El próximo 9 de febrero, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votarán la resolución sobre la libertad de los señores José Luis Jiménez y José Antonio Arreola, dos autoridades comunitarias del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán (CCIN), quienes se encuentran presos por su defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas de su comunidad, en el estado de Michoacán. El CCIN es un órgano de gobierno autónomo comunitario, conformado en 2015, y reconocido legalmente como autoridad indígena en 2017 por el Estado mexicano y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este sistema de gobierno logró la expulsión de los partidos políticos de sus espacios que cuidan, trabajan y que son su patrimonio y hogar, fue así como le dieron vida al primer Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen. Los señores Jiménez y Arreola, denuncian sus defensores, fueron detenidos arbitrariamente y de manera violenta por funcionarios de la policía estatal de Michoacán los días 12 y 14 de noviembre de 2018, respectivamente, en Nahuatzen. Desde entonces, se encuentran privados de libertad en el Centro de Readaptación Social Lic. Noé Galván Carrillo de Uruapan, Michoacán. A casi un año de permanecer encarcelados con el recurso de la prisión preventiva, el 8 de noviembre de 2019, el juez de enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán, condenó a las autoridades comunitarias a siete años de prisión por el delito de “sabotaje”, en perjuicio del ayuntamiento de Nahuatzen. Se acusó a los dos defensores de liderar un grupo de entre 60 y 70 personas que habrían ocasionado disturbios en ese ayuntamiento el 1 de noviembre de 2018, y a pesar de que ninguno de los dos se encontraba en el lugar de los hechos ese día, de acuerdo con diversas pruebas presentadas en el proceso penal, los condenaron de todos modos. Los hechos que se les imputaron se suman a las diversas acciones destinadas a deslegitimar y desacreditar su labor como defensores de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y a los autogobiernos de la meseta purépecha. José Luis Jiménez y José Antonio Arreola han sufrido graves violaciones a sus derechos en el proceso, como tortura y malos tratos, aparte de dilaciones durante todo su camino judicial. Para diciembre del año 2020, se pide una revisión del caso y es así como, tras un largo proceso de apelaciones, amparos y revisiones, se logra subir el caso a la Suprema Corte. Para el 7 de abril de 2021, la Primera Sala de la SCJN encontró fundado el recurso de reclamación interpuesto por los Arreola Jiménez y Jiménez Meza en diciembre de 2020, para impugnar la decisión de desechar la petición de revisar las violaciones procesales de su caso y que terminaron condenándolos por el delito de sabotaje. El máximo tribunal del país determinó que es procedente la revisión de ese proceso penal de origen, con el objetivo de identificar y reparar las múltiples violaciones al derecho humano, a una adecuada defensa y de acceso efectivo a la justicia, en perjuicio de las personas defensoras de su comunidad y es por eso que a más de tres años de su detención esperan que esté 9 de febrero la resolución salga a favor de las autoridades indígenas de Michoacán.
”La lucha por nuestra libertad como pueblos indígenas, es ahora también la lucha por la libertad de nuestros dos compañeros y la de todas las comunidades indígenas en nuestro país que defienden su tierra y su territorio. Nosotros seguiremos siendo su voz y aliento hasta que se haga justicia por su caso. No bajaremos la guardia hasta verles libres nuevamente en su comunidad, Nahuatzen”, externaron familiares en conferencia de prensa.