Los ataques armados en Aldama, ubicado en la región de los Altos de Chiapas, han dejado como saldo cerca de 3 mil 500 personas desplazadas, decenas de heridos y muertos. Sin embargo, más allá de cifras, las víctimas suelen ser invisibilizadas y sus casos quedar impunes.
Caminamos unos pasos cuesta abajo. Durante el camino la traductora nos contó que tenía apenas unos meses que María Luciana, una niña de 13 años, había sido herida, debido a los ataques armados provenientes de Santa Martha. La tensión, pese a la belleza del paisaje, era inevitable.
En esa charla nos dijo que Lorenzo y su familia también habían sido víctimas de la violencia en Aldama. Pocas personas se atreven a compartir su testimonio, tienen miedo, sin embargo, Lorenzo quería contar su historia, como una forma de visibilizar lo que sucede en su comunidad.
Los autos avanzaron sobre el camino accidentado de terracería. Dos kilómetros cuesta abajo y llegamos a Coco’.
Hasta este punto podemos llegar, más abajo es peligroso. Aquí, entre más lejos, las personas buscan terrenos para hacer su casita, porque han dejado la suya en las partes de arriba o cercanas al río”, comentó la traductora.
En medio del verdor de los cerros, de aquella región que durante largo tiempo ha padecido los estragos del olvido de este sistema, entre platanares y un silencio abismal, se asomaba la casita de Lorenzo.
Con la calidez y amabilidad, aunque con un temor fundado y legítimo, Lorenzo permitió a Once Noticias entrar a su pequeño terreno. Lorenzo y su familia son desplazados debido a la constante violencia que asola a la región cuyo conflicto territorial, de 60 hectáreas, deviene desde los setenta. Sin embargo, la violencia se ha intensificado desde 2018 hasta la actualidad.
El municipio de Aldama denuncia que el municipio vecino de Chenalhó mantiene asolada a la población debido a los ataques armados perpetrados por grupos paramilitares. Durante algunos períodos los ataques han cesado, pero continúan, pese a los constantes intentos de acuerdos de paz y de cese al conflicto.
Lorenzo tuvo que salir huyendo de su casa, desde mayo, y no ha podido volver.
La casa está construida de adobe y carrizo. Lleva un mes construyéndola y enredando, con ayuda de algunos de sus hijos, cada uno de los nudos del carrizo. El terreno, apenas de unos cuantos metros en los que cabrá su familia y su dignidad, fue adquirido de emergencia por Lorenzo. Tuvo que pedir un préstamo de 30 mil pesos, porque no tenía contemplado comprar un pedazo de tierra para construir. Él y su familia ya tenían su hogar apenas unos kilómetros arriba, sin embargo, no tuvo alternativa más que huir, para resguardar su seguridad.
Unos meses después logró regresar a sacar sólo algunas de sus cosas que habían quedado dentro de aquella casa.
Lorenzo tiene 58 años y es un hombre fuerte y modesto. Cuenta en tzotzil que el 8 de mayo, de este año, Pedro Lunes Pérez, su hijo, fue asesinado, tenía 24 años. Ese día fue con sus papás a comer y luego se fue a su casa. Fue ahí que le dispararon con armas de alto calibre, desde el punto de ataque Nech’en, uno de los puntos que se encuentra dentro del territorio en disputa. Todo ocurrió cuando grupos armados de Saclum, Chenalhó, se acercaron a orillas del Río y comenzaron los disparos.
Lorenzo, un tanto cabisbajo, compartió que tiene ocho hijos. En la actualidad, su yerno le deja quedarse en su morada. Lleva ahí desde que ocurrió el homicidio de Pedro.
Dijo que lo invade una enorme tristeza por haber perdido a su hijo. La sorpresa de su asesinato les dejó un enorme vacío, dijo que “así no se vive, no muy se puede”. Expresó preocupación y su mirada le secundaba tal expresión.
