La iniciativa de Reforma Constitucional en materia Energética, que envió el Ejecutivo Federal, tiene la finalidad de reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Su objetivo, como él lo planteó, es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y estipular la nacionalización de la explotación del litio.
Fue presentada a principios del mes y ha suscitado diversas reflexiones y debates. Sin embargo, en la historia del país ¿cuántas reformas energéticas se han realizado?, ¿cuándo fue la última?
En
1960, México comenzó la nacionalización de la industria eléctrica. En ese año, Adolfo López Mateos propuso al Congreso una modificación al Artículo 27 constitucional. En ella se afirmó que
“correspondía a la nación generar, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica para la prestación de servicio público”.
Esta iniciativa permitió que se impulsaran
megaproyectos hidroeléctricos como el de la planta Infiernillo, en el Río Balsas, que comenzó sus operaciones en 1965. Estos proyectos fueron de relevancia ya que hubo un crecimiento importante de las centrales termoeléctricas.
“Hasta llegar a tenerlas incluso como generación base debido a que la década de los sesenta en el mundo fue un periodo de petróleo abundante y barato, cobrando auge los hidrocarburos como energéticos para la generación de energía eléctrica”, según detalla Jesús Ramos Gutiérrez y Manuel Montenegro, en su texto sobre consumo y generación de energía en el país (Tecnologías y Ciencias de agua, 2012).
El camino del sector energético
Antes de esa década, ocurrieron algunos eventos de gran relevancia. Desde finales del XIX hasta principios del Siglo XX,
las empresas eléctricas eran diversas y se otorgaban a privadas de capital extranjero, además el servicio que se satisfacía principalmente era el de la industria.
En 1917, en la Constitución se promulgó, en el Artículo 27, que la
nación tenía dominio sobre sus minerales, pero también se estableció la figura de la
concesión. Esto último era de gran importancia.
Hacia los treinta las empresas privadas eléctricas tenían una fuerte presencia en el país, destacaban Impulsora de Empresas Eléctricas, filial de Bond and Share Norteamericana, y Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, filial de la empresa canadiense American and Foreing Power Company, según detallan Jesús Ramos Gutiérrez y Manuel Montenegro (Tecnologías y ciencias de agua, 2012).
No obstante, el 14 de agosto de
1937 se creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de favorecer al desarrollo y planeación de la industria nacional.
En
1939, se publicó la primera Ley de la Industria Eléctrica, en la que se estableció que el servicio público de electricidad podía ser prestado por el Estado o por particulares mediante concesiones, tal como señalan Jesús Ramos Gutiérrez y Manuel Montenegro.
Tres años después, en 1940, se estableció la ley reglamentaria del Artículo 27 que generó instrumentos para que el Estado hiciera contratos con particulares (exploración y explotación) sin poner en riesgo los
derechos que tenía del Estado sobre los hidrocarburos; se establecieron las concesiones para la construcción de refinerías, oleoductos y distribución de gas.
Hacia
1958, que se hicieron cambios a la ley Reglamentaria del artículo 27: se eliminó la posibilidad de hacer contratos con particulares – para explotar los recursos- y en el caso de la industria petrolera, todas las actividades fueron supeditadas a Petróleos Mexicanos.
Es así que se llegó a la
reforma en 1960, con la nacionalización eléctrica, en la que se estableció la restricción para impedir contratos y el otorgamiento de concesiones a particulares para la extracción de hidrocarburos y de recursos naturales, y
se permitía la participación de sector social y privado en la exploración y extracción de hidrocarburos a cambio de pagos en función de los recursos obtenidos.
En la década de los
ochenta, se reformaron los artículos 26, 27 y 28 constitucionales para establecer que las funciones que ejercía el Estado en el tema del petróleo e hidrocarburos no eran monopolios.
2012 y el Pacto por México
El 25 de abril de 2012 que Enrique Peña Nieto, en su candidatura a la presidencia se comprometió a realizar una reforma energética bajo el argumento de disminuir las tarifas de electricidad, del gas a favor de la población y las industrias, además de no promover la privatización de la CFE y PEMEX.
Fue promulgada en diciembre de 2013, a través de un
acuerdo político, social y económico denominado Pacto por México. La premisa de este pacto fue bajar los costos de los servicios de gas y luz y aumentar las inversiones extranjeras, lo que impactaría en la generación de empleos, e incremento en la producción petrolera.
No obstante, en materia energética se impulsó que particulares en conjunto con la CFE manejaran el conjunto eléctrico bajo la conducción del Estado.
La propiedad de las centrales, redes de transmisión y distribución se mantenían públicas, además se agregó la producción de energías renovables a gran escala.
