La colonia Roma, una de las zonas turísticas más populares de Ciudad de México, desde hace años comenzó con la expulsión de su población originaria y ha subido los precios de bienes raíces a costos exclusivos que a veces se pagan en monedas extranjeras.
En el edificio de la calle Puebla, con el número 261, habitaban 35 familias, que poco a poco fueron expulsadas por la fuerza pública y el capital de la Banca Mifel que tras un fideicomiso pretenden quedarse con todo el predio.
Abogados de esa casa bancaria se acercaron a los vecinos de Puebla 261 para ofertarles el edifico, pues con más de 40 o 50 años habitando en ese lugar, es el primer derecho que adquieren. Cuando los poseedores respondieron que sí a la oferta, los litigantes dijeron que ya estaba vendido el edificio, y es ahí donde se cometió la primera falta al proceso civil que se denomina “el derecho al tanto”.
Los hostigamientos de la Banca no cesaron y abrieron un juicio contra personas que no existen ya que no han podido comprobar legítimamente la propiedad del edificio, pues el dueño no puede vender hasta que los vecinos le firmen el consentimiento y la constancia de que a ellos se les ofertó antes que a otro comprador.
Bajo ese contexto es como iniciaron los desalojos forzosos a cada una de las familias desde diciembre del año 2017. Hasta diciembre de 2020 se han efectuado ocho lanzamientos contra familias de este predio, en ocasiones dos, tres o cuatro departamentos saqueados en una sola diligencia, por lo que hoy en día, de las 35 familias que vivían ahí, sólo quedan cinco que resisten dentro del edificio vacío.
Lo mismo que en los otros casos reporteados por Once Noticias, en su mayoría no hay notificaciones y los lanzamientos vienen a nombre de personas que nunca han vivido en el edifico y que lo vecinos desconocen si existen.
En el año 2019 los abogados de la Banca metieron un grupo de “golpeadores” que comenzó a demoler los cuartos y pasillos con mazo y cincel. Los vecinos denunciaron las obras y protección civil canceló los trabajos de demolición. Las hostilidades continuaron y los vecinos lograron organizarse y expulsar al grupo de choque.
Ahora las familias luchan por la posesión del predio y piden al Gobierno de Ciudad de México y a los magistrados que atiendan este caso, ya que “es un claro ejemplo de que los grandes capitales se tratan de aprovechar de los mejores espacios de Ciudad de México y de los predios de las personas que ya murieron y pretenden sacar a quienes lo hemos habitado de forma permanente y pacifica durante décadas”, dijeron los vecinos.