Lorenzo pide al Gobierno que le pague y le construya su vivienda, porque de adobe y de carrizo es vulnerable para los ataques. Su casa era de concreto, pero ante la imposibilidad de volver y la urgencia de tener un espacio para su familia, tuvo que construir una casa emergente.
El hombre al hacer memoria de cuándo empezó el conflicto, relató que tiene aproximadamente 50 años, pero es en los últimos que la violencia se ha vuelto constante y cualquier persona es susceptible a los ataques armados.
Al salir de la casa, estrechamos la mano con Lorenzo y su delgado hijo que, como otros niños de la región, aparenta menos edad y estatura de la que probablemente tenga. Nos despedimos y supimos que su dolor era compartido con muchas otras familias que claman su hogar, por justicia, por su derecho a vivir en paz.
Once Noticias visitó a otra familia, cerca del río, sin embargo se negó a dar entrevistas, por miedo a represalias. La traductora dijo que temen ser atacados, por la ubicación de su casa.
“Aquí nos vigilan. Puede verse tranquilo, pero así de la nada luego hay ataques. Además somos blanco fácil, porque ya estamos en el río, está allá abajito”, señaló la traductora.
Y es que las víctimas de la violencia expresan miedo de hablar por las represalias. Tal como sucede con las personas provenientes de Pantheló, que huyen de la violencia de las últimas semanas. Al respecto, la traductora comentó que “la violencia ha cesado un poco porque la atención está sobre la situación de los municipios vecinos”.
No obstante, días posteriores a estas entrevistas, se reportaron, al menos cuatro ataques con armas de fuego en Aldama provenientes de Santa Martha.
El miedo de dar testimonio de estos hechos, recuerda a lo que pensaba Benzulul, el personaje del cuento de Eraclio Zepeda (1959), cuando lavaba sus pies en un arroyo: “el río t’a fresco siempre. Siempre canta. Siempre camina. Mucho sabe el río. Pero no dice nada. Por eso t’a fresco. […] No cuenta lo que ve. Por eso t’a fresco. Por eso no muere nunca. Todo lo guarda en el fondo”.
Y es en sus profundidades que la gente guarda todo lo que ha visto, lo que han vivido; no así las casas con sus paredes impactadas por las balas y sus ventanas rotas; no así los cuerpos morenos y delgados de los habitantes de Aldama que tiene cicatrices de esa violencia, testimonios de una violencia histórica, estructural e impune.
Después del asesinato de Pedro, la comunidad de Aldama registró dos ataques más en los que resultaron heridos Marcelino Santis de la comunidad de Chi’vit, cuando estaba trabajando en su parcela, y Julio César Pérez, de la comunidad de Xuxch’en, cuando se dirigía a la comunidad de San Pedro Cotzilnam.
La Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva ha hecho presencia en el lugar, por lo que se esperaba disminución de la violencia, sin embargo, continúa y también han recibido ataques.
A partir de 2016 la comunidad de Aldama comenzó a documentar de forma puntual el desplazamiento forzado, ya que las familias se han visto obligadas a refugiarse en otros espacios, con la finalidad de huir de los constantes ataques armados.
En marzo de este año, según datos de la municipalidad de Aldama, a través de Adolfo López presidente municipal, reportó que 300 habitantes de las comunidades de Cocó y Tabak se desplazaron a los campamentos provisionales para resguardarse de los grupos armados de Santa Martha que realizaban ataques en ese momento.
Desplazamiento forzado interno
El desplazamiento forzado interno, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es cuando las personas se han visto obligadas a huir de sus hogares como resultado de diversas formas de persecución. En este contexto, el desplazamiento forzado es una estrategia para sobrevivir, es una salida rápida e intempestiva en un momento determinado (Salazar y Álvarez, 2017).
Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en 2020 y hasta julio de 2021, al menos 13 mil 246 personas han sido desplazadas en el país. En 2019 registró 8 mil 664 personas desplazadas.
A nivel entidad, específicamente, según datos del CDH Fray Ba, en Chiapas el desplazamiento forzado interno es un fenómeno reciente que se rastrea a partir de 1994, cuando el Estado mexicano dirigido por Ernesto Zedillo, diseñó una política contrainsurgente con el objetivo de desarticular el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Esto provocó un desplazamiento forzado masivo nunca antes visto. La Coordinadora de Organismos No Gubernamentales por la Paz (Conpaz) contabilizó 17 mil 139 desplazados sólo en Comitán, Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano.
Sin embargo, se intensificó en los siguientes años: en 1997 despuntó debido a la creación de grupos paramilitares, responsables de la Masacre de Acteal.
Los principales motivos que prevalecen en el desplazamiento forzado en Chiapas sobresale la violencia política, la conflictividad social y los conflictos territoriales, así como las violaciones a los derechos humanos.
Los principales comunidades indígenas afectadas por el desplazamiento forzado son Tzotziles (Chiapas), Mayas Chol (Chiapas) y Tzeltales (Chiapas).
La CMDPDH documentó que de 2006 a 2018 se han registrado en Chiapas más de 5 mil 035 personas indígenas desplazadas por conflictos internos; en 2019 se registraron 668 personas indígenas desplazadas. En este año se registraron, en las últimas semanas, alrededor de 3 mil personas desplazadas por el conflicto y la violencia en Pantheló, desatada por el crimen organizado.
El CDH FrayBa afirma que en la actualidad el desplazamiento forzado interno persiste debido a que la fuerza paramilitar continúa y los sucesores han generado redes con mafias locales y han afianzado vínculos con gobiernos municipales, estatales y federales.
Camino incierto en Aldama y Chenalhó
Se han firmado 3 convenios de no agresión entre ambos municipios; en 2019, en conjunto con las tres órdenes de gobierno, la ONU y Organizaciones de Derechos Humanos se firmó el primero. En ese mismo año, en junio, se dio el “Banderazo de paz” en ambos municipios, encabezado por Alejandro Encinas, subsecretarios de Derechos Humanos; además se instaló la Base de Operaciones Mixtas, en Coco’, para “combatir” a estos grupos armados.
En noviembre del 2020, se llevó a cabo la “Firma de Acuerdo Definitiva Chenalhó y Aldama”, con los tres órdenes de gobierno, lo que consideraron era algo histórico.
Es historia para ellos, para nosotros no es. Para nosotros historia es la recuperación de nuestras tierras y la libertad de nuestro compañero. Porque nuestra dignidad no tiene precio”, advierte la comunidad de Aldama en documento escrito para la delegación estadounidense.
La comunidad denuncia que en marzo del año pasado, fue detenido Cristóbal Santiz Jiménez, vocero de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, “es un defensor de los derechos humanos y luchador social. Él es un rehén del gobierno actual de la entidad”, denuncian los pobladores de Aldama.
Desde febrero de este año, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de un comisionado, ha visitado de forma constante a la comunidad sin todavía alcanzar acciones concretas que lleven hacia la pacificación de la zona, ya que debe atravesar un proceso de deslinde territorial.
Pedro, de la comunidad de Aldama, explicó a Once Noticias que para realizar los deslindes territoriales ante Sedatu faltan todavía algunos procesos, “son tres: ejidatario, avecindados y asignación de tierras. Lo que falta, es que Santa Martha tiene que dar actas de acuerdo con los comuneros. No lo ha hecho, por eso está detenido”.
Hasta la visita de Once Noticias no se han llevado a cabo los deslindes y se ha recibido información sobre ataques constantes con armas de fuego hacia Aldama provenientes del municipio de Chenalhó.
Además el desplazamiento forzado continúa y algunas víctimas, como Lorenzo, están a la espera de lo primero que llegue: la justicia, la resolución del conflicto entre ambos municipios o que el Gobierno le brinde la ayuda económica para continuar construyendo su casa emergente.