Quiero que se haga justicia de la tortura que me hicieron a mí y que le hicieron a mi esposo. Nos agarraron el día 29 de octubre, estando en la casa de mi hija, cuando llegaron los judiciales y detuvieron a mi esposo y me detuvieron a mí, y nos llevaron a la [Fiscalía] de Alto Impacto. Desde entonces mi esposo tiene dos años que está preso”, lamentó Julia.Denunció que su pareja fue acusado de un supuesto robo y estuvo a punto de morir por la tortura a la que fue sometido. “Tiene una herida de 20 centímetros en la panza de tantos golpes que le dieron, […] el comandante dijo que lo sacaran porque estaba a punto de morirse, llegó la ambulancia y lo sacaron, pero antes firmó un papel para que él se echara la culpa”. En ese momento ella fue liberada, pero no su esposo, “por eso me metí en esta organización porque quiero que se nos haga justicia, no es justo lo que nos han hecho”, denunció Julia. Las hermanas Ocaña Caballero denuncian los casos de los hijos de Norma, quienes fueron detenidos por el presunto delito de secuestro. Se encuentran privados de su libertad en el Centro de Readaptación Social No. 5, desde 2019: “fueron acusados del secuestro de mi cuñado –hermano de mi esposo–. Mi hijo más pequeño fue detenido en mi casa, lo golpearon frente a mí, lo torturaron. A mi otro hijo lo agarran en el Cereso y fue torturado”. Norma denunció que desde 2020 han recibido documentos que sostienen la libertad de sus hijos, pero no se ha llevado acabo. Este 2021 fueron liberados, pero antes de salir del penal volvieron a ser detenidos por el mismo delito.
No hemos tenido, hasta este momento, alguna respuesta porque nos dicen que no se pueden juzgar por el mismo delito dos veces. […] Por eso nos unimos a esta familia y organización para tener apoyo, para ser escuchados, se haga justicia, porque es una injusticia lo que están haciendo, no solo con mis hijos sino también con otras personas”.La mayoría de las 40 personas que conforman a las Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos, son mujeres, abuelas, madres, hijas o tías que buscan justicia para sus familias.
¿Cuáles son los objetivos de esta organización?
La finalidad es que sean escuchados y escuchadas ante las autoridades de forma colectiva, porque de forma individual suelen ser ignorados e ignoradas y sus derechos suelen ser vulnerados.Hemos visto que a veces cuando está uno de manera individual no nos toman en cuenta. Así que de manera colectiva y organizada nos tienen que atender a todos y todas. Muchas de las veces las autoridades nos ignoran o pisotean nuestros derechos”, así lo comparte Adrián.Buscan justicia desde abajo y no desde arriba, para que se visibilicen las detenciones arbitrarias “queremos que salga a la luz y reflexionar que en lo que hemos luchado es que se nombre la libertad y la reparación de daños que ha causado el Estado Mexicano”. Exigen al Estado justicia con veracidad, libertad absolutoria con dignidad, que se agilicen los casos de las y los presos en diferentes aspectos y eficiencia en los diferentes trámites. Así también piden que se investigue y se castigue a los responsables de la tortura. Las marcas físicas de esos maltratos son visibles ante los ojos de la sociedad, sin embargo, también están esas marcas que quedan en las familias que son víctimas indirectas de estas violaciones a los derechos humanos. La conformación del colectivo, apenas el pasado 8 de octubre, es una esperanza que busca reunir a otras familias no sólo en Chiapas, sino en el país, porque la tortura y el abuso forma parte un panorama generalizado de injusticias.
El panorama
En México, Amnistía Internacional ha documentado que la tortura permite afianzar la cultura de la impunidad, ya que no se castiga a los ejecutores de estas prácticas, por lo que es una de las cuestiones que interfieren para acabar con ella. Sigue siendo un método de investigación que usan las autoridades del Estado para obtener confesiones e información a costa de violar los derechos humanos de las personas. Según datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales, de INEGI, al 2016, la cifra de personas privadas de la libertad a nivel nacional fue de 211 mil 169, en el país. Hasta febrero de 2021, la población fue de 217 969 personas, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los métodos empleados por parte de estos cuerpos de seguridad en las detenciones sobresalen el esposamiento, el uso de la fuerza física, la amenaza con algún arma (letal o no letal) y su utilización para someter a las personas arrestadas. Los principales tipos de violencia que fueron permitidos durante los arrestos, según datos del Censo, fueron: incomunicación o aislamiento (58.3%), amenazas con levantar cargos falsos (52.5%), las personas fueron desvestidas (46.2%), fueron atadas (40.2%), presionadas para denunciar a alguien (36.6%), impedidas para respirar (35.6%), amenazadas con hacerle daños a sus familias (28.2%) y le hicieron daño a su familia (7.5%). A nivel local, en Chiapas, en lo que va de 2021 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFrayBa) ha recibido 30 casos de tortura, por denuncia de familiares o por petición de Jueces del estado de Chiapas para aplicar el Protocolo de Estambul. Al respecto, en entrevista con Once Noticias, Jorge Gómez, abogado del CDHFrayBa, recordó que la tortura en México ya ha sido revisada por relatores de la ONU, en 2014, concluyendo que es generalizada y ocurre en la detención y antes de la presentación ante el Ministerio Público. Dijo que ocurren diversas situaciones que la agravan principalmente cuando ocurren hacia poblaciones indígenas.Las poblaciones indígenas se enfrentan a procesos penales de discriminación transversal, ya que el sistema de justicia no cuenta con intérpretes, abogados o defensores que atiendan las particularidades. Los hace enfrentarse a sistemas discriminatorios”, tal aseveración deviene de las conclusiones que hizo la relatora especial de pueblos indígenas de la ONU (2017), cuando visitó México.El abogado y defensor señaló que de 2016 a 2019, en Chiapas, no existe ninguna sentencia por tortura. Reconoció al colectivo Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos que enfrentan valientemente la lucha por sus familiares y que han decidido alzar la voz. “El objetivo es llegar a las familias para que se sumen a la lucha, para acceder a los altos niveles de gobierno y ser escuchadas”, concluyó el defensor de derechos humanos.