A finales del año pasado se comenzó con las campañas sobre menstruación digna en las escuelas públicas de México, esa propuesta terminó en un dictamen para reformar el Artículo 114 de la Ley de Educación en Materia de Salud y Gestión Menstrual. En dicha reforma se señala que corresponde a las escuelas facilitar de manera gratuita los productos como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales.
Aún se espera que el Senado la apruebe, pero lejos de las escuelas están las cárceles de mujeres, en donde ellas no tienen acceso a los diferentes productos menstruales.
Once Noticias habló con Beatriz Maldonado, de “Mujeres Unidas por la libertad”, quien explicó las complejidades de la menstruación dentro de las cárceles mexicanas.
Aquí afuera hay paquetitos de toallas que cuesta de 20 pesos en adelante, pero en las cárceles son más caras y a lo mejor si tuvieran una solvencia lo podrían comprar, pero como no hay empleo no pueden comprar esos productos allá adentro. Si no hay algún producto se ponen lo que tienen a la mano: calcetines, playeras rotas, papel de baño y hasta el hule espuma del colchón donde duermen. Las autoridades no priorizan y esto también es una cuestión de salud, si las mujeres no tienen estos productos al rato llegan las infecciones y los males. En la cárcel no tienes para lavar tu ropita o si manchas el lugar donde te acuestas, ese es otro problema porque tampoco hay agua y menos productos de limpieza. Muchas de las mujeres son solidarias y se comparten las toallas porque en la cárcel solo se pueden usar toallas, no tapones y no copas menstruales”, explicó Beatriz Maldonado.
El 12 de septiembre de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 35/2021 a Gobiernos estatales, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por violaciones al derecho humano a la protección de la salud, a la salud sexual y reproductiva, y por la gestión e higiene menstrual digna de las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad.
En la recomendación se lee que las mujeres en los centros penitenciarios tienen de manera generalizada una restricción para el acceso a las toallas femeninas, y en la mayoría no se garantiza el acceso y el abasto suficiente.
Los estados no tienen una partida presupuestal para los enseres menstruales, y la mayoría de estos productos llegan en donaciones o son los familiares quienes tienen que proveerlas.
Las autoridades penitenciaras dicen que no tienen una partida presupuestal para este producto y entonces nosotras como ‘Mujeres unidas por la libertad’ entregamos donaciones de lo que podemos recolectar, pero también pedimos a las autoridades que gestionen un presupuesto para este producto, porque sin herramientas dentro de prisión van a seguir vulnerando los derechos humanos de las mujeres, que los derechos que se suspenden en las cárceles son los de la libertad y los derechos políticos, pero el derecho a la salud es una obligación que estas instituciones tienen que garantizar porque esas mujeres no tienen absolutamente nada de nada”, indicó Beatriz Maldonado.
La CNDH afirmó que el Estado debe salvaguardar el derecho a la protección de la salud y seguridad sanitaria de la población penitenciaria femenina y brindar elementos de gestión menstrual.
“Una gestión menstrual digna no solo implica el acceso a los insumos, sino a espacios dignos y de suministro de agua potable, suficiente, salubre, aceptable, asequible, ininterrumpido y equitativo, como factor determinante para ello”, precisa CNDH.
En su investigación mostraron que prisiones en los estados de “Guerrero, Hidalgo, Puebla, Morelos, Sonora y Tabasco, no cuentan con espacios dignos para la higiene de las internas. En otros como Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Sonora y Tamaulipas, se confirmó falta o deficiencias para el suministro del agua”, por lo que recomendaron a estos gobiernos estatales a proveer el líquido dentro de centros penitenciarios.
Estas autoridades vulneran y violentan al cuerpo de la mujer dentro de prisión. El hecho de que estén en prisión no quiere decir que son personas de segunda clase porque también ahí merecen tener una vida digna”, concluyó Beatriz Maldonado.