Albergues para personas migrantes, formados por la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, denuncian que en los últimos dos años se han agudizado ataques y hostigamiento en contra de estos espacios.
De acuerdo a Gisela Martínez Miguel, coordinadora del Programa de Acompañamiento a Personas Defensoras de Derechos Humanos en la orden religiosa Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (SMR), en entrevista con Once Noticias, expresó que los principales agresores son el Estado, las comunidades y el crimen organizado.
Al respecto relató que les preocupan las agresiones por parte del Estado, dado que ejerce violaciones a los derechos humanos y obstaculiza su labor. Y es que son perpetradas por autoridades que pertenecen al Instituto Nacional de Migración (INM) o autoridades judiciales que allanan las instalaciones.
Con respecto al crimen organizado, subrayó, las agresiones se dan en la cooptación que hacen de las personas migrantes, a quienes obligan a trabajar con estas agrupaciones. Esto genera incidentes de riesgo en contra de las personas defensoras que laboran ahí y atenta contra la labor del espacio. Afirmó que también se mezcla con la falta de acción por parte de autoridades judiciales.
Con respecto a las agresiones de las comunidades dijo que se expresan en discursos discriminatorios y estigmatizantes hacia las personas migrantes.
“Entonces el ‘coctel’ en el que los albergues tienen que realizar su labor tiene muchísimas complejidades y enfrentan amenazas, pero no solamente eso”, expresó.
Al solicitar una lista sobre las agresiones a los albergues registradas por el SMR, la activista detalló que esta agrupación acompaña alrededor de 19 albergues en todo el país, de los cuales al menos cinco han recibido agresiones, en estos dos años:
- Con respecto a las agresiones por parte del crimen organizado sobresale que el hostigamiento hacia el Centro de Atención a Migrantes, Éxodus – CAME, en Aguaprieta Sonora. También hacia el Albergue Monseñor Guillermo Ranzahuer, atendida por la Diócesis de San Andrés Tuxtla en la región de Oluta, Veracruz.
- En el Albergue El Caminante, Jtatic Samuel Ruiz, ubicado en Palenque, Chiapas, han padecido agresiones por parte de la misma comunidad. Otro albergue que ha padecido el mismo tipo de agresión es La Sagrada Familia, en Apizaco, Tlaxcala.
- Con respecto a agresiones por parte del estado, el Centro de Día para Migrantes, Jesús Torres, en Torreón, Coahuila, las personas que laboran en este espacio han recibido agresiones por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Gisela Martínez, integrante del SMR, hizo un llamado al Estado mexicano para proteger la labor de estos centros de ayuda humanitaria.
“Es necesario que el Estado cumpla con sus obligaciones (…) Por ello le pedimos que se abstenga de obstaculizar esta labor. La segunda es que debe de garantizar que la labor de estos centros se pueda realizar sin riesgos. La tercera es que cuando haya denuncias sobre violaciones a derechos humanos, la autoridad tendría que hacer uso expedito e investigar de manera cabal, para dar con los responsables y sancionarlos por estas agresiones, algo que en la generalidad no se cumple”, señaló.
Recordó además que la impunidad en los ataques a estos sitios es un caldo de cultivo para que se perpetúen. Asimismo, enfatizó que los albergues suplen una labor que le correspondería cumplir al Estado mexicano.
“Tendría que haber espacios dignos para que las personas migrantes no permanezcan en las calles o no estén a píe de vías”, apuntó.
Preocupa estigmatización y rechazo de población local
Por su parte, Sergio Luna, director del albergue “La Sagrada Familia” ubicado en Apizaco, Tlaxcala, detalló que este sitio atiende a unas 8 mil personas al año, y que ha sido testigo del alza de actitudes estigmatizantes por parte de la población local hacia las personas en tránsito.
Señaló que esas agresiones han sido alentadas por la política migratoria, dado que impulsa una política de seguridad que no está encaminada a visualizar a la migración como un derecho humano en donde el Estado garantice un tránsito seguro.
Luna detalló que desde 2019 este sitio ha padecido ataques y hostigamiento. Una prueba fue el incendio a sus instalaciones provocado por personas desconocidas en ese año. A ello se suman amenazas de muerte y persecución del equipo que labora en este lugar, por lo que tuvieron que pedir apoyo del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
El defensor denunció que el pasado 5 de septiembre, vecinos de la comunidad colocaron una barda de concreto, para impedir el acceso a las personas en tránsito a este albergue, sin autorización de autoridades municipales.
“Esto nos preocupa porque vemos que este flujo migratorio no disminuirá, sino que se mantendrá (…) Nosotros hacemos un llamado a toda la ciudadanía en general y particularmente a nuestra comunidad local que tengamos la disposición de dialogar (…) los migrantes no quieren quedarse en México, sólo buscan transitar para llegar a Estados Unidos”, expresó.
Recordó que las problemáticas sociales derivadas de la migración no deben reducirse a un conflicto vecinal, ya que el Estado es quien tiene que garantizar el derecho al tránsito seguro.
“Por lo tanto para nosotros nos queda hacer un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales, para que atiendan todos los conflictos. No puede el Estado hacerse a un lado. Por tanto, deben contribuir a la atención humanitaria de esta problemática y hacerlo en el marco del respeto de la legalidad”, sentenció.
Once Noticias buscó al INM, para obtener su postura en torno a las agresiones hacia los albergues de personas migrantes, sin embargo, la oficina de comunicación social respondió que corresponde a Fiscalías locales atender e investigar las agresiones.