Desde febrero de este año más de 300 familias, conformadas por mil 600 personas aproximadamente, de diversas nacionalidades (principalmente de Honduras, aunque también de Haití, Cuba, Guatemala y El Salvador) y de distintas partes de México, frente a las enormes letras de colores con el nombre de Tijuana, se instalaron en carpas y casas de campaña en la
garita peatonal, conocida como “El Chaparral”.
Todas ellas comparten la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos. Algunas
personas recién llegaron a Tijuana, pero otras, la mayoría, llevan tiempo en la ciudad y quedaron varadas a raíz de la pandemia, por el
cierre de fronteras con Estados Unidos, decretado como una medida ante la emergencia sanitaria en marzo de 2020.
El día a día ocurre con rondines que realizan las autoridades municipales, con los
niños y niñas jugando tras el cerco que mandaron poner las autoridades (para delimitar el crecimiento del campamento) y con las familias que lo aprovechan para colgar su ropa recién lavada.
Janet lleva 9 meses en el campamento. Salió en enero de Honduras y llegó en febrero a Tijuana. El viaje lo hizo por tren.
“Hablé con los guardias para que me dejaran agarrar el tren. Una parte pudieron agarrarlo parado y en otra parte lo poncharon, para que las mujeres, niños y niñas pudieran abordarlo, había mujeres embarazadas. Me tocó ver que a una mujer la agarró el tren por subirse y la arrastró y la cortó”, relata a Once Noticias.
Sus recuerdos sobre la ruta migratoria son nítidos. Reconoce las entidades que recorrió (las menciona con una gran sonrisa) y a todas las personas que la socorrieron en el camino.
“Llegué a Ocosingo, Palenque, crucé todo eso,
bordeamos a migración por el monte. Luego fui a caer hasta Salto de Agua, a Loma. Me acuerdo de
Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Orizaba. Luego estuve una semana con mi hijo y me fui otra vez. Me metí al monte y me perdí, pero encontré otros catrachos y encontré el camino. Agarré para Celeya y al Bajío. Pasé Sonora, Hermosillo y así llegué”, contó a Once Noticias.
Sus hijos ya están en Estados Unidos, son menores de edad, y tiene la esperanza de reencontrarse con ellos. Los motivos que los obligaron a salir fueron para huir, como muchas personas de Honduras, de la violencia y las amenazas de las pandillas. Iban a ser reclutados.
Janet cuenta que su hijo menor fue sacado de la escuela para ser interrogado por las pandillas. Fue golpeado. Además
toda su familia fue amenazada. Ese fue el principal motivo para emprender el largo trayecto migratorio. Antes de ella su hijo menor fue el último en emprender el viaje, pero se quedó en México y
en la actualidad trabaja en un taller de carpintería en Ixtapaluca, en Estado de México.
“Si uno pone una denuncia no puede, porque corre más riesgo, porque ya están esperando afuera. Lo intimidan a uno y ¿a dónde aparece luego?, en las cañedas, muerto. Si uno pone la denuncia, claro, pero a los tres días la persona que le hizo daño anda libre, los policías son vendibles en nuestro país”, detalla Janet a Once Noticias.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) hasta 2019, era considerado uno de los países con altas incidencias de violencia y homicidios relacionados a las actividades de grupos criminales o de pandillas. El organismo internacional señala que “las pandillas son un factor clave de las altas tasas de homicidio en algunas partes de América Latina”, como Honduras junto a Brasil y México.
La mujer comparte que como migrante se sufre mucho, pero el riesgo a tomar es el mismo que si se queda en su país, “se sufre el frío, hambre, corre peligro de que lo agarre el tren, pero igual uno en nuestro país pierde la vida”.
Desde hace algunos meses Janet trabaja en una tortillería y está a la espera de ingresar a Estados Unidos, para reencontrarse con sus hijos.
¿Por qué llegaron a la Garita de El Chaparral?
Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos arribó la
esperanza de un cambio en la accidentada política migratoria que habían dejado las administraciones pasadas de Donald Trump (política marcada por el ánimo antiinmigrante) y de Barack Obama (período conocido por las numerosas deportaciones que se realizaron durante su mandato).
