Desde 2015, la comunidad nahua y ejidal de Tecoltemi, en Puebla, interpuso un amparo en revisión 134/2021 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se cancelen dos concesiones de la empresa filial canadiense Almaden Minerals y se declare la nulidad de la Ley Minera, porque, afirman, que viola derechos de los pueblos y comunidades indígenas del país. Desde las primeras semanas de este 2022 la discusión sería resuelta por ministras y ministros en la Primera Sala de la Corte, pero este 2 de febrero fue la segunda ocasión que se pospone, la primera fue el pasado 19 de enero. El ministro ponente del caso, Jorge Mario Pardo Rebolledo informó a la sala que el asunto quedaría en lista, es decir, en espera de ser programado para el próximo 9 de febrero.
Tecoltemi, un pueblo en resistencia
Tecoltemi es una comunidad rural que forma parte del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. En el año 2003, llegaron extranjeros montados sobre enormes camionetas a las tierras ejidales. En principio la comunidad pensó que eran turistas y que iban a conocer el lugar, tomar algunas fotos y ver el bosque o los cerros. Los habitantes, que en su mayoría son de origen nahua y desarrollan la agricultura, jamás imaginaron que eran enviados de la empresa canadiense Almaden Minerals para hacer exploraciones con el interés de extraer oro y plata del territorio, así lo recuerda Don Lucio Román Martínez, comisario ejidal de Tecoltemi, quien compartió a Once Noticias los recuerdos de esos años.“Somos 130 comunidades que conforman al municipio de Ixtacamaxtitlán. Es grande el área. Nunca pensamos que era una empresa extranjera. Nos fuimos confiando que era el turismo”, señaló a Once Noticias.En consonancia, Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali –una organización, que junto a Fundar. Centro de Análisis e Investigación, acompañan a la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida (de la que forma parte Tecoltemi)– rememora que la comunidad mostró preocupación al escuchar que había concesiones mineras. Por esa razón, la comunidad decidió hacer una solicitud a Transparencia con la pregunta explícita sobre si había concesiones mineras en Ixtamaxtitlán. La respuesta fue afirmativa y habían sido otorgadas por la Secretaría de Economía. Fue así que decidieron realizar acciones y mostraron una gran preocupación “porque su vida estaba agraviada, porque es una cosa muy profunda, su vida no importa frente a la minería. Es así que este proceso toma fuerza”, precisa Diana.
Llegan los megaproyectos
Don Lucio Román critica que la estrategia de estos megaproyectos, al llegar a las comunidades, es ganar la confianza de las autoridades locales y municipales. Incluso recuerda que los visitaron representantes de la Procuraduría Agraria y que se han hecho encuestas que, afirma Lucio, buscan ganar confianza y engañar a la gente que ignora precisiones y términos jurídicos. Las empresas y los gobiernos son los que realizan los negocios, sin considerar a las comunidades.“No le dan a conocer para que pongan al tanto, en alerta, y en conocimiento al pueblo. Por más chico que sea, tenemos derecho de saber qué es lo que están negociando […] Es lo más triste, que nos pasan por alto. Tenemos todo el derecho, por más sencillos o pobres que seamos, tenemos el derecho de saber las cosas que negocian […] qué se va hacer y si estamos de acuerdo o no”, enfatiza el Comisariado.En marzo de 2003, la Secretaría de Economía otorgó una concesión a la Minera Gavilán SA de CV que denominó ‘Cerro Grande’. En 2009 se otorgó una segunda a la que llamó ‘Cerro Grande 2’. La titular de dichas concesiones es la Minera Gorrión SA de CV y ambas son subsidiarias de la empresa canadiense Almaden Minerals Ltd. Estas concesiones atraviesan 10 comunidades: Loma Larga, Almeya, Cruz de Ocote, Zacatepec, Xiuquenta, Tuligtic, Vista Hermosa de Lázaro Cárdenas, Acayucan, Santa María Zotoltepec y Tecoltemi. Abarcan 14 mil 229 hectáreas. Sin embargo, fue Tecoltemi quien en 2015 solicitó un amparo para la nulidad de las concesiones, al demandar que fueron otorgadas violando el derecho de acceso a los recursos naturales y sin ser consultadas tal como lo prevé el Convenio 169 de la OIT.
