Con la ilusión de hacerse su propia casa, el esposo de Marisol logró obtener los puntos suficientes para comprar, mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El lugar fue la periferia de Ciudad de México: Casas Quma Atotonilco, en el estado de Hidalgo.
“La compramos en 2017. Vivíamos en Nicolás Romero, Estado de México. Cuando estábamos por irnos, una situación de salud nos obligó a posponer la mudanza. Teníamos que estar constantemente en el Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social”, detalla la señora Marisol, a quien el concepto de ‘patrimonio’ se le empañó durante la contingencia por COVID-19.
Relata que aunque no vivían allí constantemente visitaban la casa. Sin embargo, llegó la pandemia y un problema de salud en su hija, les imposibilitó ir.
“Todavía a inicios de 2021 hicimos una escapada y todo estaba bajo control. Previo a fin de año, cuando íbamos a arreglar para pasar allí las fiestas navideñas, todo había cambiado. Nuestra casa ya estaba invadida”, explica Marisol.
Otro de los efectos de la pandemia ha sido la ocupación de casas. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2019 se registraron, sólo en Estado de México, 3 mil 696 denuncias por despojo, mientras que durante 2020 el número de denuncias fue de 360 mensuales en promedio. Esto se traduce en que, la cifra preliminar de enero a septiembre sería hasta de 3 mil 200 denuncias.
De esta manera, se estima que en México existen 650 mil viviendas abandonadas. Tan sólo en los valles de Toluca y México, la cifra asciende a cuatro mil 300, mientras que en Hidalgo existen 17 mil 298, de las cuales 7 mil 828 están invadidas.
En textos periodísticos el delegado de Infonavit en Hidalgo, Óscar Gallegos, declaró que la principal causa de invasión de viviendas se da a manos de organizaciones sociales, cuyos dirigentes se apoderan de las casas deshabitadas y las rentan a terceros, pero se trata de un problema entre particulares en el que no puede participar la institución.
Once Noticias intentó contactar con Infonavit, pero no hubo respuesta. En sus redes sociales no hay manera de entablar comunicación directa con la instancia, y en sus directorios telefónicos refiere a servicio al público.
“Acudimos de inmediato a Infonavit. Nos dijeron que la propiedad era nuestra y, por tanto, era nuestro problema solucionar la situación que estábamos presentando. Al volver a enfrentar a quienes estaban ocupando nuestra casa, salió un joven de unos 14 años. Nos dijo que no estaban sus papás. Les llamó. A los 20 minutos llegó una señora de unos 50 años y después su esposo, de unos 30 años. Ambos fueron demasiado agresivos. La mujer nos gritaba que nos fuéramos. De repente salió más gente, eran todos los vecinos”, recuerda Marisol.
“La unidad está llena de casas ocupadas por familias enteras que están perfectamente asesorados”.
Marisol señala que una persona los atendió y les dijo que no podrían hacer nada si no llevaban orden de un juez.
“Incluso, frente a la policía, nos pidieron 15 mil pesos para poderse ir. También argumentaron que ya habían hecho cambios en la casa, que se los teníamos que pagar. Les dije que se llevaran todo: puertas, ventanas, enchufes, pero que se salieran. Al ver que no resistíamos a nada, se aferraron a amenazarnos y decirnos que si volvíamos nos lincharían”, describe la señora Marisol.
Después de tratar con Infonavit, con la delegada, asistir con una patrulla –cuyo policía aconsejó a los señores dar 15 días a los okupas para desalojar, negándose estos últimos–, la siguiente parada fue la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo:
“Nos dijeron que ellos no se podían hacer cargo de nuestro caso. Ellos sólo se ocupaban de robos, asaltos y violencia. Teníamos que ir al Centro Estatal de Justicia Alternativa, a donde asistimos de inmediato, pero ‘estaban de vacaciones’, Una semana después nos dimos cita. Para levantar el acta piden el nombre de quien denunciamos; es evidente que no podemos obtener ese dato. Por otro lado, también nos negaron el apoyo de un abogado de oficio; dicen que no tienen disponibles”.
Otros temores
La señora Marisol y su esposo lo tienen claro. No desean afrontar la situación por la vía de la corrupción: “queremos hacer las cosas bien. Nos negamos a pagar o a engañar para que esa gente se salga, pero ahora también han surgido otros temores”.
“Por ejemplo, a una pareja de amigos, a quienes también les ocuparon su casa, la policía pudo ayudarles más rápido. Se sabía que en su casa había tráfico de drogas y armas. Por eso fue sencillo desalojar. En nuestro caso, sospechamos que usan nuestra propiedad para algo similar, aunque no nos consta. Sabemos que un paso en falso podría regresarse hasta para nosotros. Por eso no nos atrevemos a hacer ese tipo de acciones. La vía más legal es contratar un abogado. Ya investigamos: al menos para que nos acompañe a levantar el acta, cobran unos 5 mil pesos. No tenemos esa cantidad. La situación es muy desesperante. Mi marido incluso ha pensado en renunciar a su trabajo para dejar de pagar y que se pierda la casa. Pero necesitamos el seguro, no es una opción”, menciona Marisol.
A la espera de un apoyo legal –al que por derecho tendrían que ser acreedores–, Marisol y su esposo siguen en la búsqueda de una luz que les devuelva la tranquilidad de un inmueble que siguen pagando y que no están disfrutando.
“Sabemos que lo vamos a recuperar en algún momento. Pero ahora viene otro miedo: no nos sentiremos seguros de vivir en un lugar en el que fuimos en algún momento amenazados de linchamiento e intento de extorsión. La inestabilidad la sentimos desde ahora. Esto es el inicio, apenas, del calvario”, sentencia Marisol.
Protección legal
En caso de tener una propiedad invadida, los manuales de procedimientos legales establecen el siguiente proceso:
- Reunir los documentos que amparen la propiedad del inmueble
- Levantar la denuncia por el delito de despojo de inmueble
- Presentar las pruebas que ayuden a validar la propiedad del inmueble
El delito de despojo de inmueble está tipificado en el artículo 395 del Código Penal Federal, capítulo V: “Despojo de cosas inmuebles o aguas”, que destaca: se aplicará la pena de tres meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos:
I.- Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca.
II.- Al que de propia autoridad y haciendo uso de los medios indicados en la fracción anterior, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante.