Venturino Torres Escobar y su esposa Asunción Gómez Sánchez son ex presos políticos, quienes fueron detenidos el 21 de octubre del año 2019. Iba rumbo a su trabajo en San Cristóbal de las Casas, pero justo al llegar a la terminal de autobuses se le acercaron sujetos vestidos de civil y armados; se los llevaron.
“En ningún momento
nos presentaron alguna orden de aprehensión, estaban vestidos de civiles, pensamos que era un asalto o un secuestro y pues
no pudimos hacer nada nos amenazaban con que nos iban matar y que íbamos a sufrir. Afortunadamente no nos hicieron nada. Porque a compañeros de la lucha los han desaparecido o ejecutado extrajudicialmente. Ya en el auto
nos dijeron que estábamos detenidos y yo les preguntaba por qué pero ellos me decían que yo tenía que saber. Nos llevaron (desde Chiapa de Corzo) a la
Fiscalía de Tuxtla Gutiérrez donde nos amenazaron también. A escondidas pude llamarle a mi hija para que avisar que nos estaban privando de la libertad porque nunca me presentaron una orden de aprensión”,
explicó Venturino en entrevista con Once Noticias.
En esa penitenciaria, del Amate de Chiapas, llegaron dos días después de su detención. El miedo al entrar a la prisión los invadió y fue en ese momento cuando separaron a la pareja que había sido detenida; de un momento a otro los hijos de esta familia habían quedado al desamparo. Al llegar sufrieron de
extorciones, de torturas y de tratos crueles.
El conflicto inicio en el año 2017 con un hombre que llego a decirle a don Venturino que tenía que
desalojar esas tierras porque ahora les pertenecían a otras personas. La asamblea de la comunidad reconoció que las tierras eran de la familia Torres, ese documento se presentó como prueba en la carpeta 36/2019.
La siguiente audiencia para la pareja llegó más de un año después de estar en prisión.
“La fiscalía ya sabía que no existían delitos, sin embargo, a nosotros por tener una participación con una organización que es el Frente Nacional de Lucha (FNL) nos aplica ese castigo para quebrantar nuestra voluntad de lucha, porque en realidad ese delito nuca se cometió. Nuestra audiencia intermedia fue hasta el 15 de diciembre de 2020 y querían darnos más largas pero mi abogado ayudo para que me dieran el derecho de audiencia que inició el 25 de diciembre y culminó el 29. En esa semana nos liban alargando los procesos y la decisión del juez, nosotros sabíamos que no había razones para estar ahí, sin embargo, el juez le fue buscando y buscando y la verdad estuvo muy en suspenso ese tiempo”, relata Venturio.
“Gracias a los documentos de mi abogado del FNL el juez determinó que realmente nunca se cometió un delito porque el señor no pudo acreditar su propiedad, pero mi esposa y yo pasamos dos años en la cárcel por culpa de la Fiscalía”.
En la cárcel lo colocaron en el módulo dos, conocido como el módulo azul, en el tercer piso del ala “B”.
La pareja cuenta a detalles que la alimentación es pésima, no hay atención médica y se tenían que dormir en el pasillo. No les asignan una plancha para dormir, ahí si algún prisionero quiere dormir dentro de una celda y sobre una plancha de concreto tiene que pagar.
“Cada preso que llega al Amate es un signo de pesos para el sistema penitenciario. Por ejemplo si uno quiere trabajar le cobran, si quieres celda te cobran, si quieres comer también. El gobierno nuca se preocupa por las personas que entran a estos lugares”.
“Ese año el gobernado Rutilio Escandón desató una oleada contra las organizaciones. Por eso
nos quedaba completamente claro que esto era una acción del Estado para rompernos y desanimarnos, pero nunca bajamos la guardia porque sabíamos que íbamos a comprobar que todo era falso. En ese entonces
estaba de fiscal José Luis Abarca quién encabezó toda la
ola represiva contra las organizaciones”, indicó.
Venturino Torres exige justicia contra la Fiscalía y contra las personas que se prestaron para este caso, por el daño que les hicieron a su libertad, a su familia y al movimiento social.
“Hubo muchos prejuicios en estos dos años. Y para que esto no se vuelva a repetir le pediría a la fiscalía del estado, que a antes de meter a una persona a la cárcel pues que haga su trabajo, que investiguen porque en este país no investigan solo fabrican culpables y hacen que la gente confiese a punta de tortura”, concluyó Venturino.