“Nosotros no fuimos consultados cuáles eran las situaciones, las concesiones. No conocíamos esa palabra. […] Nos enteramos por los compañeros del municipio de Zautla, donde llegaron los chinos, estaban tomando posesión de la plata, que estaban haciendo de las suyas, pero fueron con el presidente municipal”, relata Lucio.Resalta que el presidente municipal estaba del lado de su pueblo, de su gente y que hubo una resistencia tal, que lograron sacar a la empresa de origen chino. Ese fue un antecedente de lucha que los dejó marcados en su memoria. El Comisariado recordó que el pasado 18 de enero estuvieron en Ciudad de México. “Hicimos un gran esfuerzo de llegar allá y demostramos nuestra valentía, primero nuestra educación como campesinos, como gente humilde. No llegamos a la violencia. Simplemente llegamos con palabras, con todo corazón, con todo respeto protestamos que nosotros no queremos la empresa minera”, exhorta. En el mismo tenor, Rafael Martínez, un hombre de 79 años y cercano a Lucio señala a Once Noticias, en su idioma materno, lamenta que las actividades mineras no benefician a las comunidades sino que procuran la devastación ambiental y violan los derechos humanos de las personas indígenas que habitan en esos espacios.
“Desgraciadamente, no nada más estamos defendiendo Tecoltemi sino al país. Qué lástima que pisoteen los derechos humanos, somos un pueblo indígena en la Sierra Norte de Puebla también merecemos respeto”.
¿Qué se pide en la nulidad de la Ley Minera?
Diana Pérez afirma que la comunidad exige la cancelación de las concesiones, pero también se extiende a la inconstitucionalidad de la Ley Minera, porque es ahí en donde radica el origen de esta problemática que da preferencia a la actividad extractiva por sobre la vida y los recursos naturales. Y es que la Ley Minera data desde 1992 y se enmarca en la reorientación radical que experimentó el país en materia económica, política y social, a finales de los ochenta y que se consagró con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), que trajo consigo la privatización del ejido y modificaciones constitucionales, entre las que destacan las del código minero. La Ley Minera en su artículos 6, 15 y 19 fracciones IV, V, VI y XII, precisan, contraviene al derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas y a la propiedad de ejidos, porque decreta que las actividades mineras se prefieren por sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio, aun cuando sean territorios indígenas o ejidales. Además, denuncian que las empresas mineras tienen preferencia para usar y aprovechar el agua para la actividad minera, e incluso para actividades que van más allá. Asimismo garantiza a las empresas tener el acceso pleno a la tierra mediante la expropiación o la ocupación temporal, a través de entregar concesiones hasta por 100 años. Diana enfatiza que esta ley va en contra de su propia Constitución. Además indica que aunque en la Ley Minera no contenga el tema de consulta a pueblos indígenas, tal como lo establece el convenio y ratificación de la OIT, y no esté armonizada, no exime a la Secretaría de Economía de cumplirla. Resalta que no es un tema de inconstitucionalidad por la falta de consulta, eso se consideró erróneamente, sino por contravenir el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, así como el derecho a la propiedad de los ejidos.“Somos una bomba de tiempo y en cualquier momento va a explotar. Con todo respeto, no sé a dónde van a llegar estas palabras porque yo pienso que todo aquella gente que apoya y abren la puerta al extractivismo hagan conciencia, están a tiempo. Les pedimos desde el campo que tenemos el derecho de defender las tierras”, concluye el comisariado de Tecoltemi.Ante esto, la empresa minera afirma que “tiene la intención de presentar una evaluación de impacto revisada que incorpore datos adicionales ya disponibles y datos de estudios de campo adicionales”. Hasta diciembre de 2021, según datos de Semarnat, México cuenta con 24 mil 66 concesiones mineras distribuidas en 16.83 millones de hectáreas, el equivalente a 8.59% del territorio nacional.