Adriana, Monse y Violeta –el último nombre fue cambiado para resguardar la seguridad de la niña– comparten la misma historia.
Las tres llegaron a vivir a Zipolite en búsqueda de una vida más tranquila. Monse llegó con su hija Violeta, para que tuviera una infancia cerca del mar. Adriana emigró por trabajo y para vivir en la playa, un sueño que data desde su niñez.
Pero a las tres, también las une la misma pesadilla: la violencia sexual, en los lugares en donde se suponía estarían seguras. Han enfrentado un calvario en sus procesos legales, ante un delito que año con año crece en cifras y cuyo panorama está lejos de cambiar.
“Sentirme juzgada, tener que salir del pueblo y estar quebrada económicamente. Me ha costado mucho retomar mi vida”, dijo Adriana.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), de las violencias que vivieron las mujeres de 15 años y más, la psicológica y la sexual fueron las de mayor porcentaje en los hogares, 29.4% y 23.3%, respectivamente. La violencia sexual es una de las que tiene mayor prevalencia a nivel nacional, desde 2003 hasta 2021.
“Cuando hablamos de violencia sexual nos referimos a un grupo de diversos delitos que pueden ir desde el acoso hasta la violación, la diferencia radica en el tipo de coacción que ejerza el agresor sobre la víctima”, de acuerdo con Gabriela Amores Moya, abogada feminista, en entrevista con Once Noticias.
Adriana y la pesadilla del mar
Adriana es odontóloga. Hace siete años llegó a vivir a Zipolite e instaló su consultorio en Pochutla, Oaxaca.
El 17 de diciembre de 2021, Ricardo “N”, originario de Zipolite, ingresó al domicilio de Adriana, en estado de ebriedad, y la violó. Ese mismo día, Adriana interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Tres meses después, el 22 de marzo de 2022, el presunto agresor fue detenido y puesto en prisión preventiva oficiosa, en Juquila.
El día que su agresor fue vinculado a proceso, comenzó a recibir amenazas.
“Es como si hubiera sido una delincuente. Es como haberme desprendido de mí, de mi creencia y no saber qué rumbo tomar. No sabía a dónde irme. Es diferente cuando planeas un cambio de ciudad, de trabajo. De pronto no hubo plan, sólo fue ‘vete de la ciudad’. Empezar de menos diez o de menos 15”, comentó a Once Noticias, vía telefónica. Y aunque se voz se entrecorta suele tomar un espacio, respirar y seguir contando los detalles de su historia.
Adriana relata que a Ricardo se le ha brindado dos audiencias y su defensa legal pidió una tercera, pese a que en las anteriores cambió la declaración. En una mostró supuestos informes policiales en donde sostenía que estuvo en la cárcel el día que sucedió la violación; mientras que en otra declaración dijo que esa madrugada él estaba con un amigo viendo el amanecer.
El informe policial homologado no tiene número de referencia, tampoco número de folio asignado por el sistema y no hay número de expediente, de acuerdo con la queja que interpuso ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Ante ello, Adriana señaló abuso de autoridad y falsedad de informes, además denunció no sólo a las autoridades que firmaron esos documentos, sino también a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, dado que resolvió en contra de lo que ya había ordenado un magistrado anterior, por lo que no aplicó la perspectiva de género al caso.
¿Y Oaxaca?
En entrevista con Once Noticias, Amalia Rueda Alonso, encargada de despacho de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), indicó que han documentado, desde 2015 a 2023, 134 expedientes de queja por violencia sexual y 38 cuadernos con antecedentes.
Detalló que las autoridades más señaladas son el Instituto Estatal de Educación Pública, la Fiscalía General del Estado, Ayuntamientos, Secretaría de Seguridad Pública y el Sistema de Universidades de Oaxaca.
Mientras que los ayuntamientos señalados son Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino.
Y señaló que las quejas más recurrentes son por acoso sexual, hostigamiento, negativa de atención o denuncias en diversas instituciones y dilación de procesos de justicia.
Pero esas cifras son mucho menores de lo que ha documentado la organización Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca), quienes desde 2004 documentan la violencia hacia las mujeres en esa entidad.
Desde 2016 hasta 2023, en lo que refiere a la violencia sexual, la organización documentó 540 agresiones.Tan sólo en el año 2022, documentó 467.
