El pasado 5 de julio se dio a conocer la noticia sobre el caso de Leslie “N”, quien fue sentenciada a 50 años de prisión por una emergencia obstétrica, en El Salvador. En junio de 2020, Leslie “N” –quien tenía 19 años– sufrió un aborto espontáneo debido a una emergencia obstétrica. Fue llevada en estado crítico al hospital y luego acusada por homicidio agravado, por las autoridades.
La pena que se le impuso es la máxima, lo que causó indignación en medio de un contexto en el que la Marea Verde ha avanzado en América Latina, y que este año se ha visto sorprendida por la resistencia de al menos cinco países en los que el aborto está prohibido sin excepción: Nicaragua, Honduras, Haití, República Dominicana y El Salvador.
A esta lista, a nivel continental, se sumó Estados Unidos tras la derogación la ley Roe vs Wade.
Once Noticias conversó con Abigail Cortés y con Sara García, ambas integrantes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en el Salvador, que han realizado acompañamiento y defensa jurídica al caso de Leslie “N” y de otras mujeres que han sido víctimas de la misma situación.
-Criminalizar el aborto en un país con más de tres mil mujeres víctimas de feminicidio-
En el país centroamericano, el feminicidio y la interrupción del embarazo están puestos en el mismo horizonte: ambos son considerados delitos, sin embargo, hay una diferencia sustancial en los años de sentencia.
El feminicidio, en el país centroamericano, se castiga con penas privativas de la libertad que van de los 20 a 35 años de prisión. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en el año 2020, las tasas más altas de feminicidios (por cada 100 mil mujeres) corresponden a Honduras (4.7), República Dominicana (2.4) y El Salvador (2.1).
En este último, en 2012, entró en vigor la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV) que tipificó por primera vez el feminicidio y otras modalidades de violencia de género, en aquel país.
De acuerdo con una investigación de Valeria Guzmán y Gabriela Cáceres, de 2012 hasta 2020, más de 3 mil mujeres fueron asesinadas.
No obstante, frente a esos números prevalece un subregistro de los feminicidios y huecos en el sistema judicial salvadoreño con sesgos de género. Esta investigación denuncia que más de la mitad de los casos de feminicidios están impunes.
Por otro lado, a una mujer que aborta se le puede condenar con penas que van hasta los 40 años. En el caso de Leslie “N” se impuso la sentencia máxima: 50 años de prisión. Una sentencia histórica, de acuerdo a la Agrupación.
Nunca antes se había impuesto una condena de tanto tiempo.
Y es que bajo los ojos del código penal salvadoreño, la interrupción del embarazo se criminaliza con penas que van de 6 a 8 años de prisión y se eleva de 30 a 40 años si se tipifica como homicidio agravado en caso de que la gestación supere las 20 semanas y que el parto sea extra hospitalario, aunque derive de una emergencia obstétrica, tal como señala la abogada Abigail Cortés.
De acuerdo a la investigación más reciente realizada por la Agrupación Ciudadana, desde 1998 hasta 2019 se han procesado a 181 mujeres por aborto o emergencias obstétricas en El Salvador. Sin embargo, las cifras serían más si se consideran los datos de homicidio agravado, por lo que se calcula que son más de 250 casos.
Durante el gobierno de Francisco Flores (quien representó al partido de derecha ARENA), 38.1% de las mujeres fueron procesadas judicialmente, de las 181. Sólo en 2019, bajo la actual administración de Nayib Bukele, fueron procesadas cinco mujeres, aunque no aparecen los datos de los siguientes tres años, en el que se suma el caso de Leslie.
-La resistencia conservadora en El Salvador-
A pesar de las luchas que han impulsado los movimientos feministas en el país, el peso de la Iglesia y de los gobiernos en turno han obstaculizado los cambios constitucionales para dejar de criminalizar a las mujeres.
Cortés compartió al medio que desde 1998, el aborto está prohibido en todos los supuestos, incluso en violación o si representa un riesgo para la vida o salud de la mujer.
De hecho, desde 2010, se han realizado diversas acciones legales para promover cambios en la legislación y despenalizar absolutamente el aborto en El Salvador, tal como argumenta la investigación de Agrupación Ciudadana.
