El Servicio Jesuita a Migrantes en México urgió al Estado mexicano a incluir en sus políticas públicas acciones para frenar la desaparición de personas migrantes, a través de la creación de rutas seguras así como erradicar la criminalización de este sector de la sociedad.
Al presentar su más reciente informe, el colectivo detalló que para enfrentar la desaparición de personas en tránsito por México no es suficiente contar con mecanismos de reporte o de denuncia, investigación, búsqueda e identificación pues todas estas acciones parten de un hecho ya ocurrido.
“La prevención de la desaparición de personas migrantes es un asunto al que el Estado Mexicano le está dando poca o nula atención a pesar de ser una obligación consignada en tratados internacionales como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, indicó.
En el documento, el Servicio Jesuita relata además que de acuerdo con los datos aportados por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria SJ, en un informe relativo a las violaciones a Derechos Humanos en las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala señala que:
“En la práctica cotidiana, el Instituto Nacional de Migración (INM) es una instancia que detiene, aloja o contiene, incomunica, violenta y procesa de forma inadecuada a personas migrantes”.
La investigación del Servicio Jesuita a Migrantes en México añade que la desaparición de migrantes en tránsito por México es un fenómeno tan cotidiano como poco atendido y a pesar de que las desapariciones ocurren todos los días no existen datos certeros que permitan conocer la magnitud real del problema y muchos de los datos con los que se cuenta ahora, han sido generados por organizaciones no gubernamentales.
Ante tal escenario, el grupo religioso exigió al Gobierno mexicano a poner en marcha un registro público nacional de detenciones arbitrarias a fin de localizar de manera más sencilla a los indocumentados que permanecen al interior de las estaciones migratorias del país.
“Este registro en la práctica ya debería de existir, pues la Ley Nacional del Registro de Detenciones publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en mayo de 2019, no solo mandata la creación de este registro sino la puesta en marcha de este de manera accesible a cualquier persona (…) Este registro es crucial pues permitiría que familiares de personas desaparecidas y quienes las acompañan en su búsqueda puedan acceder a información vía remota sobre su posible paradero”, indicó la organización.
En entrevista con Once Noticias, Samara Elizabeth Navarrete Cisneros, abogada del área de Atención del Servicio Jesuita a Migrantes, relató que cada uno de los casos resulta relevante, pues no pueden ser vistos como una cifra solamente.
Por ello llamo a las autoridades a trabajar de manera coordinada, a fin de disminuir los riesgos a la población en tránsito por nuestro país.
“Creemos que es muy importante quitar la estigmatización y esta criminalización que sufren las personas migrantes ya que mientras esta siga, las personas van a buscar rutas que no estén controladas y por lo tanto son rutas peligrosas y ellos pueden caer en manos del crimen organizado y pueden ser víctimas de trata. Por eso lo principal es quitar la estigmatización, darles a conocer su derechos”, indico.
En el documento el Servicio Jesuita a Migrantes en México señala que,entre 2007 y 2021, la organización atendió a los familiares de mil 280 casos de migrantes que permanecen en calidad de desaparecidos. Con ello a decir de la organización se presentó un promedio mensual de 17 casos.
De acuerdo con el documento, 908 de los migrantes desaparecidos son de origen centroamericano, 281 son de origen mexicano y 89 sudamericanos. Los datos registrados por la organización señalan que 179 fueron personas menores de edad y mil 100 fueron adultos entre los 18 y 59 años.
El texto detalla que con la orientación del Servicio Jesuita al menos 700 migrantes fueron localizados en distintas estaciones migratorias de Chiapas y Tabasco, además de centros de detención migratoria en Estados Unidos, pero a decir del Servicio Jesuita, la cifra no es exacta debido a que resulta complicada la retroalimentación con las personas que iniciaron alguna búsqueda.
Del mismo modo añade que de la totalidad de migrantes desaparecidos, la organización recibió un 28% de solicitudes de búsqueda desde Estados Unidos; 24% desde México; Nicaragua y Honduras con 13%; Guatemala con 11%; el Salvador con 5% y 6% de otros países del continente.
El informe añade que los lugares de último contacto fueron 94% se ubicaban en México y el restante 6% en Estados Unidos; 96% señalo como lugares de destino Estados Unidos y únicamente 4% nuestro país.
“Estos porcentajes son cruciales pues dejan entrever que las personas migrantes desaparecidas son buscadas no solo por familiares en sus respectivos países de origen, si no por familiares que se encuentran en los lugares de destino quizá por tener mayores facilidades económicas y tecnológicas para hacerlo”, indicó la organización.
Al hacer un recuento de las desapariciones ocurridas en territorio mexicano, la organización refiere que de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, únicamente se tiene el registro de dos mil 733 personas extranjeras desaparecidas entre 1964 y 2022.