En las últimas semanas, las fronteras mexicanas han vivido momentos de tensión ante el flujo migratorio en el país. En la frontera norte, las personas de diversas nacionalidades solicitantes de asilo han quedado varadas por las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos cuyo argumento de salud emitió el Título 42.
Sin embargo, dichas restricciones no son nuevas sino un constante devenir de acciones que se esperaban cambiarían con el nuevo gobierno estadounidense, que fueron heredades de la administración de Donald Trump. Las personas solicitantes de asilo se han visto obligadas a tener que esperar en ciudades fronterizas, como Tijuana, debido a que son retornadas para esperar sus procesos en estos lugares.
Ante la violación de tratados internacionales, la Organización Binacional Al Otro Lado demandó al Gobierno de Estados Unidos, principalmente a Alejandro Mayorkas, líder del Departamento de Seguridad Interior de aquel país.
Al pasar la elección de Donald Trump, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) empezaron a negar la entrada a las personas solicitantes de asilo. Antes de eso, las personas que pedían protección podían ir a un puerto de entrada, y a través del Convenio de Refugiados, pedir asilo en el país del norte.
Once Noticias conversó con Erika Piheiro, directora de litigio y política de la Organización Al Otro Lado, quien afirmó que, “documentamos más de 500 casos que fueron negados, lo que es una violación de la ley durante ese tiempo”.
Desde 2017, Al Otro Lado inició el proceso de demanda. Desde entonces han avanzado y se ha reconocido que es ilegal retornar a las personas que solicitan asilo, sin embargo, aún el gobierno estadounidense busca detener dichos procesos. Desde ese año, la organización ha documentado y ha recibido evidencia de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) negó la entrada para pedir asilo a las personas, bajo el argumento de que no tenían la capacidad para procesar a la gente.
“Pero la evidencia demuestra que eso fue mentira. Fue una política para reducir el número de personas que buscaban protección en Estados Unidos. El argumento de falta de capacidad fue un pretexto”, denunció la abogada.
Por todo ello, Al Otro Lado sometió una moción para ir a juicio debido a que es inconstitucional.
La jueza está de acuerdo con nosotros de que la ley de EUA dice que CBP tiene la obligación de aceptar a una persona que se acerca a una puerta de entrada a pedir asilo. Esa decisión salió hace una semana y tenemos hasta el primero de octubre, de someter argumentos escritos de que pensamos que debe de ser el remedio. Estamos pidiendo que reabran el proceso de asilo en las puertas de entrada y el gobierno tiene su oportunidad de proponer. Después de eso la jueza tendrá la última palabra”.
La abogada señaló que no ha cambiado la política en la frontera, sino que se ha recrudecido pese al cambio de administración. Relató que actualmente la ACLU sostiene otra demanda contra el Título 42 que es una medida restrictiva que justifica el cierre de la frontera debido al COVID-19.
Durante el proceso del juicio documentamos excepciones de que sí se procesaron personas en las puertas de entrada bajo excepción, pero eso ya no existe. Ahorita no hay ninguna forma de pedir asilo en alguna entrada. Nosotros afirmamos que sí tienen la capacidad y ya tenemos los protocolos de solicitantes de asilo, de una manera que proteja y no afecte la salud pública. Hemos construido ese sistema en los últimos seis meses. Seguro el gobierno dirá que no pueden reabrir los procesos debido a la pandemia”, señaló.
Enfatizó que ha sido una pesadilla, “mucho peor que cuando estuvo Trump”. Contó que en la actualidad se han deportado a cientos de personas diariamente en las fronteras del norte. Se mostró preocupada por el contexto de pandemia, ya que han incrementado los casos de COVID-19 y se están violando los derechos humanos de las personas:
“Mucha gente cruza en Texas. Los detienen, les dicen que los dejarán salir en California y luego los mandan a Tijuana. Los mandan sin zapatos, sus cosas las llevan a la basura. Hemos visto separación de familias y los mandan y no nos avisan”.
Denunció que el Gobierno de México no ha puesto los recursos para resolver este problema. La Organización en coalición con otras organizaciones han documentado más de 6 mil casos de violencia cometido contra las personas que han sido devueltas bajo el Título 42, además con las personas que asesoran y apoyan han documentado violaciones graves como trata laboral y sexual.
El objetivo de Al Otro Lado con esta demanda es reabrir las puertas de entrada para que las personas soliciten asilo. No obstante, han visto que a lo largo del tiempo el Gobierno estadounidense ha intentado poner filtros, para evitarlo de cualquier forma.
Esta práctica de rechazo es una violación de la ley que prohíbe el retorno a las personas a países en los que pueden sufrir persecución o tortura. La jueza dijo que muchos países están rechazando a las personas, y que no estaba segura que fuera normativo a nivel global. Eso nos preocupó porque en México usan a la Guardia Nacional para detener a las personas y evitar que lleguen a la frontera estadounidense. Son opresivos”, denunció.
La abogada se dijo preocupada porque en la frontera de Tijuana-California, hace unas semanas, llegaron aproximadamente 2 mil elementos del Ejército mexicano.
“Los vemos en las filas de las puertas de entrada. México está involucrado en eso. Tienen que respetar el derecho de asilo”, enfatizó.