Juana Alonzo Santizo es una mujer indígena (maya Chuj) y migrante, originaria de Guatemala. Se encuentra privada de su libertad, en Tamaulipas, México, desde hace más de 7 años, sin ninguna sentencia condenatoria. Es acusada por el presunto delito de secuestro.
Familiares en compañía de organizaciones civiles entregaron, en la Embajada de México y Guatemala, una carta que reunió cinco mil 135 firmas y que fue respaldada por 43 organizaciones, para exigir la liberación inmediata y justicia para Juana Alonso.
La misiva, que denuncia la detención arbitraria de la mujer maya chuj, está dirigida a Andrés Escamilla González, juez Primero Penal de Primera Instancia en Reynosa, Tamaulipas; Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia del Estado de Tamaulipas, así como a Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores y a Romeo Ruiz Armento, embajador de México en Guatemala.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han señalado que el caso de Juana Alonso se encuentra plagado de graves violaciones a los derechos humanos. En septiembre de 2021, el grupo aprobó la decisión No. 35/2021, en la que declararon que la privación de libertad de Juana, contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Juana fue detenida, en 2014, en Reynosa, Tamaulipas. Al ser presentada ante el Ministerio Público, Juana no tuvo acceso a ningún traductor (pese a que no hablaba español sino maya chuj), tampoco a un abogado y no recibió asistencia consular.
Además en el interrogatorio por parte de los agentes fue víctima de tortura. Le dieron a firmar un documento sin informar detalles sobre su contenido; era una declaración para autoincriminarse, tal como asegura ONU-DH México.
Durante su declaración ante el juez, fue forzada por el agente del Ministerio Público del Estado a ratificar su declaración. En noviembre de 2014 fue trasladada a un centro penitenciario estatal en Reynosa.
Pese a las evidencias y violaciones a sus derechos, las autoridades nunca registraron ni investigaron sus denuncias de tortura, ni cuestionaron la declaración autoincriminatoria que firmó.
No fue sino hasta que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) comenzó a acompañar el caso. Juana pudo denunciar la tortura ante la Procuraduría General de Justicia en Reynosa y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Juana contactó a su familia hasta 2018 y continúa privada de su libertad.
Del sueño americano a la pesadilla mexicana
‘Juanita’, como le dice cariñosamente su hermano Pedro Alonzo, es originaria de San Mateo Ixtatán, en el departamento de Huehuetenango, Guatemala.
Salió de su pueblo a los 26 años, luego de que tuvo que dejar la escuela.
“Juanita es una humilde señorita. Su gran propósito era ser alguien en la vida. Ella es responsable y respeta y aplica todos los valores en la vida […] Ella quería ser alguien en la vida por ese motivo salió del pueblo”, comparte en entrevista con Once Noticias, Pedro Alonzo.
Pedro tiene 27 años y él también es migrante. Salió hace varios años para irse a trabajar a Atlanta, Georgia, y hace 2 meses y medio regresó a su país de origen, para seguir con la lucha para la liberación de su hermana.
“Ella se salió para buscar trabajo, luego, poco a poco juntó dinero para ir a Estados Unidos porque aquí, en el pueblo, está escaso de trabajo. Luego no había dónde trabajar, luego es mujer. Ella no dominaba el español. Hablamos Chuj. Es lo que se habla en la escuela, en la casa. Ese es nuestro primer idioma, por eso batallamos con el español”, explica.
Recuerda que el tránsito de su hermana inició cuando ella salió de su pueblo para emplearse como trabajadora doméstica en el municipio de Soloma, en 2014.
“Allá contratan mucho a la gente para hacer limpieza en las casas. Primero fue allá, empezó a trabajar ahí limpiando una casa. Los dueños de la casa vieron que mi hermana era muy tranquila, […] y muy responsable. Eso vieron los señores a Juanita. Luego la llevaron a México a trabajar”.
Las personas que presuntamente contrataron a Juana eran ‘polleros’, quienes la insinuaron para llevarla a Reynosa, con la promesa de cruzarla hacia Estados Unidos. El sueño de Juana Alonzo estaba cerca de cumplirse, sin embargo, no tardó en tornarse una pesadilla.
En Reynosa, Juanita junto a dos mujeres migrantes, fueron forzadas a trabajar para los “coyotes”. Una de las víctimas denunció a los secuestradores a la policía local. Cuando las autoridades realizaron las detenciones, Alonzo Santizo fue acusada por presuntamente estar vinculada a los secuestradores, sin comprender las acusaciones debido a que no hablaba español.
Al respecto, Pedro comparte a Once Noticias que ella vio una oportunidad para alcanzar su sueño, pero desconocía que ese 10 de octubre de 2014, se desvanecería en el aire.
Para la familia se tornó también una odisea, porque no fue sino hasta 2018 que lograron saber de ella, a través de la llamada de una autoridad del Estado mexicano. Se comunicaron con su tío para referir que Juana estaba privada de su libertad.
“Desde entonces está detenida todo este tiempo. No hemos podido comunicar con ella, no hemos tenido la oportunidad de ir a visitarla, prácticamente todos sus derechos los están violando porque no tenemos acceso de comunicar absolutamente de nada con ella”, denuncia su hermano.
