No existe una política pública penitenciaria diseñada con perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos para las mujeres privadas de su libertad, sentenció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al presentar su más reciente informe “Diagnóstico de las Mujeres Privadas de su Libertad”, la entidad defensora agregó que al recabar los testimonios de las mujeres en prisión, se puede notar que existen condiciones de “sufrimiento adicional” a su sentencia, ya que el Estado Mexicano no garantiza acciones para evitar la violencia, y para que accedan a la igualdad y la no discriminación.
El documento advierte que sin las políticas públicas adecuadas, los centros penitenciarios solo prolongarán la violencia estructural en la vida de las mujeres y con ello se perpetuará un escenario de desigualdad y discriminación, lo que generará que, se recrudezcan las condiciones de abandono y aislamiento social que favorecen y hacen proclives a las mujeres a ser víctimas de delitos como la trata, la explotación sexual, el trabajo servil y la precarización en sus grados más alarmantes equiparables a la esclavitud.
Del mismo modo, el texto advierte que, en sus testimonios, las mujeres privadas de la libertad reflejan que viven un “doble castigo” porque además del punitivo existe la sanción moral, misma que les demanda ser buenas dentro de un sistema social en el que “las mujeres que cometen delitos” son “monstruos” que deben ser enseñadas a ser buenas.
“El problema es mayor cuando los sesgos de esas creencias se reproducen dentro de las instituciones y las personas, reproduciéndolas en los esquemas de la reinserción social y en el trato a las mujeres privadas de la libertad, sancionándolas en un primer momento con la criminalización de su conducta; y en un segundo momento, a través del abandono familiar, el aislamiento, el castigo, la reprimenda, las palabras ofensivas, peyorativas y/o comentarios negativos”, indica el documento.
El informe añade que en muchos centros penitenciarios, la maternidad elegida se “suprime” y con ello las madres son separadas de sus hijos, apenas nacen bajo el argumento de que los centros no cuentan con espacios adecuados por el prejuicio de que al ser privada de la libertad es una “mujer mala” o “mala madre”, pero por otro lado, se le obliga a ser madre cuando lo que solicita es la interrupción del embarazo por su condición de extrema pobreza, por ser producto de violencia sexual marital.
A este panorama adverso se suman las restricciones para las mujeres lesbianas, pues se les limita u obstaculiza el convivir o tener manifestaciones o contacto físico con sus parejas mujeres con las que comparten celdas, o bien se les restringe la visita conyugal, y enfrentan a actos de discriminación por expresar su orientación sexual entre sus mismas compañeras o por personal de los centros penitenciarios.
“Es especialmente grave en lo que se refiere al derecho a la educación, al trabajo para las mujeres, a la salud y al ejercicio de la sexualidad de las mujeres, así́ como la capacitación y el acceso a la justicia para garantizarles condiciones de igualdad sustantiva a fin de acceder a una efectiva reinserción social”, indica el escrito.
Otro aspecto que destaca el documento es que en el diseño, la distribución de los espacios, así́ como las normas, los reglamentos, los discursos y los manuales que explican su funcionamiento y el número de centros penitenciarios y su concepto está hecho pensando en el perfil de los varones y sus necesidades.
Las mujeres solo representan 5% de la población penitenciaria, y bajo esta idea se relega a las mujeres y sus necesidades. Aunque numéricamente ellos son más y sus demandas, son las mujeres las que más expresan necesidades, pero pocas veces son escuchadas y atendidas.
Ante tal escenario la CNDH instó a las autoridades en su conjunto transitar hacia la mejora de las condiciones de vida de todas las mujeres en los centros penitenciarios.
Al mismo tiempo la entidad defensora instó a las autoridades penitenciarias a nivel federal, estatal y militar a desarrollar políticas públicas que eviten la reproducción de mecanismos de control, opresión y sometimiento que agudizan la desigualdad social y causan violencia estructural contra las mujeres.
Del mismo modo resaltó la necesidad de promover entre la población penitenciaria femenina, programas que doten de conocimiento y apropiación sobre sus derechos humanos.
Además, a decir de la CNDH, deben generarse controles de confianza, capacitación al personal y sensibilización entre la población penitenciaria, a fin de generar un contexto libre de violencia y discriminación que les permita a las mujeres pertenecientes a la comunidad Lésbico Bisexual, Transgenero Trasvesti e Intersexual (LBTTI) a manifestar su orientación sexual si así lo desean, accediendo en igualdad de condiciones a los servicios de salud; al acceso a los trámites para recibir visita de sus parejas, y para la visita conyugal. Además, indica, deben generar los mecanismos eficaces que les permitan la interposición de denuncias o quejas ante posibles actos de discriminación cometidos en su agravio.
“Debe protegerse y garantizarse los derechos humanos de las mujeres LBTTI a partir del diseño e implementación de una política pública a nivel nacional con enfoque de género, diferencial y de no discriminación, en el que las autoridades penitenciarias, a través del personal que conforman las distintas áreas, brinden la asistencia, atención y acompañamiento ante las autoridades o instancias competentes”, señaló la defensoría nacional.
Para la CNDH es fundamental que se adopten medidas que combatan y eliminen la opresión y discriminación hacia las mujeres dentro de los centros penitenciarios, e identifiquen las dobles o triples condiciones de vulnerabilidad que limitan y afectan las posibilidades de su reinserción social.
“Las autoridades penitenciarias, gobiernos locales y autoridades corresponsables, deben garantizar a las mujeres el acceso al trabajo rompiendo el estereotipo de que ellas no son proveedoras y que sostiene la falta de espacios laborales en los centros femeniles o centros en los que se albergan tanto hombres como mujeres”, indica el documento.