Reportajes especiales

Gobiernos de Calderón y Peña habrían violado Constitución con espionaje

Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habrían cometido violaciones a la Constitución con el espionaje realizado a ciudadanos y periodistas a través del software Pegasus comprado e instalado en teléfonos móviles durante sus gestiones.

“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley”, señala el Artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”.

Un grupo de medios internacionales, entre los que participan la revista Proceso y Aristegui Noticias desvelaron actividades de espionaje a través del software Pegasus desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que presuntamente adquirieron las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Ayer miércoles 21 de julio, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que el Gobierno Federal firmó desde 2012, aun cuando Felipe Calderón era Presidente de México, contratos con la empresa israelí vinculada al tema Pegasus.

Santiago Nieto aseguró que hay más de 15 mil nombres de periodistas, activistas y políticos en México que habrían sido espiados con dicho software que se instala de manera silenciosa en los teléfonos inteligentes.

El funcionario federal explicó que Grupo Tech Bull, una firma fachada constituida por la firma Balam Seguridad Privada, que además está relacionada con NSO Group, firmó un contrato con la Procuraduría General de la República (PGR) en 2014 para la compra del software Pegasus.

Nieto mencionó que dicho contrato se hizo directamente con Tomás Zerón, quien fungía en aquél entonces como director de la Agencia de Investigación Criminal, y que además actualmente se encuentra prófugo en Israel.

Este contrato es de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group a la que terminó transfiriéndose los recursos”, aseguró Santiago Nieto, en Palacio Nacional.

Santiago Nieto además detalló que los gobiernos anteriores destinaron 5 mil 914 millones de pesos para las empresas relacionadas con el software de espionaje Pegasus.

Organizaciones civiles como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han solicitado una investigación imparcial y exhaustiva que identifiqué a las víctimas de espionaje, pero sobre todo a los responsables materiales e intelectuales del espionaje desde los gobiernos.

Es necesario que se garantice una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas de espionaje, a los responsables materiales e intelectuales de perpetrar los ataques, así como de los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los mismos; de manera que las víctimas y la sociedad en general puedan conocer la verdad completa respecto de estos graves hechos”, comentó R3D.

“Igualmente, estos nuevos hallazgos reiteran la urgente necesidad de modificar el marco legal para impedir la adquisición irregular, uso ilegal y la impunidad en el uso de herramientas de vigilancia en México, el cual permanece intacto a pesar de las recomendaciones internacionales y la promesa de la actual administración de no espiar. Resulta indispensable establecer los controles democráticos y la regulación que permita que ese compromiso gubernamental sea verificable”, añadió.

Incluso, la investigación ha revelado que entre los mexicanos espiados por los gobiernos anteriores están algunos familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en un ataque en Iguala en 2014.

Por ello, activistas como Omar García, sobreviviente de aquella noche en Iguala, han señalado la importancia de la participación ciudadana en la Consulta Popular del 1 de agosto, para juzgar a los funcionarios corruptos y reparar el daño de las víctimas y familiares.

En mi calidad de activista, luchador social y promotor de la Consulta Popular, yo condené desde el principio, me opuse al espionaje que existía por parte del Estado hacia las personas que se oponían, sobre todo en esta época en la que Peña Nieto contrató empresas israelíes, Pegasus, con el cual en lugar de espiar o vigilar a los capos del narco, a quienes se dirigía era a los activistas y a los periodistas críticos. Hablan de totalitarismo, de dictadura cuando sus prácticas eran propias de una dictadura porque eso sólo ocurría en los regímenes totalitarios, vigilar a sus ciudadanos”, comentó Omar García.

“Además la indignación que nos causó a nosotros como sobreviviente de Ayotzinapa es que Pegasus y todo lo que venga de Israel nos suena ya condenable porque en primera siempre han sido un estado que apoya la violencia, por ejemplo, contra el pueblo Palestino, pero también porque apoyan la cuestión de proteger a Tomás Zerón que es uno de los responsables de la ‘verdad histórica’, entonces obviamente condenamos el espionaje a través de Pegasus y todo el papel de Israel en otros países”, precisó.

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