Chile se encuentra a menos de un mes para votar si se aprueba o no el proyecto de Carta Magna, que fue redactado por la Convención Constitucional (CC), y entregado al presidente Gabriel Boric, tras un año de trabajo que sostuvo el organismo. La Carta Fundamental reemplazaría a la Constitución que impera desde la dictadura de Augusto Pinochet.
El próximo 4 de septiembre será sometido el plebiscito de salida a través del voto.
Este evento ha atraído la atención de analistas y especialistas internacionales, dado que representa una oportunidad para el país de asentar un nuevo marco legal que fue una consecuencia para apaciguar el estallido social de 2019.
Sin embargo, de acuerdo a diversas encuestas, realizadas en agosto, el rechazo a esta nueva Constitución lidera la opinión pública: por ejemplo, la encuesta Plaza Pública CADEM señala que el Rechazo (47%) rebasa por 10 puntos al Apruebo (37%).
Esta encuesta señala que si continúa ese resultado, 56% rechazaría el nuevo texto y 44% lo aprobaría.
Por otro lado, la encuesta ACTIVA de Pulso Ciudadano explica que de acuerdo a su tracking, 56% votaría Rechazo y 44% Apruebo en el escenario de votante probable, según el tercer pronóstico del Plebiscito de Salida.
Con respecto a la percepción sobre quién ganaría el próximo 4 de septiembre, 31.6% dijo que Apruebo y 42.1% el Rechazo, mientras que 26.3% no sabía.
Sin embargo, el panorama es más complejo que las encuestas, tal como señala Omar Núñez, historiador y maestro en Estudios Latinoamericanos (UNAM), e incluso un tanto más que el proceso constitucional.
¿Por qué esta propuesta de Constitución es importante?
El 15 de noviembre se firmó el “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución”, luego de casi un mes de masivas manifestaciones y disturbios, que comenzaron en Santiago y se extendieron en 13 ciudades, en un principio, por el aumento en el precio del transporte, pero que en realidad respondía a un desahogo de muchas décadas en las que ha imperado un modelo económico (neoliberal), herencia de la dictadura pinochetista, cuyo carácter opresivo rige la vida social del país.
Así también una mercantilización de la vida y los servicios, en los que sobresale el endeudamiento de las familias y la falta de acceso a derechos sociales.
“en unas semanas colapsó el sistema político desde el punto de vista ideológico. Esto abrió el camino a un nuevo pacto social”, señaló el especialista chileno a Once Noticias.
Fue así que se dio paso a un Plebiscito Nacional que llevó a cabo el 25 de octubre de 2020 y en el que, de las 7 millones de personas votantes, 78% aprobó la idea de reemplazar la Constitución, y 79% optó que lo hiciera una Convención Constitucional electa por la ciudadanía, de acuerdo a datos del gobierno de Chile.
En el año 2020, se aprobó redactar una nueva Constitución y en 2021, se eligió a la Convención encargada de escribirla.
Este proyecto, tal como advierte Núñez a Once Noticias, es de relevancia dado que “lo se discute es un proyecto de país” en el que se busca pasar de un proyecto con énfasis en el mercado, a uno de carácter social.
El especialista chileno explicó que algunos ejes importantes de esta nueva Constitución son:
El primero es el reconocimiento de la plurinacionalidad. En Chile hay más de 17 millones de habitantes, y 12.8% son personas de pueblos originarios, por lo que la Nueva Constitución busca reconocer a 11 pueblos indígenas (mapuche, aymara, rapanui, entre otros), tal como lo hizo Bolivia y Ecuador.
“Es importante porque domina el racismo institucional, ya que hay una negación histórica a la legitimidad de los pueblos indígenas y hay una permanente estigmatización”, recalcó Nuñez.
El segundo es el ejercicio de la democracia paritaria e inclusiva. Es la primera vez que se propone que los órganos e instituciones del Estado sean ocupados en 50% por mujeres.
Núñez recordó que la Asamblea Constituyente estuvo conformada bajo paridad, “esto es un proceso bastante interesante porque también tiene que ver con el reconocimiento de la lucha feminista y de la diversidad sexual”, dijo.
El tercero es el cambio del sistema político con la desaparición de la Cámara del Senado y la sustitución por una cámara regional con el objetivo de descentralizar el poder para permitir autonomía administrativa.
El cuarto es la reinstalación de los derechos sociales, para desmercantilizarlos. Chile es uno de los países más desiguales de la región: altos costos en transporte público, una educación privatizada, un sistema de salud privatizado, así como con un empobrecido y privatizado sistema de pensiones (conocido como Asociación de Fondos de Pensión).
¿Cuál es el posible escenario ante el rechazo o la aprobación? ¿Qué requiere para ser aprobada esta Constitución? La situación en Chile conlleva a generar más dudas que respuestas.
El entrevistado, egresado de la Universidad de Chile y de la UNAM, señala que hay dos temas que no suele tocarse al explicar este proyecto de Constitución: la reinstalación de una cultura de derechos laborales, que pondría fin a un estatuto que entró en vigor en 1979 y que limita, y prohíbe, la sindicalización “favorece prácticas antisindicales como negar la negociación colectiva, lo que ha provocado la atomización del movimiento obrero y ha favorecido al capital”, enfatizó.
El otro punto, en esta nueva Constitución, es acabar con la privatización del agua, dado que Chile es el único país que consagra de manera explícita la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas.
No así con la privatización del sector minero (principalmente del cobre), que se dio bajo la dictadura de Pinochet, ni se plantea la nacionalización del litio. Chile es el segundo mayor productor de litio a nivel mundial (26%), luego de Australia (55%). Cuenta con las mayores reservas en el mundo (42%).
Ñunez compartió al medio que si bien hay intención de reorientar al país, en caso de ser aprobada, también se vislumbra una continuidad en términos ideológicos neoliberal “que sigue operando al interior de la sociedad chilena y en el poder político”.
Criticó que el gobierno de Gabriel Bóric:
“ha sido bastante moderado […] El nuevo gobierno no ha hecho mucho porque el marco legal tampoco lo permite. Hay límites ideológicos, ¿hasta dónde el gobierno actual está dispuesto al cambio? Chile ha naturalizado la lógica del mercado, la propiedad privada y neoliberal. Estas reformas parecen radicales […] el país no resolverá su problema de gobernabilidad después del 4 de septiembre”, enfatizó.
Tal aseveración la hizo no sin antes señalar que se requieren dos cosas para que se apruebe el plebiscito: una participación aplastante por parte de la población, como la que ocurrió en 2020, para tener un margen de legitimidad y credencial política.
Y también la voluntad política sumada a la convicción ideológica, porque “tienen claro lo que no quieren, pero no hay claridad para lo que quieren, es un límite ideológico y político”.
Con respecto a las encuestas dijo que se presentan como una narrativa dudosa, sin embargo subrayó que la polarización ideológica (de rechazo o aprobación) se acentuará dado que se necesita una fuerza mayor para lograr un nuevo equilibrio social.