Organizaciones y familia de Lucía Delgado Hernández, víctima de feminicidio en 2021, denunciaron impunidad en el Poder Judicial de Ciudad de México (PJCDMX), luego que la jueza Norma Elizabeth Marín Ramírez otorgara fallo absolutorio al presunto agresor Vincent “NN”.
Ante ello, Justicia Pro Persona AC, Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y la iniciativa El Día Después, organizaciones acompañantes, condenaron la resolución judicial y pidieron, entre otras cosas, la remoción de la jueza y protección para las hijas de Lucía y su familia, así como el acceso a la justicia.
Once Noticias conversó con Anallely Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona AC y asesora jurídica del OCNF, y con María Elena Navarrete Hernández, prima de Lucía.
Lucía ante la injusticia
Lucía tenía 35 años cuando fue víctima de feminicidio. Quien la conoció la recuerda como una mujer trabajadora dedicada a sus hijas –en ese entonces tenían 14 y 16 años, respectivamente– y a su madre. Era empleada doméstica y originaria del Estado de México, del municipio de Jiquipilco. Viajaba largos trayectos para ir a trabajar en la colonia Condesa, en la capital mexicana.
El 4 de marzo celebraba su cumpleaños; ese mismo día fue asesinada. La madre de Lucía, sus hijas y su prima, María Elena Navarrete Hernández, no sólo tienen marcada esa dolorosa fecha sino que ahora le agregan también la del pasado 22 de febrero, cuando Lucía volvió a ser víctima de un sistema de justicia que resolvió un fallo absolutorio a favor de su agresor, pese a contar con evidencia científica –como los peritajes en medicina forense, criminalística, fotografías, pruebas en antropología social, testimoniales, análisis de telefonía y confrontas de ADN– que corroboran su responsabilidad.
María Elena Navarrete, en entrevista con Once Noticias, recordó que los lunes salía a trabajar desde la madrugada, para quedarse la semana en la casa, ubicada en la Condesa, donde laboraba como empleada doméstica. Lucía fue asesinada ahí, en ese lugar.
María Elena denunció que hay algunas irregularidades pese a que ella es la representante de su familia, por ejemplo, no ha sido notificada para las audiencias: “hubo cuatro anteriores y no se me notificó. Fui al reclusorio, para hablar con la licenciada que lleva el caso y ya no está”.
En consonancia, Anallely Pérez Garrido, (Principio Propersona AC y OCNF), denunció que a María Elena, desde diciembre, las autoridades –Poder Judicial, ni Fiscalía, ni asesoría jurídica publica– no le volvieron a comunicar nada sobre la continuidad de las audiencias de este año.
“No tuvieron conocimiento y es obligación de la autoridad. No es un razón para justificar este fallo”.
Para hablar de Lucía no basta con referirse a ella, sino también a sus hijas, víctimas indirectas de este feminicidio.
“Ahora están solas, al cuidado de mi tía. Ella es una persona mayor. Están en una situación muy difícil, porque ella [Lucía] solventaba los gastos de la familia. Mis sobrinas han quedado muy mal por todo este proceso. Aunque van a terapia psicológica, uno ha tratado de apoyarlas y de que estén bien, pero es muy, muy difícil, porque ya no está su mamá”, relató María Elena a Once Noticias.
Y es que ella pensó que al presentar las pruebas y ver un avance en la investigación, habría no sólo una pronta resolución sino justicia.
“Ya va a ser casi un año de que fue asesinada. Algo muy difícil para mi tía, las niñas y para mí también, porque yo tuve que reconocer el cuerpo de mi prima, tuve que hacer el proceso y el trámite para llevarla y darle una sepultura digna”, recuerda María Elena.
María Elena se mostró indignada porque calificó de inaudito que pese a las pruebas de ADN, la jueza haya argumentado que no hubo un testigo directo:
“No puede ser posible que tenga que haber un testigo que diga ‘yo lo vi’, pero hay otros elementos más importantes que son fundamentales para hacer esto, hay pruebas genéticas […] ¿Qué tiene que pasar para que esta persona tenga que pagar? No lo entiendo”, lamentó.
Pese a perspectiva de género, decisión de jueza indigna
Anallely Pérez Garrido, directora de Principio Propersona AC y asesora jurídica del OCNF, recordó que cuando comenzaron a acompañar el caso de Lucía, la Fiscalía ya había establecido una línea de investigación (sobre un hombre que se había llevado el celular de la víctima), lo cual era excepcional, porque generalmente son familiares de las víctimas quienes aportan información para dar con los responsables.
La abogada compartió que en la ruta de acompañamiento del caso de Lucía se hizo con respecto a la carpeta de investigación y avances que emprendió la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de Ciudad de México.
En esta ruta, Pérez Garrido, reconoció la investigación científica con perspectiva de género de la Fiscalía que permitió dar con Vincent “NN”, porque se encontraron indicios biológicos en el cuerpo de Lucía y en el lugar de los hechos, que al analizarlos dieron resultados positivos con el agresor, lo que permitió su detención y prisión preventiva.
No obstante, el 22 de febrero, Norma Elizabeth Marín Ramírez, jueza del Tribunal del Poder Judicial de Justicia de la Ciudad de México (PJCDMX), decidió absolver del delito de feminicidio a Vincent “NN”, por considerar que la Fiscalía no había superado la presunción de inocencia. Esa decisión les causó extrañamiento:
“El caso se cerró con grandes expectativas y con una muy buena investigación científica, principalmente. La verdad que nosotros tuvimos, como organización, la tranquilidad de que el asunto seguiría sin ningún inconveniente, detrás de las instituciones. No había nada que se temiera, no había una debilidad en el caso, para pensar que se podía llegar a esa decisión”, enfatizó la directora.
La abogada criticó que el sistema de justicia sólo atiende o resuelve de forma positiva cuando ve que las víctimas tienen acompañamiento de organizaciones o asesoría jurídica privada.
Resaltó que el caso es excepcional porque se hizo a través de diligencias con perspectiva de género, por parte de la Fiscalía. Lo terrible, señaló, es el desenlace.
Ante ello, las organizaciones acompañantes exigen la remoción inmediata de la jueza, por omisiones que conllevaron a que el caso de Lucía haya quedado impune y que su familia no tenga acceso a la verdadera justicia.
Y es que hablar de perspectiva de género en el sistema de justicia va más allá de lo que se plasme en el papel, porque en la práctica –tal como demostró el poder judicial– es insuficiente, criticó la directora.
En lo que va del año, según reconoció en una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, los feminicidios aumentaron en la capital. En enero y febrero incrementaron, mientras que en diciembre de 2021 habían disminuido 30%.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de 2022 se han presentado seis presuntos feminicidios en Ciudad de México y a nivel nacional se reportaron 75 casos. El año pasado, en la capital, fueron asesinadas 149 mujeres, entre ellas Lucía.
Las organizaciones que acompañan el caso de Lucía urgen a que se emita la AVGM para la capital (solicitada desde 2017). En el marco de esa solicitud emitió medidas dirigidas al PJCDMX para garantizar el acceso a la justicia, con debida diligencia y perspectiva de género.
“Queremos justicia para todas nosotras, tenemos derecho a salir a la calle sin miedo, queremos alzar la voz y para cada una de las mujeres que murió a manos de un agresor, como Lucía”, concluyó María Elena, prima de Lucía.