Una de las iniciativas que han planteado activistas y personas defensoras de derechos humanos es que se despenalice el aborto terapéutico (cuando la vida de la mujer esté en peligro), pero, en septiembre de 2021, el presidente Nayib Bukele expresó en sus redes sociales que ni por más presiones internacionales que tenga, propondría como parte de las reformas constitucionales el aborto ni el matrimonio igualitario ni la eutanasia.
Unos días antes de la declaración del presidente, la Conferencia Episcopal de El Salvador ya había declarado su oposición a los cambios en la Constitución y resaltaron que estaban “absolutamente a favor de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural”, por lo que se señaló que Bukele cedió a las presiones del Episcopado.
-La lucha es para que las mujeres no transiten del hospital a la cárcel-
Sara García recuerda que su país está incumpliendo las recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de Manuela, quien fue sentenciada a 30 años de cárcel por una emergencia obstétrica, con base en prejuicios de género, y que “murió a causa de un cáncer, privada de la libertad, esposada en una camilla”, lamentó Sara.
“Por ese caso, El Salvador fue condenado por tratos inhumanos y degradantes. Se plantearon medidas de no repetición de manera integral. Esas medidas tienen que ver con que ninguna mujer vuelva a transitar del hospital a la cárcel, que ninguna sea estigmatizada y procesada. Ese fallo plantea que el estado salvadoreño debe crear protocolos de emergencias obstétricas y el secreto profesional”, enfatizó Sara.
Calificó de aberrante el hecho de que su país hace caso omiso del más alto tribunal de las Américas, así también a la persecución que hace “de manera deliberada a las mujeres que enfrentan discriminación interseccional, como Leslie, que está en situación de pobreza, es originaria de la zona rural del país y sin acceso a la educación. Quedó de manera expresa que en la decisión de la Fiscalía no operó la evidencia científica. El proceso estuvo plagado de irregularidades y de prejuicios”, señaló.
En tal sentido, tanto Sara como Abigail recordaron que uno de los argumentos que utilizó el juez para el caso de Leslie “N” fue minimizar a las mujeres al mandato de la maternidad, y externar una decisión jurídica bajo prejuicios de género al afirmar que: “las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue”.
Ambas activistas enfatizaron que tal expresión contradice los planteados por la CIDH y es un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, porque sustenta discriminación y reproduce la violencia de un sistema patriarcal y machista.
La abogada dijo que apelarán este fallo, en el que detectan el ensañamiento de las autoridades. Sumó a denunciar que durante el proceso de defensa no se les permitió incorporar pruebas que demostraban la inocencia de Leslie, “no se valoraron e incluso no se valoraron los peritajes que medicina legal iba a presentar en tema de violencia de género”.
Hasta ahora la Agrupación ha logrado la libertad de 65 mujeres acusadas por estos delitos, aunque todavía hay tres mujeres encarceladas y seis que están en procesos abiertos, compartió la abogada Cortés.
Pero el caso de Leslie no es aislado en un país en donde más de 50% de la población son mujeres y que, a nivel mundial, ocupa el número 69 en una lista de 170 que enumera los países de los más seguros hasta los más peligrosos para ser mujer, de acuerdo al Instituto Georgetown.
Los nombres que recuerdan las activistas, de todos los casos que han acompañado, se acumulan en la charla: uno que marcó a Sara fue el caso de Teresa condenada también por este supuesto delito, pero obtuvieron su libertad en 2016. Empero, la Fiscalía la persiguió y tuvo que exiliarse en Suecia, cuyo asilo político determinó que no puede volver a su país hasta que se despenalice el aborto en El Salvador.
La abogada Abigail lamentó que las mujeres que son víctimas de esa criminalización, tal como han documentado, son las mujeres en situación de pobreza, y según la investigación de la Agrupación, 1 de cada 4 mujeres procesadas estaban en el rango de los 18 a 30 años.
Sara expresó de manera molesta que “las mujeres mueren en las cárceles porque el sistema patriarcal salvadoreño no escucha”, por lo que agregó que “la lucha es para que las mujeres no transiten del hospital a la cárcel”.
En el caso de Leslie “N”, Abigail sostuvo que apelaran el fallo, por todas las irregularidades, aunque la pretensión de la lucha sobrepasa el caso:
“Realmente lo que pretendemos es que haya un cambio de ley, porque si no hay un cambio siempre va a seguir la criminalización, no estamos buscando sólo una alternativa, es más bien una oportunidad”, concluyó la abogada de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en el Salvador.