Juvenicidio es un término emergente y deviene más bien del ámbito académico. La fecha coyuntural del término fue 2014, con el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
No obstante, fue concebido desde 2012 por el investigador y profesor emérito de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), José Manuel Valenzuela, en su libro Sed de Mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social.
Y es que en los últimos años la violencia, los suicidios –cada vez más crecientes– y los accidentes de tránsito son las principales causas de muerte en la población joven en América Latina, según advirtió en la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019.
Los países que lideraban las tasas de homicidio hasta 2018, según CEPAL, fueron El Salvador, Jamaica, Honduras, Venezuela, México, Brasil y Colombia.
En el caso de México, la principal causa de muerte en la población joven fue la violencia perpetrada por arma de fuego en la vía pública.
Hoy en conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, señaló que hubo un decremento en los homicidios. Dijo que abril de 2022 es el mes con menos homicidios, respecto al mismo mes de cinco años, sin embargo, los feminicidios repuntaron.
Además, son seis entidades del país los que concentran cerca de 50% de los homicidios dolosos: Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.
Este fenómeno devela una cruda realidad que atraviesa la región y que junto al feminicidio, atenta contra poblaciones en el sentido límite de la degradación de sus vidas. El trasiego de la violencia expresa su peor cara con los asesinatos sistemáticos de jóvenes y mujeres.
¿Qué es el juvenicidio?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre sus principales objetivos, es reducir significativamente todas las formas de violencia. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), desde 2015 hasta 2019, no se había avanzado adecuadamente para alcanzar esa meta en 2030, por el contrario el número de víctimas de homicidio aumentó.
Sólo en América Latina se reportaron altas tasas de homicidios y fueron los hombres jóvenes quienes están especialmente en riesgo: la tasa de homicidios para hombres, de 18 a 19 años, se estimó en 46 por cada 100 mil habitantes. Además las armas de fuego fueron las involucradas con mayor frecuencia en los homicidios, tal como señala el estudio mundial sobre homicidios de 2019 de UNODC.
En nuestro país, en los últimos 20 años, de acuerdo a un estudio reciente de Angela María Rodríguez-Gutiérrez y Vesta Louise Richardson López del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se perdieron 564 mil 953 muertes anualmente, de las cuales 11 mil 313 son de adolescentes.
Entre 2009 y 2012, en el grupo etario de 10 a 14 años y en el de 15 a 19 años, incrementó de manera progresiva las tasas de homicidios. Este estudio señala que de 2013 a 2016 aumentaron los homicidios suscitados en la vía pública y de aquellos en los que se ignora el sitio de ocurrencia, observándose un incremento de 59% y 17% respectivamente.
Las investigadoras enfatizan que este aumento se asocia a “la escalada en la ola de violencia en el país, así como de la extensión de células del crimen organizado, las cuales han incorporado a menores de edad para la realización de actos ilícitos, tales como narcotráfico y secuestro”, señalan las especialistas.
El doctor Valenzuela explica a Once Noticias que el juvenicidio es el asesinato sistemático de un grupo específico de la población: los y las jóvenes. El término responde a un fenómeno cuyas causas son estructurales y en la que a los jóvenes se les arrebata no sólo sus vidas sino su agencia.
Para comprender este fenómeno es necesario ir más allá de los números, por lo que no sólo se puede explicar por la acumulación de mortalidad, sino que son los contextos y escenarios los que posibilitan conocer qué produce tanta muerte en este grupo poblacional.
Ante esto dijo que para comprender el juvenicidio es necesario retroceder a la historia reciente, durante la administración presidencial de Felipe Calderón, ya que de 2008 a 2010 el escenario sangriento que hubo derivó en el asesinato sistemático y persistente de jóvenes
“Lo que teníamos era una situación extrema de muerte artera, innecesaria e impune, particularmente de jóvenes”, enfatizó.
La supuesta “guerra contra el narcotráfico” significó un estado de sitio para los espacios de libertad, y detonó dos escenarios que posibilitaron que la violencia se volviera parte del paisaje de la población:
“uno es una violencia ya instalada en el país […] entre distintos actores, entre los cuales el Ejecito tenía una exorbitante tasa de letalidad, pero también se desplegó la violencia por parte de ciertas figuras vinculadas a la delincuencia organizada. Junto a esa condición de violencia estructurada […] se instala una suerte de violencia estructurante […] quiere decir que la propia estrategia política cedida por Felipe Calderón [instaló] nuevos elementos desde los cuales la violencia se convirtió en parte del paisaje cotidiano de la población”.
La precarización de las vidas en jóvenes
El especialista señaló que los escenarios principales que enmarcan el juvenicidio son los de precarización de la vida: la precarización laboral – por ejemplo, INEGI detalla que 6 de cada 10 jóvenes que se insertan a alguna actividad laboral se ven obligados a aceptar empleos informales, que implican malas condiciones, falta de protección legal, baja productividad y bajos salarios–, aumento de violencia generalizada, violencia de género, la desigualdad social, pobreza, falta de acceso a educación, salud y oportunidades.
Esto impacta en que las y los jóvenes están imposibilitados para construir proyectos viables de vida.
Todo esto detona, por ejemplo, que los jóvenes se vean atraídos por el crimen organizado “asumen tomar decisiones basadas en la creencia de ‘más vale una hora de rey que una vida de buey’, pero no es que sean irresponsables”, relata el investigador.
Estimaciones advierten que en México hay al menos 35 mil menores implicados en distintos pliegues del narcotráfico y más de 100 mil niños están en condiciones de precarización, “eso genera un caldo de cultivo de abandono y exclusión que posibilita que menores sean atraídos o forzados para ingresar al narco”, expresa el investigador al medio.
Y es que la delincuencia y crimen organizado es un común denominador entre los países de la región dadas las condiciones de desigualdad, pobreza y debilidad de los estados nación para hacer frente.
El investigador expone que en la actualidad han cambiado algunas cosas, por ejemplo, “el Ejército dejó de ser parte central de los protagonismos en el asesinato de personas, pero por otro lado, hemos identificado la violencia estructurante […] mantiene múltiples formas de expresión y la violencia y la muerte sigue afectando de manera fundamental en los jóvenes, no sólo en México sino en América Latina: la principal causa de muerte de jóvenes es la violencia, el suicidio y los accidentes de tránsito”.
En este tenor, los organismos internacionales de salud, han expresado preocupación por estas causas consideradas evitables. Las estrategias para hacer frente a ellas, derivan en retos por parte del Estado e instituciones, para generar políticas públicas que atiendan esas causas de fondo.
Al respecto, José Manuel Valenzuela dijo que es urgente atender la precarización de estas vidas, ya que implica replantear las estrategias dominantes civilizatorias, para reconocer las agencias de las juventudes, excluidas de estos modelos.
En su libro concluye con un listado de estrategias que van entretejidas, pero en entrevista señala que al generar condiciones de empleos dignos, de oportunidades, de educación, de acceso a la salud, de combate a la discriminación –en sus múltiples formas–, del combate a la violencia por razones de género, son algunos de los que tienen impacto para disminuir el juvenicidio.