El 20 de enero de este año
Biden anunció un cambio en su política migratoria que buscaba, entre otras cosas, reformar el sistema de inmigración de las familias además de eliminar el tiempo límite de un año para solicitar el asilo.
El 11 de febrero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anunció procedimientos para atender a las personas solicitantes de asilo con casos pendientes bajo el Protocolos de Protección al Migrante (MPP). Unos días más tarde, se reanudaron casos de MPP y cruzaron las primeras 25 personas solicitantes de asilo. Ese mismo día se registró la llegada de 100 personas originarias de Centroamérica a la Garita, ante los anuncios del gobierno estadounidense.
El informe que realizó el
Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte (El Colef), en marzo de este año detalla que el campamento inició entre el 21 y 24 de febrero cuando, entre 300 y 500 personas, decidieron acampar en la Garita con el objetivo de solicitar asilo y refugio en el país del norte.
De acuerdo con nuestros testimonios, muchas de las personas que están en el campamento
huyen de la violencia de sus países originarios, incluso de la violencia interna, como en el caso de familias mexicanas que provienen de Guerrero y Michoacán, que se detectó un aumento de ellas a partir de julio en el campamento.
En el caso de familias hondureñas huyen de la persecución, tal es el caso de Ermilia, de 42 años, originaria de Gracias a Dios, un departamento de Honduras. Ella pertenece a la comunidad indígena de los misquitos. Tiene dos años en México, llegó con sus tres hijos menores y su esposo, antes de la pandemia. Recuerda que ingresó por Tapachula pero fueron detenidos por los agentes de migración durante 25 días, y al salir decidieron arreglar su situación migratoria.
“Cuando salimos arreglamos papeles y ahí estuvimos. Luego vino la pandemia y nos atrasó mucho los trámites para que COMAR nos diera el papel original y teníamos que esperar el otro, la credencial. Mi esposo dijo que no podía esperar porque necesitaba trabajar. Ahí ganaba muy poco, de 80 a 100 pesos al día y nosotros no tenemos apoyo de nadie. Entonces tuvimos que ir a Ciudad de México, Monterrey y después ahorrando, ahorrando, estuvimos seis meses trabajando y después nos venimos para acá a trabajar también. Llevamos seis meses en el campamento”, compartió Ermilia.
Relató que a veces se quiere ir, pero luego ve todo lo que sufrió para llegar con su familia, por lo que rechaza de inmediato esos pensamientos. Su esposo no puede regresar porque su familia fue asesinada.
“íbamos de un departamento a otro departamento.
Mi niña no podía estudiar, fue así que yo le dije que
no podemos estar así en nuestro país. Pero aun así acá están, nosotros también corremos peligro”, declaró.
Y es que las presuntas personas que asesinaron a la familia de su esposo están en México.
“Mi familia me avisa que no salga mucho porque están en la frontera. Nos han dicho que están en Reynosa, otros nos han dicho que están en Piedras Negras. La verdad no sabemos. Por eso queremos llegar a Estados Unidos. Presiento que acá no estamos seguros. Sí ellos vinieron acá, buscando a mi esposo. Sí ellos miran a mis niñas capaz que los secuestran, entonces no podemos”, relató.
El campamento
El informe de El Colef detalla que desde la instalación del campamento
se registraron condiciones que ponen en riesgo a las personas debido a que no hay infraestructura sanitaria, hay hacinamiento en las tiendas, y condiciones que ponen en riesgo a las personas en medio del contexto sanitario (en el que Baja California mantiene el semáforo amarillo debido a ola de contagios, mientras que en el resto del país está en semáforo verde).
Al interior del campamento las personas han creado una escuelita para los niños y niñas, también una cocina comunitaria. La mayoría se conoce y comparten el deseo de llegar al norte, sus historias los unen.
A lo largo de estos meses han ocurrido diversas situaciones de gravedad en el campamento. Desde el 16 de marzo
diversas organizaciones civiles hicieron un llamado para visibilizar la situación, atender las
necesidades de las personas en el campamento y garantizar sus derechos humanos.
