Un grupo de 300 personas había llegado a
Tijuana, Baja California, en medio de aquel verano caluroso, típico del clima tipo mediterráneo en esta región. Fueron trasladadas desde California hasta la ciudad fronteriza, en condición de deportación o mejor dicho, en términos rosas de política migratoria, devueltas o retornadas.
La mayoría eran familias con menores y algunos no estaban acompañados. Los principales orígenes de las personas eran de Centroamérica aunque también había del
Caribe y de otras partes de México, principalmente de
Michoacán, Oaxaca y Guerrero.
Al conversar con ellas recordaron que fueron custodiadas por el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y llevadas a los centros de detención conocidos como “
hieleras“, ubicados en las fronteras de Estados Unidos y México. Algunas de ellas fueron detenidas en Texas y trasladadas hasta California.
Los niños y niñas jugaban en el albergue. Estaban emocionados y emocionadas por los
juguetes, los juegos y los talleres de dibujo. Era un grupo, de al menos, 50 menores de diversas edades: la más pequeña
era una niña hondureña de 2 años acompañada por su mamá que también decidió participar para hacer un dibujo que luego dio a su pequeña hija.
Los temas versaron sobre su lugar de origen, sus trayectos migratorios, los imaginarios sobre Estados Unidos y su experiencia de deportación. La mayoría tenía presente a sus mascotas o sus familias y también las imágenes de algunos lugares que habían conocido en Tijuana, porque unos días antes los llevaron en pequeños grupos, liderados por el Pastor Gustavo Banda, de la Iglesia Embajadores de Jesús, para que conocieran un poco la ciudad.
Las imágenes sin embargo, se compartían y se repetían: la mayoría dibujó lugares representativos de la ciudad como como el enorme aro con un reloj ubicado sobre la Revolución, la playa y caras felices disfrutando del sol. Todos y todas tenían presente el muro y la mayoría dibujó aviones en picada.
“A mí me gustó la playa, pero no que me subieran a un avión”, dijo Michel, de 11 años, originaria de Honduras que dibujó un enorme sol y un mar de azul oscuro con una paloma que advertía que le había gustado y a un lado, un avión con un tache, para mostrar su rechazo.
Emely, de 6 años, originaria de Honduras, con una confianza sorpresiva compartió su testimonio cuando estuvo en la “hielera”.
“
No me gustó, hacía mucho frío y nos dieron cobijas como aluminio. Para quitarme el frío mi mamita me abrazó. Luego nos subieron a un avión y yo sentía que me iba a caer. No me gustó y luego nos trajeron de noche, no vi nada.
Yo extraño mucho a mi papito. Aquí me gustan los chanchitos del albergue”.
Por otro lado, Lupita, de 10 años y originaria de Michoacán había sido deportada con su papá y su mamá. Era muy callada pero en su dibujó expresó también su rechazo a subirse a un avión.
Estas
imágenes y testimonios anteceden a la pandemia, durante la crisis cuando comenzaron a publicarse imágenes y videos sobre la separación de familias y sobre las inhumanas condiciones que había -persisten- en los centros de detención de Estados Unidos.
La experiencia migratoria
En el contexto último de las caravanas, que han sido disueltas en la frontera sur de México y -en la que la última se encuentra transitando por la costa chiapaneca- por parte de las autoridades migratorias de este país,
se ha documentado una presencia visible de menores, algunos en los brazos de sus madres y otros caminando bajo el turbio sol chiapaneco.
Ante la imposibilidad de obtener respuestas inmediatas a sus
solicitudes de regularización migratoria y de refugio han decido iniciar un tránsito pese a todo.
Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por la Infancia en México
(Redim), en conversación con
Once Noticias destacó que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos:
“esto quiere decir que hay obligaciones y acciones del Estado mexicano y de los gobiernos locales hacia ellos y ellas”.
Resaltó que los menores tienen el derecho a la libre movilidad para transitar los territorios, y que al pisar el territorio mexicano tienen el derecho de que el Estado vele por ellos.
“Con un extra de protección, porque son un grupo de alta vulnerabilidad por muchas cuestiones: pueden ser reclutados por el crimen organizado y grupos delincuenciales, pueden ser víctimas de abuso sexual o de trata de personas”.
Precisó que en
circunstancias de violencia por parte de las fuerza pública al intervenir para disolver las caravanas, los menores respondan con huir y enfrentarse a quedarse solos y expuestos a las violencia.
Tania compartió que por eso es relevante que las personas transiten en caravana, “les da una suerte de seguridad y vigilancia comunitaria”.
