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Este 3 de mayo se cumple un año del colapso del tramo elevado, entre las estaciones Olivos y Tezonco, de la Línea 12 del Metro, evento que dejó un saldo de 26 personas muertas y 98 lesionadas.
Ayer se tendría que haber realizado la audiencia para imputar a ocho exfuncionarios públicos y dos representantes legales de las empresas constructoras, por la presunta comisión de los delitos por lesiones, daños culposos y homicidio.
Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de Ciudad de México, había informado en sus redes sociales que en la audiencia se buscaría imputar a estas personas luego de una investigación exhaustiva que concluyó que el desplome se originó “por errores en su construcción” y que el diseño presentaba deficiencias que ponían en riesgo “la estabilidad estructural a largo plazo de la obra”.
Sin embargo, por cuarta ocasión, el juez José Luis Palacios Fernández determinó diferirla en los Juzgados de Control y Juicio Oral del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México.
Ante dicha situación “una vez más se expresa la impunidad en el caso”, denunció Teófilo Benítez Granados, defensa legal de 12 víctimas, a Once Noticias.
La audiencia se pospuso hasta el 6 de junio, debido a que Juan Antonio Giral, exdirector de Diseño de Obra Civil de la “Línea Dorada”, no acudió por motivos de salud.
“Es la prueba de que no fue como la Fiscalía lo había planeado: se demeritaron los argumentos de la asesoría jurídica privada y del propio Ministerio Público, para que se llevara a cabo la audiencia. Tardamos 5 horas debatiendo, pero el juzgador determinó que no sería así sino que se llevaría a cabo hasta dentro de un mes”, señaló.
El abogado dijo que continúan trabajando para que se tipifique el delito como doloso eventual y no culposo, ya que posibilitaría la exoneración a las personas responsables.
Teófilo Benítez Granados dijo que dentro de la audiencia había tensión por parte de los representantes legales de la parte acusada, y que su estrategia era que no se llevara a cabo, pese a la presentación de los elementos para tipificar estos hechos “que demuestran el dolo, ya que esta tragedia se pudo haber previsto y haber evitado”.
“Dentro de la carpeta existen pruebas por la falta de mantenimiento. 12 víctimas exigen transparencia real, no solo para ellos sino también para la ciudadanía”.
La defensa argumentó que solicitaron que sean citadas a comparecer otras personas que están involucradas como Joel Ortega (exdirector del Sistema de Transporte Colectivo), el diputado Jorge Gaviño (exdirector del STC) y la exdirectora también de STC, Florencia Serranía.
La esperanza de las víctimas es obtener una justa reparación y que los responsables enfrenten la justicia, por lo que no se resignan. Ante dicha situación impulsaron un peritaje presentado por las víctimas que apunta a fallas en el diseño, construcción, supervisión y mantenimiento en el tramo elevado. Fue elaborado por el ingeniero Tomás Andrade.
Además han rechazado firmar un convenio de pago de reparación impulsado, a su vez, por las autoridades capitalinas y por Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) –cuyo dueño es Carlos Slim–.
La defensa legal de las 12 víctimas enfatizó a Once Noticias que buscan la transparencia y claridad de la verdad, tal como se apuntó en el peritaje, pero también justicia, ya que la dilación de las audiencias es también alargar la agonía de las víctimas, por el desplome del tramo elevado de la “Línea Dorada”, “un evento que se pudo haber evitado”, concluyó.