Jorge Alberto Tadeo Hernández era subteniente y tenía bajo su mando al 22 Batallón de Infantería Escobedo, en Nuevo León, cuando en el año 2011 fue acusado de homicidio y tortura, debido a que participó en un operativo durante la llamada “Guerra contra el Narco”, impulsada por Felipe Calderón.
Fue llevado a la prisión de Campo Militar 1, ubicada en Ciudad de México, en donde se encuentra desde hace 12 años en prisión preventiva. Asegura que es inocente y que su caso presenta irregularidades.
Le faltaban dos años y medio para obtener su retiro, cuando ocurrieron los hechos, pero para Tadeo los días han pasado iguales desde hace 12 años. Relata que durante el operativo en contra del crimen organizado sólo siguió órdenes de quien fue su superior, Cuauhtémoc Antúnez Pérez.
Recuerdos de 2011
Los hechos, según recuerda el militar, ocurrieron el 18 de febrero de 2011. En ese entonces él estaba bajo el mando de la Base de Operación Mixto (BOM) en las inmediaciones de Monterrey, Nuevo León, cuando la tropa a su cargo detuvo a Everardo González Meraz y Oscar Eduardo Torres Martínez.
De acuerdo a las declaraciones de Tadeo Hernández, las personas detenidas llevaban un auto con reporte de robo con violencia y un rifle AR-15, 250 dosis de cocaína, 350 dosis de cristal y aparatos de comunicación.
González y Torres fueron trasladados a la delegación de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en Monterrey, para ponerlos a disposición del ministerio del fuero federal. No obstante, González Meraz fue golpeado tan fuerte que sufrío un paro cardíaco cuando era trasladado al Hospital.
Un elemento cabo golpeó a los detenidos con un casco cuando los llevaban a la PGR. Otros soldados lo siguieron golpeando cuando fue llevado al Hospital Universitario de Monterrey” denunció.
Más adelante, el militar dijo que, en la averiguación previa, testigos (los militares que participaron en ese operativo) se autoinculparon y dijeron que Everardo González fue golpeado en un lote baldío, declaraciones que el Ministerio Público tomó como válidas pese a que se registró falsedad de declaraciones. Por ese hecho, es que el subteniente fue detenido en abril de ese mismo año.
“El MP tomó como válidas las declaraciones, pero no los vinculó a proceso, sólo a mí por orden del general Antúnez Pérez. Es una consigna a mi persona”, dijo.
En su defensa alegó que antes de este suceso había participado en la detención de siete personas más vinculadas a grupos del narcotráfico. También hizo la captura de Juan Carlos Olivera Acosta, apodado “El Sonrics”, jefe de Los Zetas en la zona.
En 12 años he pedido diligencias con policías estatales que nos acompañaban. Cuando Antúnez Pérez fue secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, durante el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, me las negaron” dijo.
El operativo en contra del crimen
Y es que el Plan de Operaciones Integrales “Cazador” era la guía de acciones que debía llevar a cabo el personal militar, en el combate contra el narcotráfico. El personal lo conocía, principalmente, comandantes, tenientes y subtenientes que instruían a los subalternos para seguir las órdenes.
El subteniente recuerda que en uno de sus párrafos principales se ordenaba la captura o eliminación de personas dedicadas a la delincuencia organizada. Era un plan de 15 hojas.
Hay que recordar que la estrategia que se llevó a cabo durante la administración de Calderón implicó que soldados salieran a las calles con el amparo de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, de acuerdo con datos del Informe “De la estrategia de seguridad a los crímenes de lesa humanidad en México”.
Fue así que se desplegaron 45 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 8 mil de la Secretaría de Marina (Semar) cada año, de acuerdo con el informe. El máximo despliegue se hizo en 2017 con 52 mil 807 militares y 19 mil 995 de marinos.
Entre 2012 y 2016 se iniciaron 505 investigaciones civiles contra soldados por delitos y violaciones a derechos humanos, de acuedo con cifras de un informe de investigación realizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Por otro lado, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos ha contabilizado, desde 2014, las quejas a Sedena a nivel nacional.
| AÑO | QUEJAS A SEDENA (INDICADOR POR AUTORIDAD) |
| 2014 | 642 |
| 2015 | 620 |
| 2016 | 439 |
| 2017 | 415 |
| 2018 | 382 |
| 2019 | 482 |
| 2020
| 359 |
| 2021 | 436 |
| 2022 | 428 |
| Fuente: Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos (CNDH). | |
De las 505 investigaciones, WOLA dijo que sólo se registraron 16 sentencias condenatorias para esos casos, quiere decir que en cuatro años la extinta Procuraduría General de la República (PGR) sólo tuvo éxito en 3.2% de sus investigaciones.
Proceso irregular
Jorge Alberto denuncia irregularidades en su proceso: falsedad de las declaraciones, larga prisión preventiva y el actuar de los jueces que han desechado pruebas y atrasado diligencias.
Quiero mi libertad inmediata y proceder legalmente contra las personas que cometieron delitos con la administración de justicia por tenerme encarcelado 12 años y por la averiguación previa viciada y prefabricada, en donde no fui llamado a declarar. Además la familiar de la víctima no se ha presentado en siete años a declarar” concluyó.
- 2011 – La primera auto de formal prisión la dictó José Carlos Beltrán Benítez, juez Cuarto Militar, un 19 de abril.
- 2012 – El juez Militar turnó la causa penal al Juzgado Quinto en Materia Penal de Monterrey, en donde la titular era Beatriz Joaquina Jaime Ramos.
- 2015 – El subteniente interpuso un amparo en contra del auto de formal prisión. En agosto, la jueza le dictó un segundo auto de formal prisión por homicidio y tortura.
Posteriormente, Martha Yadira Machado López asumió la titularidad de ese mismo juzgado, a quien acusó el militar de que retrasó su diligencia y desechó diversas pruebas que presentó en su defensa.
A ese panorama se suma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en una sentencia que hizo en 2012 a México, obliga a que el Tribunal militar no resuelva una causa penal cuando hay violaciones a los derechos humanos.
Eso quiere decir que serán autoridades ministeriales y los tribunales del fuero común federal o local los competentes.