Se suele hablar de crisis migratoria responsabilizando a las personas en tránsito, sin embargo,
“no se trata de crisis migratoria porque los migrantes la traigan encima una vez que entran al país, se trata de una crisis en cuanto a la acción pública no es adecuada sino insuficiente y se detona en un sentido de persecución en vez de protección”, criticó la directora de REDIM.
Señaló también que las personas migran no sólo para perseguir el
sueño americano, sino porque
buscan huir de situaciones extremas de violencia en sus países originarios o para buscar oportunidades para subsistir, para huir de la pauperización de las economías familiares.
En consonancia con lo expuesto por Tania Ramírez, algunos de los
menores contaron que iban a alcanzar a alguno de sus padres que habían migrado antes y que estaban en Estados Unidos o también a otros familiares cercanos. Los que provenían de otras ciudades de México, por ejemplo, relataron que no querían regresar porque en sus lugares de origen había violencia. Todos y todas, sin embargo, sabían que transitaban en búsqueda de “algo”.
El mes pasado entró en vigor la nueva ley de migración con disposiciones importantes en el tema de menores migrantes, por ejemplo, su artículo 6 dice que
“en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes se garantizarán, […] los derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios”.
Tanía señaló que ese principio, la de no devolución, es fundamental, porque si un menor que huye de la violencia y al cual se logra contactar a la familia en territorio mexicano:
“Ahí sí la devolución sería útil en una ruta de restitución de derechos, de no ser así el Estado no puede devolverlos a su países. Es un enorme desafío para las capacidades institucionales e implica una enorme corresponsabilidad también con la sociedad civil y las organizaciones”.
En el primer semestre de este año, Redim registró un incremento de las detenciones en territorio nacional de menores.
En cuanto a las detenciones, el gobierno mexicano realizó
27 mil 861 detenciones de niños, niñas y adolescentes migrantes, entre 0 a 17 años, de enero a agosto de 2021 (40.5% mujeres y 59.5% hombres).
Esto representó un aumento de 273.3% con respecto al mismo período de 2020 (7 mil 463 casos en total).
En el tema de deportaciones de Estados a Unidos hacia México, con respecto al mismo período del año pasado también aumentó.
De enero a agosto de 2021, de un total de
15 mil 696 niños, niñas y adolescentes, de entre 0 a 17 años, (12.6% mujeres y 87.4% hombres) fueron
repatriados de Estados Unidos a México. Esto representó un aumento de 109% en comparación a la cantidad de repatriaciones de niñas, niños y adolescentes, al mismo período de 2020 (7 mil 487 casos en total).
Además, la repatriación a países del triángulo norte se registró un decremento de 18% sin embargo, 3 mil 625 menores fueron deportados por el Estado mexicano.
“Aunque se diga que los menores no están en reclusión, esas instancias que no les deja reagruparse con sus familias o grupos con los que transitan y no tienen libre movilidad eso representa un acto de detención”, denunció Tania.
¿Cómo hacer frente a esta situación?
La directora de REDIM compartió a Once Noticias que
se debe responder adecuadamente a los nuevos ajustes que marca la Ley de Migración y que debe responder a la protección de menores con un principio fundamental: el interés superior de la niñez.
“Lo marca la convención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Está consagrado en la Constitución en el artículo Cuarto y eso quiere decir que frente a cualquier toma de decisiones de los múltiples intereses (el sanitario, económico, seguridad) debe prevalecer el interés de la niñez, se debe garantizar y proteger sus derechos en un sentido muy amplio. Garantizar su derecho a la vida, a la vida libre de violencia, a tener protección y hacernos cargo de que México también es un país de acogida, no sólo de tránsito”, declaró.
Sentenció que se debe generar las posibilidades para que los y las menores se reencuentren con sus familias o para que puedan desarrollar en este país sus propias vidas en condiciones dignas.
Sólo de enero a septiembre de 2021, según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, fueron
presentados ante la autoridad migratoria 39 mil 076 menores que oscilan entre los 0 y 17 años.
El grupo más numeroso fueron los menores de
0 a 11 años con una cifra de 25 mil 462. Mientras que el grupo etario de 12 a 17 años fue de 13 mil 614, no obstante, representó significativo ya que 8 mil 577 eran menores no acompañados.
Con respecto al origen de estos menores: 34 mil 248 eran originaros de América Central (El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua). Del Caribe eran mil 594 (Haití y Cuba) y 3 mil 003 de América del Sur (Chile, Brasil y Venezuela).