En las últimas semanas el tema del aborto en Estados Unidos continúa con tensiones y preocupaciones; se han registrado protestas, organizaciones y activistas feministas han comenzado a aglomerarse para buscar opciones que posibiliten la interrupción del embarazo.
Y es que han pasado 34 días desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la sentencia histórica Roe vs Wade que, desde 1973, protegía la libertad de las mujeres, para interrumpir un embarazo de forma voluntaria.
Sin embargo, esta decisión fue una acumulación de sucesos en los que se condensan varias cosas relacionadas entre sí, como la falta de acceso a servicios de salud y las desigualdades a las que son sometidas las mujeres de las mal llamadas minorías étnicas y raciales (dado que los numerales advierten que al agruparse son mayorías). Así también el desmantelamiento de los feminismos ante el poder político conservador de los republicanos.
Once Noticias conversó con Ximena Bustamente, integrante de la organización Fondo de Mujeres Indocumentadas (Undocumented Womens’ Fund, por su nombre en inglés) y de Paro de Mujeres en Nueva York (Women’s Strike NYC) sobre este panorama.
El (in) acceso a la salud
La activista compartió que desde hace mucho el acceso a la salud es un tema preocupante en el país vecino dado que no hay cobertura sanitaria universal.
Hasta 2017, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Estados Unidos es el único país desarrollado sin cobertura universal sanitaria. De acuerdo a sus estimaciones 45 millones de personas no tienen ningún tipo de protección sanitaria lo que representa 15% del total del país. Junto a Polonia y Grecia forman los tres países miembros de la OCDE que no tienen un conjunto de servicios básicos garantizados a sus habitantes.
Y es que la sanidad estadounidense está gestionada por empresas privadas y compañías de seguros.
Hasta 2021, 45 millones de personas carecen de alguna prestación sanitaria, según detalla el estudio “Análisis del sistema sanitario de Estados Unidos de América, salud y negocio”, en una población conformada por 332 millones 183 mil personas.
Ante ese panorama sanitario, Ximena Bustamente señaló que ahora también se suma, con este revés, la revocación para echar atrás la interrupción del embarazo que viene a afectar a mujeres de grupos específicos:
“ya son muchos años que la derecha ha buscado restricciones al aborto. No afectará por igual a todas las mujeres sino a aquellas más marginalizadas como las mujeres migrantes, de origen latino, racializadas, las que viven en el sur o en el medio este, jóvenes o que viven por debajo de la línea de la pobreza”, enfatizó la activista.
La activista afirma que la revocación de Roe vs Wade permitirá que todas las políticas de criminalización operen de manera rampante.
“Ya había un acceso limitado no sólo al aborto sino a todos los servicios de salud. Las clínicas en donde se realizan abortos, a lo largo de los años, se han ido cerrando una a una. Tiene implicaciones serias, pero es la consolidación de un proceso que se había estado dando”, compartió la activista desde Nueva York.
Al conversar sobre el escenario para acceder a los métodos de interrupción señaló que ahí se exacerban estas limitaciones y se fortalecen las barreras económicas para las mujeres que no posean recursos económicos suficientes.
Y es que hasta ahora el uso de las píldoras son una opción más o menos accesible (los costos van de 40 hasta 750 dólares, según Planned Parenthood). Con Telemedicina o por envío de correo se presenta la posibilidad de acceder a ellas, pero ¿qué pasa con los embarazos que rebasan las 12 semanas? ¿Qué opciones tienen las mujeres?
El aborto quirúrgico es la opción pero es un servicio muy costoso: un aborto que requiere intervención quirúrgica va desde 500 hasta 2 mil 500 dólares, y depende el tiempo del embarazo (a mayor tiempo mayor costo), de acuerdo a datos de una clínica de la mujer en Colorado.
Por esta razón, la especialista enfatiza que la lucha campal es también para desprivatizar los servicios de salud, “sino hay servicios de salud pública, las mujeres no van a acceder a la salud reproductiva y sexual de manera integral”, criticó Ximena.
En Nueva York, desde donde trabaja y vive la activista, hay un sistema dual, que busca proteger el derecho de las mujeres en el acceso para interrumpir un embarazo, pero por otro no hay diferencia con los estados que lo prohíben sino se trabaja por un acceso a la salud en todo el territorio estadounidense.
Además agregó que se debe hacer énfasis en los Fondos de Aborto que provienen de fondos públicos, por lo que dijo que es fundamental luchar para que haya mayor aportación del Estado a ellos, con la finalidad de que se garantice el acceso a las mujeres para costear las interrupciones: “es una lucha que se está peleando a nivel ciudad y estatal”, compartió.
Y es que la mayoría de las clínicas que proveen el servicio de aborto son privadas, tal es el caso de Planned Parenthood, por lo que se aboga para que no se limiten a esa forma de prestación de servicio, sino que sea parte de los derechos a la salud pública.
Recuperar la organización como resistencia
La decisión de la revocación tiene una dimensión geográfica: hasta ahora el aborto es ilegal, o lo será muy pronto, en 16 estados y en 13 estados se han puesto en marcha las “leyes de activación”, lo que significa que las prohibiciones del aborto se activarán luego de la revocación Roe vs Wade.
En ese panorama, la activista subrayó que se deberá prestar atención a la respuesta local y a la coordinación traslocal, antes de organizar la respuesta transfronteriza. Dijo que en el caso de Nueva York, desde donde opera las organizaciones en las que trabaja, han comenzado a compartir estrategias, conocimientos y acciones con actores locales y traslocales.
Resaltó que para ellas lo fundamental también es la educación popular, para informar a las comunidades sobre las opciones para realizar una interrupción, sobre salud reproductiva y sobre derechos.
Hay una lucha importante que se centra en tres cuestiones:
- Luchar por los Fondos de Aborto, porque dependen de dinero del Estado, por lo que es una forma para garantizar que cualquier persona que necesite interrumpir el embarazo (dentro o fuera de Nueva York) pueda acceder a él.
- Hacer frente a la criminalización dado que muchas mujeres viajarán a Nueva York y otras estados, para acceder al servicio, pero se teme la criminalización a toda la red que provea abortos (que pueden ser médicos, pero también acompañantes).
- Luchar en contra de las clínicas falsas, que son instituciones que reciben fondos públicos pero se dedican a engañar bajo el argumento de que ofrecen servicios de salud, pero cuando las personas ingresan, las convencen para no realizar la interrupción del embarazo.
Al respecto la activista dijo que en NY están en muchos lugares sobre todo en barrios migrantes, por lo que buscan que no reciban fondos públicos.
La activista compartió que a nivel transfronterizo se espera fortalecer e intensificar las relaciones con colectivas en ciudades mexicanas, para proveer no sólo el medicamento o los servicios de interrupción sino para compartir conocimientos.
Advierte que una lucha mayor es volver a tejer los feminismos en el país vecino, dado que el movimiento de base se ha desmantelado, lo que fue una advertencia en el tema del aborto, porque no fue capaz de defender la interrupción voluntaria del embarazo ante el poder político de los conservadores republicanos.
“hay mucho trabajo por hacer, hay que volver a tejer y las compañeras latinoamericanas han marcado una pauta y toca aprender e intercambiar conocimientos”, concluyó la activista al medio.