En marzo de 2021, más de 20 pueblos nahuas de la región cholulteca y al pie de los volcanes decidieron tomar las instalaciones de la embotelladora Bonafont. Este movimiento refrendó, sin embargo, una lucha que comenzó algunos años antes, cuando los pueblos exigieron el cese de la contaminación del río Metlapanapa.
Y es que este caudal ha sido contaminado por los residuos tóxicos provenientes del parque industrial textil de Huejotzingo y por las descargas de aguas no tratadas del municipio de Juan C. Bonilla.
La zona no ha estado exenta, tampoco, del asedio de empresas con interés para explotar la los recursos naturales que ahí abundan, principalmente el agua. Hace 30 años una empresa de nombre Arcoíris fue con los ejidatarios para decirles que iba a extraer agua de pozos para uso agrícola, pero en realidad, era para uso industrial. Años después Arcoíris dejó los colores para llamarse Bonafont.
En 2017, los pueblos nahuas decidieron cerrar la carretera Federal Puebla-Cholula para exigir que el agua no fuera privatizada por la embotelladora y que la contaminación cesara. En marzo de 2021, ante la ignorancia de las autoridades hacia los pueblos, estos últimos decidieron ingresar a las instalaciones de la embotelladora y clausurar la planta, para emprender el proyecto de Altepelmelcalli la Casa de los Pueblos, un espacio comunitario que albergaba actividades culturales, de salud, de educación, talleres y estaba el proyecto de armar una pequeña radio comunitaria.
No obstante, el pasado 15 de febrero de 2022, elementos de la Guardia Nacional y agentes estatales y municipales desalojaron el espacio, pero no desarticularon la lucha, sino que se fortaleció.
En ese camino, que no ha sido fácil y no ha estado lejos de la presión de autoridades y de la empresa transnacional, las mujeres han sido un pilar importante, no por nada fueron llamadas por un ápice de los medios como Guardianas del Río Metlapanapa.
Doña Francisca y su memoria de lucha
Detrás del paliacate y sombrero está el rostro de ‘Francisca’, el cual no es su nombre real, pero decidió utilizarlo para resguardar su identidad. La defensora quien accedió a platicar con la promesa de reconocer que su historia no es sólo sobre ella, sino sobre las mujeres y su ardua lucha en la defensa del agua, porque en la defensa de la vida y los recursos naturales no hay individuos sino colectividades.
Al buscar a Francisca entre las mujeres que se han agrupado en Altepelmelcalli Casa de los Pueblos, ubicado en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, todas la reconocen y expresan su admiración por la ‘compañera’, porque ha estado en la lucha desde el principio, y dicen, “no se raja” ni ante una macana ni ante una transnacional. Francisca tiene un ánimo estoico frente a la cámara:
“Tengo 65 años y soy originaria del municipio de Juan C. Bonilla, de la región Cholulteca. Soy ama de casa y nos dedicamos al campo. Tengo tres hijos”.
La defensora, antes de compartir la conversación con Once Noticias, estuvo como vocera frente a otras mujeres que la escucharon atenta en el Encuentro Internacional de Mujeres, llevado a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Al conversar sobre algunos recuerdos que la llevaron a involucrarse en la defensa del agua, dijo que sus abuelos le transmitieron ese ímpetu de lucha, porque esa región desde siempre ha padecido del asedio de terratenientes y luego de empresas.
Sin embargo, cuando Doña Francisca decidió involucrarse en la lucha, junto a su familia “fue cuando se quiso imponer el proyecto de muerte del Gasoducto Zapata”, recuerda.
Y es que hace 22 años la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió una Resolución por la que se determinó la zona geográfica Puebla-Tlaxcala para distribuir gas natural –en 15 municipios de Puebla y 10 de Tlaxcala, respectivamente–; en 2010, el gobierno del estado de Morelos y la Secretaría de Energía (SE), a través de la CRE, determinaron que ocho municipios de Morelos eran parte de una zona geográfica apta para la distribución de gas natural.
El Proyecto se planteó con el nombre de Gasoducto Zapata y como una ‘solución’ al problema de la insuficiencia de energía eléctrica para la expansión industrial y urbana de la zona de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Posteriormente el proyecto pasó a llamarse Proyecto Integral Morelos (PIM). Este proyecto consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, Morelos, un gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como infraestructura complementaria, en la zona de influencia del volcán Popocatépetl.
Al respecto, Francisca comparte que ella, su familia y comunidad vieron señalamientos en sus propiedades e investigaron de qué se trataba.
