En los últimos meses, diversas voces se han pronunciado sobre la posible aprobación de la Reforma Eléctrica. Una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa son posibles repercusiones ante lo suscrito en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
La semana pasada, Kevin Brady, líder republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, enfatizó que el proyecto energético atrasaría la transformación de este sector en nuestro país. Resaltó que, al bloquear a inversionistas estadounidenses, se estaría contraviniendo el T-MEC.
Para abordar el tema, Once Noticias conversó con Luis Serra Barragán, director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del TEC de Monterrey en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de Ciudad de México, quien, basado en la naturaleza de cinco capítulos (14, 21, 22, 24 y 28) del tratado comercial, explicó por qué podría considerarse “violatoria y discriminatoria”.
El capítulo 14, explicó el especialista, habla de
Protección a la Inversión. Se debe fomentar una garantía de trato no discriminatorio y compensación pronta, efectiva y adecuada en caso de que los derechos se vean sustancialmente afectados por las decisiones del Estado.
“En tanto, la reforma propone una posición preponderante a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector eléctrico y cuyas relaciones con las empresas participantes del mercado eléctrico mayorista desaparecerían, pero cuya producción de energía ahora va a estar sujeta a las disposiciones que emita la CFE, (eso) se puede considerar como un trato discriminatorio”, consideró.
Además de que, según su opinión, la disposición sería una “violación” a la inversión de empresas.
En el capítulo 21, que habla de
Política de Competencia, el también docente e investigador en la Universidad de Warwick, detalla que lo establecido en la iniciativa del Ejecutivo Federal es una prohibición de las prácticas para promover competencia, eficiencia económica y el bienestar del consumidor.
“La reforma propuesta atenta contra la competencia porque establece, por alguna razón que no está fundamentada que, desde la perspectiva técnica, la CFE se quedaría al menos con 54% de la generación eléctrica y las privadas hasta con 46% (…) Esto puede ser concedido como un esquema de práctica anticompetitiva y porque -además- la propuesta define que el Centro Nacional del Control de Energía (Cenace) volvería al control de la CFE”.
En este punto, el académico hace un paréntesis para subrayar que la idea de la reforma de 2013 habría sido separar a ese Centro de la CFE, para considerarlo un órgano independiente del sistema.
“Porque en una industria de red como es la industria eléctrica, el acceso a la infraestructura de transmisión, debe garantizarse que se de en condiciones no indebidamente discriminatorias, es decir que, si usted quiere usar la red para transportar su electricidad, se le puede negar el acceso sólo en caso de que esa red esté congestionada pero no por otras razones. En este caso, al ser la CFE otra vez dueña de la red y competidora de otras empresas en la generación eléctrica, negaría el uso de la red a otras empresas”, indicó Luis Serra.
En el caso del capítulo 22, enfocado a la
Regulación de Empresas Propiedad del Estado, el experto sostiene que de ahí se desprende que no sea afectado el comercio y la inversión proveniente de empresas en la región, es decir, en Norteamérica.
“Pero en este sentido, de alguna manera, se considera que la propuesta básicamente está haciendo una discriminación de las empresas privadas que participan en la generación eléctrica por beneficiar a la CFE”.
Respecto a la
Protección al Medio Ambiente, que aborda el capítulo 24, este señala que no se dejarán de aplicar las leyes ambientales a través de cursos de acción o inacción de una manera que afecte el comercio entre las partes.
Para Serra, la propuesta, como está presentada, implica que se hecha para abajo un instrumento en el despacho eléctrico como lo es ‘que la primera energía que es inyectada a la red, es aquella que es generada de la forma más barata y limpia’.
“Bajo las condiciones que propone la Comisión y, aunque no lo explicita el documento de la reforma, pero sí lo ha manifestado la CFE y la Secretaría de Energía (Sener), a ellos lo que les gustaría proponer es que primero se despachara la energía de ciclo combinados de la CFE, posteriormente se administrara la energía de hidroeléctricas de CFE, luego las renovables de privados, después otras térmicas de CFE y hasta el último los ciclos combinados de los privados”.
Ese ordenamiento, agrega, va en contra de implicaciones establecidas en la Ley de Transición Energética; también de la Ley de la Industria actual que, de alguna manera, fomenta el cumplimiento de la participación de al menos 35% de renovables en la matriz de generación.
El especialista puntualiza que también se iría en contra de lo estipulado en la Ley General de Cambio Climático, que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y de los acuerdos en los que México participó en la COP de París. Por ello, según su óptica, habría violación a leyes de medio ambiente.
Y, por último, está el capítulo 28, dirigido a
Buenas Prácticas Regulatorias que indica que existen regulaciones específicas con respecto a la planificación, el diseño, la emisión, la implementación y la revisión de la regulación.
“Y esto (la propuesta)
no es una buena práctica regulatoria. De hecho, lo que se está proponiendo es
desaparecer a los órganos reguladores coordinados en materia energética que son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuyas funciones serían absorbidas por la Sener, que es representante del Poder Ejecutivo. Al absorberlas, sería un actor que se volvería juez y parte”.
Parlamento Abierto
Finalmente, Serra comparte su experiencia en el Parlamento Abierto Sobre la Reforma Energética, que aún se lleva a cabo en San Lázaro, y donde fue parte de la mesa de Seguridad Energética, Seguridad Nacional y Planeación del Sistema Eléctrico Nacional.
“Tuve la oportunidad de participar en los diálogos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y se confirmó la sospecha que yo tenía previo a asistir; es decir, que es un ejercicio que ya tiene un scrip claro, una narrativa ya esperada. A la derecha están sentados los que están en contra (de la reforma); a la izquierda, a favor”.
El especialista criticó que en los foros no se presentan argumentos de la perspectiva de factibilidad de sistemas eléctricos ni tampoco de un entendimiento de hacia dónde va a evolucionar el sector.
