Este 21 de marzo se cumplieron cinco años de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación No. 10/2017 sobre la violación a los derechos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información por la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, en la Cuenca del Alto Atoyac, que abarca parcialmente las entidades de Tlaxcala, Puebla y Estado de México.
Hasta ahora no hay un plan integral de saneamiento ni de colaboración interinstitucional, además de que existen omisiones, por lo que defensores acusan que siguen sin cumplirse las recomendaciones y las poblaciones afectadas continúan sin acceso a la justicia ambiental, tal como denunció Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., en entrevista con Once Noticias.
Esta recomendación, tal como comparte la directora de esta organización, deviene de una queja que presentó la Coordinadora por un Atoyac con Vida y el Centro de Derechos Humanos, en 2011, por los efectos negativos –asociados a enfermedades y muertes en la población– de la contaminación del río Atoyac generado por los corredores industriales en la Cuenca.
Son más de 100 recomendaciones que emitió CNDH, entre ellas, la integración de un grupo interinstitucional entre las tres órdenes de Gobierno, para lanzar un programa integral de saneamiento de la Cuenca con participación de la sociedad civil y la población.
Recomendaciones incumplidas
Hasta ahora, señala Alejandra Méndez, ninguna recomendación se ha cumplido.
“En el año 2020 se firmó un Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional y de Cooperación Técnica, para responder a esa Recomendación. Se anunció una mesa de trabajo en diciembre de 2020 y en 2021 se anunciaron avances. Nosotras como sociedad civil pedimos inclusión a ese grupo y nunca se nos contestó. Presentamos una propuesta de saneamiento desde las comunidades y se enriqueció con participación de la comunidad científica”, recordó la directora.
Y es que se estableció un Grupo de Coordinación Interinstitucional, primordialmente federal, que fue resultado no de la Recomendación emitida por CNDH, sino del proceso de denuncia en el Toxitour México 2019.
Lo que hicieron fue firmar un convenio y cada institución, en el marco de su competencia, llenó un recuadro de una tabla de excel sobre lo que podía hacer para el saneamiento.
“No hay una coordinación, no se sientan para discutir las acciones y más bien se sienten a armar sólo su pedacito”, expresó la directora.
En 2021, recordó que el Consejo de Cuencas lanzó un plan para construir plantas de tratamiento y rehabilitar las que lo requerían. La directora dijo que el problema va más allá de instalar estas plantas.
“No son malas, el problema es la situación que vivimos: hay industrias como Bayer que se conecta al drenaje municipal y arroja plomo y las plantas de tratamiento no captan plomo. A la hora del tratamiento entonces no son funcionales”.
Además recordó que el costo de mantenimiento de esas plantas se cargarían a las comunidades, por lo que por cada persona deberían pagar al menos 4 mil pesos. Esas plantas cuestan millones y ninguna, hasta ahora, funciona al 100%, asimismo su mantenimiento va desde los 18 hasta los 30 millones.
“Antes de pensar en plantas se debe pensar en el diagnóstico y en la prohibición de las industrias para conectarse a los drenajes municipales y que se responsabilicen de estos desechos tóxicos”.
La Conagua informó también que su tecnología para medir la calidad del agua en la Cuenca es obsoleta, porque hay más de 170 sustancias tóxicas y esta entidad sólo mide 16 de ellas, según la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996.
Una sustancia que no mide la Norma es el Benceno, una sustancia química que se asocia a cáncer; tampoco los compuestos orgánicos volátiles, que se asocian a problemas renales con potenciales cancerígenos.
“¿Cómo se llenaran los vacíos sobre el saneamiento y cómo manejaran sustancias que no están dentro de la Norma? No valoran estas cuestiones que ya se documentaron, deben aplicar el principio por persona y la normatividad que conviene a la población. Ese es el descontento”, cuestionó la directora.
En octubre del año pasado se organizó el Foro de consulta sobre el cumplimiento de la Recomendación de CNDH, fue convocado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En ese evento la CNDH resaltó la labor de las instituciones recomendadas como ejemplares en la materia; no se contempló el trabajo de las comunidades, las organizaciones civiles y la participación de académicos y científicos.
Persisten omisiones
Pese a las voluntades para solucionar la problemática, persisten las omisiones, tal como reflexionó la directora a Once Noticias.
Y es que reconoce que hay algunas voluntades federales, pero aún es limitada la participación a nivel estatal y municipal. Además todo se ha quedado en oficios validados por la CNDH sin seguimiento puntual de las acciones y no hay un verdadero diálogo con las comunidades, por lo que la problemática continúa.
Al respecto señaló que desde el 15 de octubre de 2021, enviaron una solicitud para reunirse con la presidenta de CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y hasta la fecha no han tenido respuesta.
Por toda esta situación urgen a que este organismo garantice el seguimiento puntual y profundo del cumplimiento de las recomendaciones, porque según lo establece el Artículo 139 de su Reglamento interno: “una vez expedida la recomendación, la competencia de la Comisión Nacional consiste en dar seguimiento y verificar que ella se cumpla en forma cabal”, concluye la directora con base en su comunicado.
Según datos del “Diagnóstico del agua en México”, presentado en febrero por la Comisión de Recursos Hidráulicos, de la Cámara de Diputados, 73% de las cuencas, lagos, ríos y lagunas están contaminadas.
En el caso de la Cuenca hidrológica del Alto Atoyac es una corriente de 200 km que abarca, total o parcialmente, 52 municipios del estado de Tlaxcala, 26 del estado de Puebla y cuatro de Estado de México.