“Es un proyecto de muerte, porque un proyecto de ese tipo nos pone en un alto riesgo, por el volcán que está activo, pero también de lado del despojo, planeado por el capitalismo y el saqueo del agua. Ellos vienen, nos despojan, sacan el agua y la contaminan y luego nos la regresan. Estudiamos el proyecto y estábamos preparados para enfrentar esa situación”, dijo.
La defensora tiene intacta la memoria de datos, de las Asambleas, de lo que investigaron, para no permitir que el gasoducto pasara por el municipio de Juan C. Bonilla.
“Nos organizamos, en la junta auxiliar de San Lucas Nextetelco, iba a pasar por aquí, en el ojito de agua. Se hizo una asamblea pública, llegaron los de la empresa Zapata y dijeron que querían 10 metros del terreno y que uno iba a segur siendo dueño; que uno iba a verse beneficiado porque nos darían una cuota mensual por 30 años, para darles permiso y que pasara la tubería […] Fue un rotundo no de toda la comunidad”.
La defensora señaló que es una zona sísmica y volcánica, y si se desprende algún tubo o hay una fuga puede haber accidentes.
Luego vino el caso de la contaminación del río Metlapanapa. Al respecto recordó que las autoridades estatales y municipales ignoraron las peticiones de los pueblos originarios: derecho a un río sin contaminación. Les dijeron que era en nombre del desarrollo y que habría beneficios.
Recordó además que los desechos tóxicos provenientes del corredor industrial, contenían químicos y metales pesados, como plomo y cianuro, y que eso causaría un grave daño a las personas porque contaminaría el agua, el suelo, el aire.
Los derechos son nuestros
Doña Francisca recuerda que el principal impulso para oponerse a la embotelladora Bonafont, de la empresa francesa Danone, fue que los pozos artesanales de las familias comenzaron a disminuir, mientras que la empresa gozaba de extraer 1 millón 640 mil litros de agua diariamente.
La campesina y madre de familia dijo que percibió cómo se fueron secando árboles frutales y cómo se vieron obligados a cambiar la temporada de siembra de maíz de frijol. Además de que percibieron disminución en el ojo de agua del poblado:
“Antes el agua del río era mucha y cristalina. El ojito de agua estuvo a punto de secarse, aquí vienen a nadar de muchos lados”, subrayó al señalar el ojo de agua del Ameyal.
Esta situación cambió cuando los más de 20 pueblos que se unieron para clausurar el pozo de Bonafont. Al respecto, Francisca señaló que el agua no le pertenece a una empresa y menos para enriquecerse a costa de la vida de sus hijos, de su pueblo, de su comunidad.
Al recordar el desalojo de la madrugada del 15 de febrero dijo que llegaron con armas largas, pero que no les sembraron miedo, por el contrario les dio fuerza.
“La fuerza que nos llevó a esta lucha es que vivimos las consecuencias de ese saqueo. Es terrible. Ahorita tenemos más agua, pero pensar cómo le íbamos a dar a nuestro animales, a nuestros hijos”, lamentó.
Agregó que eso las impulsó para ser valientes pese a la violencia y criminalización de la que han sido víctimas:
“no estamos cometiendo ningún delito, es nuestro derecho como pueblos. Las empresas no tienen derecho a venir a saquearnos o a reprimirnos. Pero seguiremos adelante. Estamos en la postura que no van a sacar agua. Ocupamos las instalaciones para hacer algo creativo. Se lograron los objetivos para las comunidades, para los pueblos y la ciudad”.
Reconoció que la fuerza que ha impulsado a las mujeres para sostener la defensa del agua, del territorio y los recursos naturales se expresa en que es la defensa de la vida para sus hijos, pero también para el pueblo y hasta para las siguientes generaciones de este país.
Lucha con semillas
La defensora, con su experiencia a cuestas, enfatizó que la lucha que han emprendido en Juan C. Bonilla es por los niños y las niñas y su derecho a un medio ambiente saludable, por su derecho a tener agua, por la vida y por el derecho al territorio.
Enfatizó que no permitirán que el mal gobierno entregue el recurso hídrico a voraces empresarios.
“Se trata de rescatar lo que siempre hemos tenido, lo que nuestros ancestros y antecesores cuidaron. Se trata de reconocer que tenemos los derechos, hay que retomarlos y hacerlos valer, porque todo es para bien de las siguiente generaciones. Nuestros niños y niñas tienen derecho a vivir una vida de calidad y a un ambiente sano, es parte de la salud”, concluyó al medio.