La tortura es uno de los mecanismos más recurrentes para llevar a cabo investigaciones policiales, sin embargo, aunque esta práctica está prohibida y condenada con años de cárcel, son pocos los casos que logran acusar a los funcionarios que cometen estas violaciones a los derechos humanos.
Uno de los últimos casos que marcó precedente, es el asesinato del joven José Eduardo Ravelo Echeverría, quien fue detenido, torturado, violado y asesinado a golpes, en Yucatán. Cuatro policías están detenidos, acusados de presuntamente haber cometido estos hechos, aunque un abogado revela que es toda una cadena de custodia quien debería estar implicada en este asesinato.
Once Noticias habló con Alejandro Laguna, abogado penalista especializado en defender casos de delitos fabricados. Aseguró que el sistema penal en México, parte de una base en la que “se detiene para investigar, cuando en realidad se tendría que investigar para detener”.
Se sabe en el medio, que los jefes piden números positivos de casos, porque de eso depende su permanencia en la corporación, y es así que mucha gente inocente está en la cárcel. Si existieran las investigaciones, serían los culpables los que estuvieran encerrados, pero desgraciadamente tenemos una política criminal en la que usa una bolsa en la cabeza, chile piquín en la cara, agua mineral en la nariz o simulaciones de ejecuciones para que se firmen confesiones fabricadas. Entendemos que la tortura es el método de investigación del sistema penal en México. Es una práctica que cuando llega a los jueces no se toma en cuenta, y menos se investiga como delito contra servidores públicos”, señaló el defensor.
En la mayoría de estos casos existen evidentes mentiras, o faltas de pruebas, pero una persona detenida y torturada se tiene que enfrentar con todo el engranaje que va desde policías, custodios de cárceles vinculatorias (separos), ministerios públicos, médicos legistas, peritos, y hasta jueces que siempre sentencia con cárcel.
Todas las irregularidades se van saneando por la naturaleza del funcionamiento judicial en México. Es muy complicado que algún juez dicte una sentencia absolutoria por delitos de alto impacto y aunque casi siempre en esos casos se menciona la tortura frente a un juez, y este tendría la obligación de abrir una carpeta de investigación, no se hace porque tendría que responsabilizar a los policías, a los doctores, a los misterios públicos y a los peritos que hacen funcionar este mecanismo. Es una maquinaria de irregularidades que se va solapando en prejuicio de las personas. Es un sistema de terror en el que todo se maneja con sus líneas”, explicó Alejandro Laguna.
En el caso de José Eduardo Ravelo Echeverría, explicó el defensor, todos los funcionaros que recibieron y vieron al joven brutalmente torturado y no solicitaron su traslado a un hospital tendrían que ser juzgados por la complicidad de la tortura y la muerte del joven.
En la mayoría de los casos en los que se denuncia la tortura y se inician los protocolos de Estambul, (peritajes para con metodologías específicas para comprobar tortura) estos se realizan por peritos de las propias fiscalías, que por lo general resultan negativos para las víctimas.
Es un sistema acusatorio represivo y no garantista, lo que se busca es mandar un mensaje a la sociedad de que no importa si cometiste o no un delito, si el Estado te señala como culpable no habrá nada que lo contradiga. Si hay violaciones a los derechos humanos en el proceso, pues el propio Estado pone a los peritos para investigar a sus funcionarios. Es por eso que la tortura es un mecanismo básico para este sistema judicial, porque todo queda a modo y protegido entre ellos mismos. No se puede pensar ni razonar, son ellos quienes ya tomaron una decisión desde la detención. Por eso los policías siempre hacer tropelías, porque no existe en México alguien que se dedique a juzgar a los policías y a todos los funcionarios que participan en la tortura, porque si fuese así todas las corporaciones acabarían en la cárcel”, concluyó el abogado.