Teresa Sánchez Ramírez tiene 79 años. Vive en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, en Ciudad de México. Ella y su hijo descansaban la mañana del lunes 24 de enero cuando dos hombres, uno de ellos identificado como Julio Cabrera García, actuario del Poder Judicial de la Federación, llegaron con una supuesta notificación por desalojo. El notario golpeó la puerta para exigir que los habitantes salieran para recibirla, con la amenaza de que si no lo hacían, los lanzarían de la vivienda. El hijo de Teresa atendió al llamado. Les resultó extraño ya que la vivienda no tiene adeudos y es una propiedad que adquirió su padre en 1967; son únicos dueños, y al fallecer su papá, quedó como herencia para su esposa e hijos. Elizabeth Cruz, hija de Teresa, denunció a Once Noticias que el funcionario tuvo un comportamiento prepotente y que no informó la razón por la que se había levantado dicha notificación, aunque fue insistente para que su hermano firmara los documentos, pese a que no estaban dirigidos a ninguno de los habitantes de la vivienda. No obstante, decidió llamar a un abogado para solicitar apoyo y este le dijo que no debían firmar ningún documento que no estuviera a su nombre. Elizabeth refirió al medio que en la unidad habitacional en la que viven suele haber un error en la entrada ya que se confunde la entrada B con la D, por lo que dijo que se lo hicieron saber a dicho funcionario, pero este hizo caso omiso en vez de revisar si había un error. Desde entonces comenzó la angustia e incertidumbre porque estos visitantes, presuntamente del Poder Judicial, sentenciaron que la vivienda debía ser desalojada en los siguientes 5 días, sino llegarían con elementos de la fuerza pública. A doña Teresa y su hijo no les permitieron revisar el documento. Les señalaron que la única forma de saber el motivo del presunto desalojo era si firmaban de recibido.
“Nos informaron que el actuario debió haber llegado identificándose correctamente, diciéndonos de qué tribunal y juzgado [venía] y diciéndonos sobre qué asunto era la notificación –si era una cuestión de crédito o falta administrativa– nada más para conocimiento de nosotros”, dijo Elizabeth.Ante dicha situación, la denunciante y su familia decidieron acudir a un abogado para respaldarse, pero la situación sumó más preocupación. El abogado, identificado como Juan Jesús, les cobró 5 mil pesos por iniciar una supuesta investigación extrajudicial, para identificar que efectivamente había un procedimiento en su contra, así como el motivo de la notificación, pero hasta ahora no ha presentado avances y no se ha contactado con ellos. Tampoco responde llamadas o mensajes.
“Estaba muy interesado que nosotros investigáramos para obtener datos personales del presunto domicilio, para tener elementos y cobrar más dinero”, relató la entrevistada.Ante la situación decidieron presentar una denuncia ante el Ministerio Público, pero les dijeron que no había nada que hacer, porque no había elementos suficientes ya que si se trataba de un error, el funcionario estaba obligado a corregirla. Además, sólo se podía interponer una denuncia por acto improcedente, si se presentaban los funcionarios para realizar el desalojo.
“En Locatel nos dijeron que la notificación al no estar dirigida a algunos de los integrantes de la familia, no había más qué hacer”.Elizabeth dijo que teme por su mamá, ya que Teresa es una adulta mayor. Enfatizó que el día de la supuesta notificación, afortunadamente estaba su hermano, pero que la actuación del funcionario público, no se apegaba a procedimientos legales. Compartió que tienen todos sus documentos en regla, el testamento de su padre y sus escrituras que acreditan ser únicos dueños. Sin embargo, para llevar a cabo un desalojo se precisa que es un procedimiento último que se lleva a cabo luego de agotarse un juicio en todas sus etapas. En el caso de Elizabeth, su madre Teresa y su familia, no han presentado ningún procedimiento legal, aunque externan a Once Noticias que les preocupa que un error en procedimiento procesal les afecte y que desean descartar algún tipo de extorsión al amparo de la autoridad. Asimismo exigen que los presuntos funcionarios rectifiquen el error en el domicilio.