Hace siete años, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, en la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se otorgaron 10 títulos de propiedad de forma irregular, lo que generó una disputa por la tierra entre ostricultores y Terra Peninsular AC.
La disputa fue por más de mil 600 hectáreas (ha) y ambas partes defendían la conservación ambiental de una zona reconocida por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp); sin embargo, Terra Peninsular AC externa preocupación dado que acusa que detrás del interés de estas personas que obtuvieron el título por Sedatu, se encuentran proyectos inmobiliarios.
Siete de esos títulos afectaban la zona destinada a la conservación, indica César Guerrero Ávila, director ejecutivo de Terra Peninsular AC, a Once Noticias.
¿Y la conservación ambiental?
César Guerrero recordó que las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) son figuras que certifica la Conanp y que en este caso, la Reserva Natural Punta Mazo tiene el certificado CONANP-379/2014 y la Reserva Natural Monte Ceniza cuenta con el certificado CONANP-407/2017.
Estas Reservas abarcan el valle conformado por al menos 12 volcanes, que son parte del patrimonio geológico e histórico de la zona de San Quintín. Este lugar, según lo expuesto por Terra, se han registrado 236 especies de plantas, más de 100 especies de aves residentes y migratorias, 64 de peces, 18 especies de mamíferos y 13 especies de reptiles.
“Es un sitio clave para la supervivencia de miles de aves. En el invierno llegan 25 mil aves playeras migratorias, que se detienen en la bahía para descansar y alimentarse durante la migración”, señala Terra.
Estas reservas conviven con otras áreas protegidas, como la Reserva Natural San Quintín y más de dos mil hectáreas de concesiones de ZOFEMAT para conservación. En la bahía también está el Humedal de Importancia Internacional por la Convención Ramsar y forma parte de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras.
Guerrero recuerda que se dieron cuenta al acudir a la oficina de Catastro de Ensenada, para pagar el predio, que se modificaron las claves catastrales de los predios y aparecieron nuevos títulos en el Registro Público de la Propiedad, que culminó con la expedición de los títulos de propiedad (1021353, 1021350, 1021352, 1021354, 1021349, 1021345 y 1021351).
De ahí que decidieron interponer amparos en contra de la expedición de los siguientes títulos de propiedad: El Mirador, El Cerrito, Las Lajas, El Faro, Monte Blanco y Las Dunas. El argumento fue que la superficie de las tierras tituladas están dentro de la propiedad de Terra que le compró a la familia Orendain y Manzanera del Campo.
“Este amparo nos tomó varios años y en 2018, el Tribunal en Ensenada dictó sentencia a favor de este amparo. Los títulos fueron emitidas con irregularidad y se dictó que se deben restablecer en su forma original”, dice.
Posteriormente las nueve personas interpusieron un recurso de revisión. El caso llegó al Tribunal Colegiado de Mexicali y a principios de este año dictó sentencia, por unanimidad, a favor de Terra. Las personas que titularon con Sedatu volvieron a poner un recurso de revisión.
Sin embargo, César Guerrero externa preocupación porque una parte, considera, quedó ambigua: “este Tribunal sentencia que el amparo es válido y los títulos no tienen razón de ser, pero dijo que no es la autoridad competente para decir si la tierra es terreno nacional o es de Terra, esto implica que le deja abierta la puerta para que vuelvan a reintentar reiniciar el proceso”.
El temor: avance de proyectos inmobiliarios
Agrega que titular, subdividir y revender es el modus operandi del desarrollo inmobiliario, por lo que temen que se eche a andar en esta zona de conservación.
“Nos preocupa reiniciar el proceso y que [la tierra] sea repartida para apoderarse de estos espacios y hacer desarrollos y pasar por encima de los recursos naturales. […] pretenden titular terrenos nacionales con actos arbitraros de la manipulación de la legislación. […] El modus operandi es que las subdividen y las venden para que en el registro público sea difícil rastrearlas”, precisa al medio.
Y es que el temor se da en un marco en el que una de las amenazas a las reservas es la expansión de la propiedad privada de la tierra, aunque tal como acusa la contraparte, estas tierras fueron vendidas por Rafael Orendain –la concesión fue dada por el Gobierno Federal en 1947, a la familia Orendain en compensación por sus tierras concesionadas en Jalisco, con la estipulación de un período de 10 años– a privados estadounidenses con la finalidad de emprender desarrollos inmobiliarios.
En medio de un conflicto por la tierra, entre pescadores-ostricultores (llamados también nacionaleros) y los herederos Orendain, que deviene desde los cincuenta, acusan que Terra compró esas tierras.
Guerrero, no obstante, subraya que están próximos a conversar con Sedatu y que también trabajan con Conanp para continuar con la conservación de esta zona, y que esta ambigüedad con la tenencia de la tierra esperan sea resuelta a favor de un espacio y sus ecosistemas, que resguardan un valor incalculable para el medio ambiente y para San Quintín.