Después de esa llamada, la familia no dudó en contratar abogados, pero fueron estafados, “nos sacaron dinero, nos empezaron a pedir dinero de que iba a salir y no salió”, señaló Pedro.
Ninguna autoridad consular, ni las autoridades mexicanas o guatemaltecas les llamaron, ni les acompañaron para investigar el caso de su hermana.
“Lo único que sabemos es que está detenida en Reynosa, Tamaulipas. Ni autoridades ni nada nos han dicho nada. Prácticamente nadie ha hecho nada”, dijo Pedro.
Ante dicha situación, Pedro, su familia y su pueblo –en el que habitan 44 mil 494 habitantes, de los cuales 96% de las personas son indígenas– piden libertad inmediata para Juana.
“Ella no participa en los carteles. Cualquier acusación no ha hecho. El pueblo lo reconoce. Pedimos justicia que hagan algo al respecto. Ella no tiene nada que ver, ella quería ir a Estados Unidos a buscar trabajo, nuevas oportunidades en la vida. Para nosotros ha sido un golpe duro. Una tristeza para nosotros. No hemos podido hacer nada, por eso pedimos que la liberen. Es una tristeza por algo que no ha hecho”, concluye enfático Pedro Alonzo.
Migrar no es un delito, tampoco ser mujer indígena
Pero el caso de Juanita no es aislado sino que es uno de los cientos, de los miles, que hay cada día en este país en donde la migración se enfrenta a un tránsito de incertidumbre en tierras azarosas.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con respecto al tránsito por el país, se registró que hubo un incremento de más del doble, entre 2010 y 2017, de personas que migran en situación irregular. Se pasó de 128.4 mil eventos a casi 296.8 mil.
El origen de las personas es, en su mayoría, de Centroamérica, principalmente del Triángulo Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador–. Estos flujos han sido constantes en el país desde los setenta y ochenta, aunque es en las últimas dos décadas que estos flujos han aumentado en el país.
Son conocidas las vulnerabilidades a las que se enfrentan las personas en movilidad. CNDH, en sus diversos diagnósticos, ha advertido que las personas en dicha condición “son proclives a diversas violaciones a sus derechos humanos, ya sea por la falta de protección frente al crimen organizado (secuestro, trata de personas, entre otros), como por las autoridades que, amparadas en la situación irregular de su estancia, no siempre respetan sus derechos”.
Y estas violaciones se exacerban cuando se trata de mujeres, menores (solos y acompañados), personas indígenas, de la comunidad LGBTTTIQ+ o personas con alguna discapacidad y adultos mayores.
Al respecto, Yessenia Valdéz, encargada del área de litigio estratégico en Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en entrevista con Once Noticias, señaló que el caso de Juanita lamentablemente en nuestro país es representativo, pero que ocurren muchos parecidos en el país.
Dijo que las mujeres suelen no ser visibilizadas en la movilidad y están susceptibles a diversas violaciones por su estatus migratorio, por su condición de género y su condición étnica, porque además están expuestas a trata y violencia sexual.
En el caso de Juanita, la abogada reflexionó que si las personas migrantes son detenidas en el país, se debe dar aviso de forma inmediata a sus consulados o embajadas.
“No se pueden hacer diligencias sin la presencia de sus consulados o embajadas o un representante”.
Enfatizó que en el caso de personas migrantes que hablen algún idioma indígena, hasta que no se encuentre un traductor que garantice que las personas entienden los motivos de su detención y las presuntas acusaciones, ninguna acción es válida.
Enfatizó que las personas migrantes al ser detenidas “deben solicitar una llamada a su consulado y dar aviso de la situación. Tienen derecho a un traductor que hable su idioma y a un asesor jurídico –en el caso de que sea detenido por su situación migrante– o un defensor de oficio –en el caso de que se le acuse de algún tipo de delito–”.
La abogada lamentó que las personas en movilidad son susceptibles a convertirse en carne de cañón, porque se vuelven una moneda de cambio para todos los entes involucrados en el fenómeno migratorio: el crimen organizado (carteles, traficantes de personas migrantes) y agentes del Estado.
La defensora enfatizó que las autoridades tienen la obligación de investigar a fondo para determinar si una persona migrante delinque o es una víctima, porque consideró que se suele criminalizar a las personas por su condición migrante.
En el caso de Juana Alonzo Santizo refirió que la autoridad está obligada a hacer una investigación exhaustiva y a esclarecer los hechos, para obtener justicia.
El próximo 8 de marzo, según lo expresaron en la carta entregada ayer a los consulados, una delegación compuesta por mujeres, familiares, vecinas Maya-Chuj y acompañantes de las Promotoras de la Liberación Migrante visitarán el Consulado de México en Quetzaltenango.
Para entonces, esperan que Juana Alonzo ya se encuentre en libertad y que haya una explicación por parte del Gobierno Mexicano “para implementar medidas de reparación y garantías de no repetición por las violaciones a sus derechos durante los últimos siete años”, enfatizaron.