Enrique Guerrero, defensor de derechos humanos, fue arrestado en mayo de 2013 y durante 30 horas lo mantuvieron desaparecido antes de presentarlo en las antiguas oficinas de la SEIDO y fue liberado de todos los cargos hasta diciembre de 2018.
Enrique Guerrero explicó la importancia de la visibilización de los delitos de la tortura e impunidad que se cometen por parte del sistema judicial mexicano.
El sistema penal es un eje fundamental de un Estado burgués porque mantiene de manera punitiva y violenta el estatus quo de la sociedad. La tortura ha sido uno de esos ejes jurídicamente aceptados. No podemos entender al sistema judicial mexicano sin la tortura y lo vemos desde las directrices políticas y económicas, ya que el mensaje es aceptar que si el Estado te acusa, seas inocente o no, tendrás que pagar punitivamente por esos cargos. Económica y prácticamente es más fácil torturar a alguien que investigar cualquier delito”, detalló Enrique Guerrero, en conferencia de prensa.
El elemento que va ligado con el proceso de tortura es el presidio, aunque se entiende que es una forma caduca y bien afianzada en está arraigada sociedad moderna para pagar los crímenes con tiempo de vida.
“Debería de existir la consigna de deshacer la prisión, porque se ha demostrado que no sirve para nada sólo para reprimir movimientos sociales y como ejercicio de control social. Pero no resuelve las problemáticas, ya que las cárceles no tienen, ni siquiera arquitectónicamente, la estructura para educación y trabajo. No tienen sentido de readaptación o reinserción sino de exclusión social”, afirmó Enrique.
La democracia liberal tiene como objetivo un Estado de excepción que se convierte en regla y que no solo monopoliza la violencia, sino que también la decisión de cuándo se aplica la norma y cuándo no.
Entendemos que el Estado Mexicano funciona con la excepción convertida en regla y aunque hay herramientas legales que aplican estas medidas, políticamente es muy costoso utilizar una ley marcial o la suspensión de garantías individuales. El soberano es el que decide sobre el Estado de excepción. Un ejemplo de esto es la detención arbitraria, está prohibida en México, pero lo que encontramos es que hay maneras de declarar para que sean legales esas prácticas”, indicó Enrique Guerrero.
La tortura y las violaciones a los derechos humanos se dejan de lado durante los juicios fabricados, pero cuando se castigan a los perpetradores no se toma en cuenta todo el sistema completo como los ministerios públicos y jueces quienes dan la firma para que esos actos se conviertan en legales y en años de cárcel.
En la conferencia organizada por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, también se presentó María de los Ángeles Hernández, activista por los derechos de vivienda en el estado de Guerrero, quien estuvo presa por 10 años.
“Fui objeto de privación de libertad con tortura física y psicológica el 29 de noviembre del 2008 por el Estado Mexicano. Me sacaron de mi casa con paramilitares, AFI y hasta un helicóptero y 30 hombres armados. Me detuvieron frente a mis pequeños hijos que se quedaron a la deriva, sin el acompañamiento de nadie. Recorrí cuatro Ceresos con amenazas para mí o para mi familia haciendo firmar hojas en blanco y declaraciones fabricadas. No es fácil soportar tanta infamia”, declaró.
Ángeles está por cumplir casi dos años en libertad, pero las afectaciones continúan.
“Me perdí toda la niñez de mis hijos y ahora que están grandes no están conmigo, tengo una hija que no veo desde hace 9 años. No he podido recuperar mi trabajo y continúo luchando por mis derechos”.
Raymundo Diaz, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, explicó que la tortura, la cárcel y las secuelas que esto va dejando, sólo se pueden entender como una herramienta de opresión, represión y control a la población más pobre económicamente.
Conforme pasan los años vemos el uso de la fuerza ilegitima o legitima contra colectividades que piden algo al Estado y este por lo general responde con gases y golpes. Eso también lo calificamos como tortura porque hay que tomar en cuenta que no solo afecta a los manifestantes sino a todos los que están alrededor. Entendemos que la tortura se da en el espacio público y parece un mensaje del Estado en el que no acepta las exigencias del pueblo. El Estado está perpetrando estos actos con el uso de paramilitares, a través de la violencia y el terror que está a merced de un régimen económico y político”, aseguró Raymundo.
También explicó que cualquier trato indigno de funcionarios públicos que están detrás de ventanillas o de batas médicas deberían considerarse tortura que atenta contra las personas.