Violeta y el mar
Monse y su hija Violeta vivían en la costa de Oaxaca; ahí Monse conoció a quien fuera su pareja.
Él prometió seguridad, apoyo y amor. Eso se desvaneció en el aire al momento de que Monse se fue a vivir con él y que llevó a su hija, que por entonces tenía seis años. Mientras trabajaba en un negocio, aquel hombre agredió sexualmente a Violeta y a otra niña.
Un par de años después, Monse y quien era su pareja tuvieron una hija, hermana de Violeta. La relación no duró mucho, pronto se separaron. Violeta vivió en silencio hasta los 14 años.
“Cuando le decía que tenía que denunciar entraba en crisis: quería suicidio, quería vomitar. Y también entré en crisis. No sabía ni qué hacer. Tampoco sabía qué hacer con respecto a él, de manera deliberada, de manera legal podría escaparse y hacerlo a otras niñas. Y el pensamiento de no saber si también lo había hecho con mi hija menor”, contó Monse a Once Noticias.
En el caso de Violeta fue un calvario jurídico porque las autoridades, cuando Monse y su hija decidieron denunciar en Pochutla, pusieron en duda que hubiera ocurrido el abuso.
Posteriormente, de acuerdo con Monse, el Ministerio Público las canalizó a Puerto Escondido, porque, dijo, en Pochutla, no había peritos.
Y es que para denunciar un delito como abuso sexual se necesitan pruebas especializadas en psicología y pruebas médicas. Organizaciones pro derechos humanos señalan que en la mayoría de las Fiscalías o Ministerios Públicos en los estados no cuentan con personal especializado.
“No tener una prueba que le permita llegar a juicio, significa que entonces su palabra está siendo cuestionada porque una persona no hizo correctamente su trabajo. Igual en todas las demás periciales, como los policías de investigación que no van al lugar de los hechos y no acreditan el lugar o no hacen resguardo de la criminalística”, señaló Gabriela Amores, abogada feminista.
“Es una cadena de omisiones, de falta de profesionalidad de falta de perspectiva de género, a la víctima se le culpabiliza”, agrega.
El caso de Violeta tomó fuerza cuando su amiga de la infancia también decidió denunciar. En octubre de 2022, el agresor fue aprehendido y puesto en prisión preventiva oficiosa en Juquila, en el mismo lugar en donde ingresó Ricardo “N”.
Monse tuvo el apoyo de su mamá, para poder llevar a cabo el proceso jurídico, actualmente llevan apoyo legal de un defensor público, pero comparte que ha sido un proceso de un gran desgaste emocional, económico y físico.
“Luego de la denuncia Violeta estaba mejor. Tuvo que a terapia y a psiquiatría, fue diagnosticada con bipolaridad y esquizofrenia, era un momento de salida de dinero por todos lados”, señaló Monse.
Violeta tiene miedo de salir sola. Le ha contado a su mamá que se siente juzgada por sus compañeros de escuela. Ya no le gusta salir a caminar al mar como antes. En tanto, no sólo esperan que se haga justicia, si no que les devuelvan la vida que les fue arrebatada.
Los derechos humanos de los agresores, ¿y de las víctimas?
Gabriela Amores explicó que quienes atenten contra la integridad sexual de las personas, de acuerdo con el Código Penal Federal, se les imponen penas que van de ocho a 20 años. Por violación, las penas van de los cinco a los 15 años.
La abogada también explicó que tanto el abuso sexual y la agresión sexual, por ejemplo, son diferentes dado que la agresión implica violencia con intimidación, por lo que es considerado más grave que el primero, lo que también determina la pena que se imponga.
No obstante, cuando se trata de menores de edad, así como de mujeres embarazadas hacia una mujer que se encuentre en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, inconsciente) se consideran agravantes que aumentan las penas.
Pero hay un vacío, según explica la abogada feminista, dado que agresores sexuales tienen la posibilidad de hasta reducir penas, evitar la prisión al pagar fianzas o alcanzan juicios abreviados. En ellos, si aceptan su culpabilidad, el sistema les da un beneficio: no llegar a la cárcel y les dan 50 % de sentencia mínima.
Por tal motivo considera que ahí también hay un embudo que suma al calvario de las víctimas, porque si tienen una mala defensa legal, corren el riesgo de que sus agresores obtengan esos beneficios.