a desplazarse junto con sus familias, al menos seis hombres de religión evangélica fueron detenidos arbitrariamente por autoridades locales y mantenidos incomunicados.
Además, la CMDPDH dijo que en noviembre de 2021 se dio una situación similar cuando un hombre fue detenido y por motivos religiosos expulsado de la comunidad con su hija y su esposa, quien estaba embarazada.
Se reportó que en total son 30 personas, entre las cuales hay niñas, niños y personas adultas mayores, de San Pedro Chimaltepec, quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno.
El reporte señala que a mediados de enero se llevaron a cabo ataques con armas de alto calibre y artefactos explosivos lanzados desde drones a varias comunidades del municipio de Tepalcatepec, en Michoacán, los cuales fueron atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tras los ataques, dice la CMDPDH, se reportó el desplazamiento de habitantes de comunidades como El Bejuco y La Romera, donde al menos una persona resultó herida y varias viviendas fueron dañadas.
“A pesar de declaraciones recientes de la presidenta municipal y del Ejército sobre la existencia de miles de personas desplazadas en el municipio, no se difundió información específica sobre el número de desplazamientos generados por los hechos de violencia de enero”, señala el reporte.
Asimismo, habitantes de la comunidad San José del Rincón, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, denunciaron que personas armadas los amenazaron y obligaron a abandonar sus hogares.
El reporte de la Comisión señala que debido a que les dieron muy poco tiempo para dejar la comunidad y a sus escasos recursos, familias desplazadas tuvieron que refugiarse en la sierra a la intemperie.
“Cuando elementos del Ejército se trasladaban a la comunidad en respuesta a la denuncia de las familias desplazadas, fueron atacados por personas armadas, lo cual detonó un enfrentamiento que resultó en la muerte de una persona“, advierte el informe.
La Comisión urgió a actuar para proteger la vida, la integridad y los derechos de las personas que están desplazadas internamente y aquellas personas en comunidades que estén en riesgo de desplazamiento.
“Es necesario que esas personas puedan garantizar y puedan ejercer sus derechos porque son personas ciudadanas y son residentes de México y es una responsabilidad del Estado el garantizar la seguridad y que puedan ejercer sus derechos. Si el Estado no lo hace está fallando por omisión”, expresa Ligia de Aquino.