En México más de 90% de los delitos no fue denunciado, según reporta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y este hecho a decir de diversos especialistas se debe a la desconfianza en el sistema de procuración de justicia.
En entrevista con Once Noticias, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C. (ONC) detalló que esta cifra da cuenta además de que la percepción de la corrupción en los Ministerios Públicos sigue siendo una de las causas por las que las personas prefieren no presentar una querella.
“Es muy importante remarcar que lo que estamos viendo es un fracaso de las estrategias de justicia, implementadas ya a lo largo de tres administraciones que no logran simple y sencillamente atraer al ciudadano para que denuncie y que no logran subsanar gestiones muy puntuales relacionadas precisamente con las capacidades de cada una de las agencias de los Ministerios Públicos”, expresó.
En ello coincidió el subdirector de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, Andrés Pacheco, quien destacó que el servicio en materia de justicia no es el más adecuado, además de que es ineficiente.
“Cuando una persona se presenta a denunciar recibe malos tratos, por decirlo menos, la forma en la que la autoridad reacciona ante el procesamiento de una solicitud para hacer una investigación es un procesamiento lento, de mala gana en algunos casos y vemos que además, que algunas personas cuando van a hacer un seguimiento de su carpeta de investigación lo que reciben es más maltrato, las personas tienen que estar pagando para que su proceso avance en materia de la investigación y eso vemos que lastima la economía de las personas que están buscando justicia”, dijo.
El representante de Amnistía Internacional México añadió que las personas no confían en el mecanismo de denuncia, pero cuando lo hacen y se abre una carpeta de investigación existen deficiencias en las investigaciones.
“Precisamente en nuestro informe “Juicio a la Justicia” (presentado en 2021) documentamos algunos casos donde además de pérdida de las evidencias relacionadas con la investigación y con los hechos, vemos cómo la familia sufre violencia institucional y esto nos parece de suma relevancia porque entonces nuestro sistema de justicia está también violentando y revictimizando a las personas que están buscando ese acceso a la justicia”, contó.
Por su parte, Francisco Rivas destacó que por ahora existe un problema que genera un círculo vicioso, porque si quisiéramos aumentar las denuncias lo único que haríamos sería aumentar el malestar ciudadano, dado que las agencias del Ministerio Público no tienen la capacidad para poder absorber un número más alto y tampoco tienen la capacidad para poder mejorar la respuesta que le dan a las personas.
“¿Por qué no pasa nada cuando denunciamos? Porque en promedio cada Ministerio Público en el país tiene al menos 250 carpetas de investigación y hay estados donde la situación es mucho más grave, ¿Cómo podemos pensar que cada Ministerio Público puede resolver 250 casos? Es imposible”, señaló.
Rivas añadió que no existen las condiciones para resolver estos problemas y menos aún para poder darle un seguimiento puntual a cada uno de los casos.
Por ello, dijo, es necesario disminuir la carga de trabajo de los Ministerios Públicos y una vez que esto ocurra tienen que existir políticas públicas para proteger a los ciudadanos que presentan una denuncia.
“Necesitamos también un ejercicio de sensibilización de los Ministerios Públicos porque lo que acabamos de ver es que muchos casos cuando una víctima se acerca denunciar termina siendo revictimizada por parte de la autoridad”, indicó.
Además, llamó a implementar una adecuada estrategia tecnológica para impulsar la cultura de la denuncia y acercar la labor de los Ministerios Públicos a la ciudadanía.
A este llamado se sumó Andrés Pacheco, subdirector de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, quien destacó que en materia de reformas, las fiscalías hoy por hoy requieren mayores herramientas para poder realizar investigaciones exhaustivas con personal capacitado y con capacidad técnica.
“Hoy muchas de las fiscalías están rebasadas, no es posible que una persona pueda llevar hasta 300 carpetas de investigación, eso a nivel humano no nos habla de una buena gestión de trabajo a nivel de lo que la institución tendría que hacer”, expresó.
Por todo ello, pidió a las autoridades tomar estas cifras con seriedad, pues resulta necesario garantizar que las fiscalías tengan equipos de peritos asignados y especializados que incrementen su equipo en materia de Ministerio Público y Policías de investigación.