María Ángela Juárez Ramírez vive en San Luis de la Paz, Guanajuato, trabaja la tierra para cosechar maíz y calabaza, como la mayoría de los pueblos rurales. La cultura de la migración está arraigada por generaciones y son las mujeres las encargadas de las tierras mexicanas, quienes con remesas construyen casas modestas, pero de concreto y tabique, además compran herramientas y animales para trabajar el campo.
Esa tradición se cortó de tajo en la familia de la señora Juárez, pues el 21 de marzo de 2011 su esposo Valentín Alamilla Camacho desapareció junto con 22 personas más mientras viajaban rumbo a Estados Unidos.
Valentín Alamilla Camacho salió de San Luis de la Paz en el equinoccio de la primavera de 2011. Viajó hasta el municipio de Dolores Hidalgo, donde saldrían en un convoy de tres camiones que los llevaría hasta Monterrey y luego a Tamaulipas.
Se sabe por investigaciones, que las familias hicieron, que cuando llegaron a Dolores Hidalgo cinco de ellos no entraron en los camiones y tuvieron que regresar a San Luis para después alcanzar al grupo. Sin embargo, la comunicación se perdió con todas la familias, desde ese 21 de marzo.
Ellos iban a cruzar (a los Estados Unidos) por Tamaulipas. En la primera versión de las autoridades municipales dijeron que los bajó un grupo armado en la carretera a Reynosa, pero hasta ahorita no sabemos si eso es cierto porque no nos han dejado ver el expediente a nivel municipal, ni siquiera la copia de nuestra denuncia nos dieron y apenas hace tres meses vimos el expediente que está a nivel federal. Ya tenemos diez años y apenas vamos en esto, imagínese usted”, expresó la señora Juárez.
Las investigaciones apuntan que son más de 23 personas desaparecidas, pues en el convoy de camiones habrían más de 70 personas. El dato que cinco de ellos no subieron, las llevo a las terminales de San Luis de la Paz para pedir los videos de las cámaras o registros de los boletos vendidos ese día, pero la terminal se las negó y las autoridades tampoco hicieron esa investigación.
Justo un mes después, el 21 de abril de 2011, las familias vieron en las noticias que 68 personas migrantes habían sido ‘rescatadas’ por autoridades, tras haber sido secuestradas mientras viajaban en autobuses por Tamaulipas. Muchas de las 23 familias de San Luis de la Paz reconocieron a su ser querido en las imágenes de televisión y las notas periodísticas.
“Era la misma ropa que tenía mi esposo, lo reconocí aunque tuviera la cara borrosa, hasta mi hijo pequeño se levantó del sillón para decirme que ese era su papá. Nos movimos de inmediato pero no sabíamos qué hacer o a dónde llevaban a las personas migrantes detenidas. Fuimos al municipio y nos dijeron que ellos no tenían cómo saber en dónde estaban a esas 68 personas. Alguien nos dijo que los llevaban a Ciudad de México y cuando llegamos a la capital, después de mucho pedir, nos enseñaron fotos de esas personas, pero no eran las mismas que salían en televisión, no tenían la misma ropa y no estaba ninguno de los familiares que los habíamos reconocido. Hasta le pregunté a quién nos atendió si les cambiaban la ropa al llegar aquí y me dijo que no. Eran otras personas totalmente”, explicó la señora María Ángela.
Diversos reportes de prensa y trabajos periodísticos han confirmado que las autoridades federales como Migración, Policía Federal y la Marina impiden el paso de migrantes mexicanos dentro de los estados fronterizos, haciendo procesos de deportación a ciudadanos de su propio país.
De nuevo las familias estuvieron sin noticias, hasta que se enteraron de la masacre de 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de ese año, cuatro meses después del supuesto rescate.
Las familias salieron con el corazón en una mano y la terrible angustia en la otra, llevaron ropas, fotos, artículos, boletines de búsqueda y cualquier objeto que pudiera ayudar para identificar esos 72 cuerpos.
Les tomaron muestras genéticas de las que jamás han visto su registro y les mostraron un álbum de fotografías terroríficas de las que no identificaron a ninguno de sus familiares, pero sí al coyote que se llevó a sus familiares aquel 21 de marzo.
Empezamos a pedir explicaciones a las autoridades pero a diez años, ni las municipales, estatales ni federales nos han dado respuesta de nuestros familiares. Por eso hicimos el colectivo ‘Justicia y esperanza’, porque no sólo 23 familias hemos luchado durante diez o más años, esperando saber de los nuestros”, reclamó María Ángela.
En 2018 el colectivo se unió con la “Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho Democrático”. Ahí encontraron apoyo legal porque hasta ese momento no habían conocido al abogado de su caso y explicó que solamente así han logrado que las autoridades se sienten a dialogar con las víctimas.
“Gracias a la exigencia de las familias logramos que la Comisión de Búsqueda de Guanajuato empiece a trabajar, ahora lo que queremos es que la fiscalía empiece a trabajar con esta Comisión y con los colectivos, porque nos han dejado mucho tiempo afuera y ahora no vamos a dejar que hagan nada sin la compañía de las familias, porque nosotros ya no confiamos en las autoridades que nos han defraudado durante diez largos años”, expresó María Ángela.
“Si desde un principio hicieran su trabajo las personas desaparecidas no estaríamos aquí. Para ellos somos un número más y lo primero que hacen es criminalizar a nuestras familias para no buscarlos”.
La señora María Ángela Juárez ya no trabaja la tierra para sembrar maíz, ahora cosecha osamentas que alguien más sembró.
Y es que busca con pico y pala en medio de la sierra algún indicio de su familiar. Lo que encuentra lo entrega a las autoridades esperando que identifiquen a las personas y los frutos de una ligera paz regresen a una de la 90 mil familias con desaparecidos en México.
Para las familias no ha pasado el tiempo, es como si fuera el primer día. El dolor y angustia son el mismo, la fuerza y la rabia para buscar en los caminos peligrosos, entre balas y cadáveres, no terminará hasta que llegue la presentación con vida de los desaparecidos.