Un grupo de al menos 15 mujeres se congregó este 19 de julio, frente a Palacio Nacional, desde las 5:45 de la mañana con el objetivo de entregar una lista de peticiones que hicieron sus hijos, esposos y familiares, quienes se encuentran privados de su libertad, para denunciar la situación que viven al interior del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, ubicado en Villa Comaltitlan, Chiapas.
Un día antes un grupo mayor se concentró en las puertas de las oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, ubicado en la colonia Polanco, en Ciudad de México. Las mujeres sumaron sus pancartas con las lonas de activistas y defensores que han denunciado la situación no sólo del Cefereso 15 sino de otros como el Cefereso 17, en Michoacán; Cefereso 12, en Guanajuato; Cefereso 14, en Durango y Cefereso 13, en Oaxaca.
Para Alejandro Ponce de León, exinterno y defensor de derechos humanos de personas privadas de la libertad, el objetivo es denunciar, a través de casos, la situación que viven otros centros penitenciarios, por lo que expresó que su búsqueda y sus denuncias se encaminan en cambiar la política penitenciaria por una que respete los derechos humanos.
“Que todos los internos tengan una vida digna en reclusión. Pedimos al gobierno que cese la tortura, que haga una mejora del sistema federal y estatal penitenciario, que se revisen los contratos de los diferentes Ceferesos, ya que los internos padecen hambre, no tienen actividades, pasan encerrados 23 horas diarias como si vivieran en una bodega. Por eso estamos en la ONU, porque solicitamos intervención internacional ya que traemos diversos amparos y no hemos tenido una respuesta efectiva de las autoridades. Las que pagan la situación de los internos son las familias”, expuso en entrevista con Once Noticias.
El activista señaló que en el caso del Cefereso 15, el pasado 3 de julio, solicitaron un amparo a 193 personas internas, dado que se han cometido tratos crueles e inhumanos que violan los derechos de las personas en situación de reclusión.
Otro de los abogados, Jefte Méndez, expresó que exigen la destitución de los directivos del Cefereso 15. Y es que, denuncian, la directora Erika Adriana Tenopala Chaussee está ligada con despidos injustificados y es señalada por actos de corrupción, según los empleados que sostienen una lucha por un conflicto laboral y en el que solicitaron la intervención del Poder Ejecutivo, para solucionarlo.
“Ha dicho que han sido concesionados los Ceferesos, pero tampoco ha hecho nada. Denunciamos y exigimos la intervención de la ONU porque el Estado Mexicano ha puesto oídos sordos al planteamiento de los familiares. ¡Ya basta! ONU debe pronunciarse por el respeto de los derechos humanos y por la libertad de personas que llevan más de 10 años sin sentencia, incluso en la nueva ley de ejecución penal, por aquellas personas que llevan más de dos años sin ser sentenciadas”, subrayó frente a las oficinas de la ONU.
Y es que, hasta el año 2021, según declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador –durante una conferencia matutina del 13 de enero–, los centros penitenciarios privatizados representaron un costo de 75 mil 661 millones de pesos y los contratos que se otorgaron fueron hasta por 20 años.
De acuerdo a un informe sobre la situación de las prisiones privadas en México, el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) en el sistema penitenciario fue implementado hace más de 10 años.
Y es que este modelo no ha garantizado derechos humanos y falta transparencia en los contratos, por lo que no existe evidencia de que hayan sido eficaces, tal como se planteó en el año 2010, señalan los especialistas en el informe realizado por Documenta AC y México Evalúa.
El Cefereso número 15, en Chiapas, es uno de los ocho centros penitenciarios que están privatizados y cuenta con alrededor de mil 700 personas privadas de su libertad.
Luego de este evento y de ser atendidas por representantes del Alto Comisionado, las mujeres y defensores acudieron al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para presentar las demandas.
Al respecto, Azu “N” resalta que fueron atendidas y que guardan la esperanza de obtener no sólo una respuesta sino acciones concretas. Viajó desde Chiapas para hacer, en tiempo récord de tres días, los papeleos que se requieren para presentar el caso. Ella es quien congrega al resto de las mujeres.
La agenda prevista tenía contemplado entregar una lista de 15 peticiones a diversos organismos y autoridades. “Voy a entregar a todos, pues para que vean la situación. Si no pedimos mucho, sólo que nuestros internos sean tratados con humanidad. Hay señores condenados por penas muy largas, qué van a pedir los señores”, platica mientras saca de un folder azul algunos papeles.
Ella no es originaria del sur, es de Monterrey, pero su esposo fue trasladado, sin previo aviso, del Penal de Topo Chico a Villa Comaltitlán, hace algunos años.
Ella decidió mudarse hasta el sur, aunque el resto de su familia continúa en el norte. ¿Y cuándo comenzó esto? Surge la inevitable pregunta para lograr desmenuzar la situación. Azu “N” señala que el momento en que las cosas se pusieran tensas en el penal fue con la llegada de Ericka Adriana Tenopala Chaussee como directora.
Y es que señala que desde entonces las personas internas padecen por los abusos de autoridad que se dan al interior. Por tal situación, dijo que asistirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Iré a todos lados y si tengo que volver lo voy hacer. Necesitamos ser escuchadas”, dijo.
Azu recuerda que han visto muchas personas que están privadas de su libertad en ese centro sin tener pruebas y que muchas, sino la mayoría, padece enfermedades asociadas a comorbilidades que se agravan.
Luego de una charla con Once Noticias, Azu “N” fue recibida mediante Atención Ciudadana, pero le solicitaron una carta más precisa, por lo que, dijo, mantiene esperanza y que espera ser escuchada.
Azu “n” y el resto de las mujeres denunciaron que sus familiares fueron trasladados sin previa notificación al Cefereso 15 y muchos de ellos son de otras entidades, como de Estado de México, Coahuila, Tijuana y Monterrey, sólo por mencionar algunas.
Para María Esther, mientras sostenía una pancarta frente a Palacio Nacional, afirmó que se les dificulta viajar para visitar a sus familiares, por lo que están limitadas a comunicarse sólo a través de llamada telefónica, cada ocho días y sólo por 10 minutos.
“Soy de Matamoros y voy de visita a Tapachula, me cuesta muchísimo, para agendar es muy difícil, mi esposo lo trasladaron sin notificación, nomás de repente nos dijeron que ya estaba allá. Hay personas que tienen meses sin comunicarse con sus familias. Nosotras nos informamos entre nosotras. Hay una compañera que exige televisita porque hace tres años que no ve a su familiar y sabe que está mal de salud,” denunció.
El pasado 4 de julio, Once Noticias informó que las personas internas habían iniciado una huelga de hambre como protesta por la situación que se vive al interior. Se informó también sobre el ingreso de la Guardia Nacional, como una medida para vigilar la situación. La huelga de hambre ha cesado, pero los internos continúan fuera de sus celdas, en espera de que las autoridades se acerquen a verificar la situación que viven.
Es así que entre los puntos solicitan cumplimiento de todas las controversias que se ganaron, alimentos suficientes y de buena calidad, que vuelvan las actividades deportivas debido a que se han suspendido y que los internos que fueron trasladados sean devueltos a los centros cercanos a sus familias, según lo establece la ley.
Además, tanto internos como las mujeres y familiares exigen la destitución de los directivos del Cefereso 15.