Han pasado casi 10 años desde aquel octubre de 2012, en San Luis Potosí, cuando Karla Pontigo Lucciotto fue víctima de feminicidio. Tenía 22 años. Esperanza Luccioto, su madre, y su familia, hasta ahora no han obtenido justicia, debido a irregularidades en el caso de su hija.
El caso de Karla es el reflejo de
dos situaciones que prevalecen en el sistema de justicia de este país: impunidad y corrupción, así lo detalló Yessenia Valdez, coordinadora del área de litigio estratégico de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho AC –organización que acompaña el caso– a Once Noticias.
Apenas, el pasado 24 de febrero, se dio a conocer que el caso lo atrajo la Fiscalía General de la República (FGR), cinco meses después de que el Juzgado Primero de Distrito en San Luis Potosí se pronunció por la existencia de conflicto de interés, por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).
El 3 de marzo se llevó a cabo la emisión de la orden para hacer la entrega formal del expediente, por parte de la FGESLP a la FGR, este 17 de marzo, a través del Juzgado Primero del Distrito.
“Es relevante porque si fuese una atracción ‘típica del fuero local’ se entregaría entre Fiscalías, pero ahora el Juzgado es un intermediario”.
La razón, expuso la abogada, es que había temor de que se extraviara el expediente, tal como ha pasado en otros casos, por lo que fue una medida preventiva. Una vez que FGR reciba el expediente, deberá darle seguimiento a las diligencias correspondientes.
La abogada dijo a Once Noticias que la
FGR no empieza de cero sino que retoma la investigación y le dará curso a ésta según los lineamientos que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en noviembre de 2019, en la sentencia 1284/2015, en la que confirmó que el feminicidio de Karla Pontigo “estuvo rodeado de circunstancias de violencia, basada en género”.
“La FGR deberá realizar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género”, tal como dicta la sentencia.
Pero el caso de Karla llamó la atención porque es una cadena de omisiones que han llevado a que la víctima y su familia continúen sin justicia, dado que hay
servidores públicos involucrados, además de que el presunto feminicida pertenece a una familia influyente en la entidad federativa y
no obtuvo el auto de formal prisión debido a que fue calificado sin perspectiva de género y como homicidio culposo –derivado de un accidente–.
De ahí que sea un paso fundamental para el caso la atracción de la FGR, porque obliga a sentar otros caminos que lleven a la reparación integral del daño, tal como expuso Yessenia Valdez al medio.
El feminicidio de Karla
Karla trabajaba como animadora de la discoteca Play Club. Tenía 22 años. En su lugar de trabajo
fue víctima de acoso y hostigamiento por parte de su jefe, un empresario en San Luis Potosí.
El 28 de octubre de 2012, Karla fue víctima de feminicidio. Su hermano, quien fue a recogerla a su trabajo, para llevarla a casa, la encontró recostada sobre un charco de sangre. Le dijeron que Karla se había cortado de forma accidental.
Al llegar al hospital la familia comenzó un periplo para buscar explicaciones del supuesto accidente. Su
arteria femoral estaba cortada y había perdido mucha sangre. La abogada recordó que Esperanza encontró a su hija con marcas de violencia física –lesiones en distintas partes de su cuerpo–, por lo que el argumento de un supuesto accidente fue desechado.
En el Hospital Central, que se ubica a unos cuantos kilómetros de la discoteca, los médicos le informaron que la pierna de Karla sería amputada. Luego, no hubo más que hacer y la joven murió.
Pero la cadena de omisiones y preguntas sin respuestas se hizo más grande: Esperanza y su familia fueron condicionados a donar los órganos de Karla, a cambio de solicitar la intervención del Ministerio Público (MP), para realizar la denuncia.
Posteriormente, el MP no informó a Esperanza de nada. Las autoridades obstaculizaron la investigación, por ejemplo, el MP consignó el caso a una averiguación previa, llegó tarde a la escena del crimen -cuando ya habían limpiado el lugar– y determinaron que Karla murió por accidente: se cortó su pierna al chocar con una puerta de cristal.
La abogada recordó que el juzgado recibió el expediente y giró orden de aprehensión al jefe de Karla, pero la
investigación no tuvo perspectiva de género, “le dictaron auto de formal prisión por homicidio culposo, porque era el patrón y debió poner un letrero de advertencia por la puerta de cristal. Todo fuera de los hechos evidentes”.
Pero Esperanza no se quedó con los brazos cruzados y siguió buscando justicia pese a que los abogados le señalaron que había intereses de por medio.
En 2016, se interpusieron recursos de revisión, amparos y devenires en juzgados, además de la solicitud para que la SCJN atrajera el caso de Karla. Fue hasta
2019 que la máxima Corte atrajo el caso y emitió la sentencia.
Uno de los logros que obtuvieron de esa sentencia fue la creación de la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género en el Estado (UEMI), en el año 2020.
Yessenia Valdez enfatizó al medio que el efecto de esta unidad se debe de extender a la sociedad en general, porque nació para investigar el caso de Karla, pero debe de fortalecerse para investigar todos los casos de feminicidio en el Estado, bajo los mismos parámetros ya establecidos por la Corte.
El conflicto de interés que empujó la atracción del caso por FGR
En septiembre de 2021, tal como relató la abogada, se dio a conocer conflicto de intereses en el caso de Karla.
Y es que el actual titular de la FGESLP, José Luis Ruiz Contreras, es hermano del juez Julián Ruiz Contreras, quien calificó el feminicidio de Karla como homicidio culposo. Además de que era el secretario particular del procurador general de Justicia del Estado, Miguel Ángel Covarrubias, cuando ocurrió el feminicidio.
El fiscal ha negado tal
conflicto de interés; sin embargo, la fiscal Candy Martell, titular de la UEMI, se pronunció y afirmó que sí lo había, por lo que José Luis Ruiz Contreras estaba siendo investigado por esos hechos, aunque aún no hay una determinación.
Un hecho que sobresaltó a Yessenia fue cuando el fiscal llegó al cargo y solicitó que le llevaran el expediente de Karla, un hecho que no es un indicio positivo, calificó la abogada.
Fue así que solicitaron la atracción a la FGR y
el Juzgado determinó y reconoció dicho conflicto de interés.
Actualmente el presunto feminicida no está en prisión, dado que alcanzó fianza al calificarse como homicidio culposo. Luego con la resolución de la Corte se anuló el acto procesal, por lo que se dejó en total libertad al presunto responsable.
“Lo que se busca es que se conozca la verdad, quiénes estuvieron involucrados y quiénes son los responsables de la muerte de Karla, así como a las autoridades que encubrieron el feminicidio”, concluyó enfática la abogada de Fundación para la Justicia.
Amnistía Internacional denunció junto a la organización acompañante que aún hay una deuda pendiente con Esperanza, madre de Karla Pontigo, y con su familia porque en 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 55/2015, por las graves violaciones a sus derechos humanos y ordenó su reparación integral del daño, pero hasta la actualidad no ha tenido avances sustanciales.
Denunciaron que Ricardo Gallardo, actual Gobernador de San Luis Potosí, no ha mostrado interés alguno para que las víctimas de feminicidio –y en particular en el caso de Karla Pontigo– obtengan justicia, verdad y reparación.
