Seis comités representantes de las culturas mayas de Yucatán denunciaron la indiferencia de las administraciones federal y local debido a que no han iniciado acciones contundentes para regular el funcionamiento de las empresas productoras de carne de cerdo, esto dijeron afecta al medio ambiente de la entidad.
En 2016, al menos 20 pueblos mayas denunciaron de manera legal el establecimiento y expansión de las firmas que trabajan en la manufactura de esta clase de animales en zonas prohibidas.
Acompañados de abogados y organizaciones defensoras del medio ambiente, las comunidades originarias de la Península de Yucatán, han realizado marchas, enviado oficios, incluso el 31 de marzo buscaron (mediante una carta) tramitar una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para externar su oposición a este tema, pero este encuentro no ocurrió. No obstante, aún permanecen a la espera debido a que el plazo vence el próximo 13 de abril.
Sobre los procesos legales emprendidos para rechazar las labores de estas empresas, la abogada Lourdes Medina citó como ejemplo a la comunidad del pueblo Maya de Homún, una región localizada a 55 kilómetros de Mérida, quien ya ha acudido a instancias internacionales para denunciar las inacciones de la actual administración federal para frenar a estas firmas.
Sin embargo, no todo ha estado perdido, el 28 de septiembre de 2018, seis niños representantes de la citada zona ganaron un amparo promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para suspender temporalmente el funcionamiento de la granja porcina, aún así las batallas judiciales continúan y con ella el acoso y amenazas a los opositores.
Prueba de ello, es la amenaza de muerte realizada vía telefónica a una defensora ambiental de Homún ocurrida el pasado 6 de abril. Preocupada, la abogada Lourdes Medina, quien también representa a los protectores mayas, realizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad; esto ocurrió mientras los miembros de las comunidades se mantienen a la espera de la decisión que habrá de emitir el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, quien deberá determinar si prohíbe el funcionamiento de la empresa porcícola Keken, justo aquella a la que se opusieron seis menores.
Sobre esta compañía que concentra 12% de la producción nacional y ocupa el lugar 20 mundial, Greenpeace advirtió desde 2020 que sus naves resguardaron un total de 120 mil hembras en producción. Con ello, obtuvo 340 mil toneladas de carne de cerdo esto aumentó la deforestación, la emisión de gases de efecto Invernadero, así como el ruido y el mal olor.
Pero, ¿cómo se puede describir el deterioro del entorno causado por esta y otras empresas en la Península de Yucatán?
El informe elaborado por la misma organización ambiental revela que el principal, aunque no el único problema, es la contaminación del agua como consecuencia del tratamiento los desechos orgánicos de los animales, debido a que los residuos derivados de la limpieza de las granjas son enviados a los cenotes y estos a su vez afectan a la red hídrica de la región.
El documento advierte que se ha detectado la presencia de heces y orina desechadas por estas especies en los sistemas acuíferos con los que se abastecen los pobladores y que, posteriormente, se convierten en nitratos. Éstos aumentan el riesgo de cáncer de estómago y enfermedades respiratorias, así como el llamado síndrome de los niños azules, una condición que afecta a los menores al provocar una coloración gris azulada en la piel y diarrea.
Greenpeace acusa además sobre el desperdicio de agua, ya que de acuerdo con sus cálculos, para producir un kilogramo de carne de cerdo se utilizan cerca de 6 mil litros de agua y 3.5 kilogramos de grano, lo que debería destinarse a los 25.5 millones de personas que padecen pobreza alimentaria.
Los daños ocasionados en la península por las 257 granjas porcinas, se ven reflejados también en la deforestación toda vez que acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 31% de la superficie de la región es ocupada por esta industria.
Los datos recabados advierten que en este sitio hay 43 granjas de esta naturaleza en cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANP) y una más en un sitio con categoría designada a los humedales de importancia internacional.
Además, se identificaron 122 fincas porcinas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad y 20 granjas en sitios de conservación.
Por otro lado, la organización advierte que el funcionamiento de empresas también provoca la concentración del ingreso en unos cuantos y con ello disminuye la generación de empleos por su reducida demanda de mano de obra. Además, a decir de esta organización, vulnera el derecho de estas comunidades a una consulta libre e informada, porque no son tomados en cuenta cuando son otorgados los permisos para el funcionamiento de estos espacios.
Ante tal escenario, Greenpeace llamó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a realizar de manera urgente monitoreos periódicos a las descargas de agua de estos sitios y también pidió a ambas entidades verificar la calidad de este componente en los pozos y cenotes aledaños.
Asimismo, les exhortó a brindar información a la población que le permita tomar decisiones adecuadas para asegurar el bienestar de sus habitantes.
Esta recomendación surtió efecto el 25 de marzo de este año, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La dependencia admitió que uno de los principales problemas ambientales en la Península de Yucatán es el incremento de granjas de cerdos, pero aún con todo y eso, el Comité maya de Homún “Kana’an Ts’onot” (Guardianes de los Cenotes), el Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik´in-já”, Colectivo Cantukún, entre otros, insistieron en la indiferencia de los gobiernos Federal y Estatal, pues estas compañías no han sido reguladas, hasta el momento.
“De los múltiples viajes que el representante del Ejecutivo y su comitiva han hecho a la Península de Yucatán, en ninguno de ellos se ha posicionado sobre el tema o reunido con las comunidades afectadas por esta industria para escucharnos y atender nuestras peticiones al respecto”, dijeron.
Es así que, ante este escenario, el Gobierno de Yucatán, en su Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, tiene como objetivo impulsar este tipo de industria, denunció Greenpeace.