Organizaciones sociales y populares apoyan la iniciativa de reforma eléctrica que envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, pero piden ser incluidos en los procesos de cambios en materia energética.
Juan Manuel Hernández López, presidente de la Alianza de Organizaciones Sociales, en entrevista con
Once Noticias señaló la importancia que esta reforma tiene para el país.
Aclaró que la postura es parte de una proceso de
participación histórica de gente en movimientos de la lucha social, que buscan alternativas a los sectores más desprotegidos, cómo lo es el comercio informal.
“La nueva reforma busca quitarle a la iniciativa privada, todo lo que nos han quitado de alguna manera para buscar la nacionalización de nuestros recursos y quitarle el agandalle que empresarios nacionales y extranjeros han hecho para el bienestar de sus beneficios, y eso es en consecuencia de las reformas energéticas de las administraciones anteriores. No es posible que los empresarios tengan el control de la gente y de nuestros derechos sumergidos en el capital industrial. La población y sociedad somos los que menos tenemos y más pagamos, dependemos de precios de especulación y control que superan la propia soberanía de este país. Hoy se trata de impulsar un proceso con mejores beneficios para los mexicanos”, indicó Juan Manuel Hernández.
Que el Estado Mexicano pueda tener el
control de los recursos energéticos es parte fundamental del apoyo que ofrecen las organizaciones, pues sacarlo de la
especulación del mercado global ayuda a que las negociaciones y exigencias se tengan que someter a un Estado de Derecho y no a políticas privadas de las diferentes empresas.
Sin embargo, las organizaciones exigen
la inclusión de sus propuestas para tener una participación responsable en estas decisiones; entre ellas está la inclusión y regularización de los trabajadores de la vía pública, que su trabajo y organización sean incluidos en estas reformas eléctricas.
“Ante la Comisión Federal de Electricidad siempre se solicitó que pudieran regularizar a estos comerciantes para poder generar una responsabilidad compartida por los servicios que recibían, sin embargo, la respuesta fue que los comerciantes debían bajar la luz y pagarle una tarifa a los inspectores que pasarán con la orden de recaudación”, dijo Hernández.
Las organizaciones se negaron porque no existía un verdadero proceso de regularización y tener los beneficios de un consumidor responsable. Con base a presiones hicieron un cambio y lograron esa regularización en unas áreas de Ciudad de México, pero aún quedan muchas familias de comerciantes por regularizar su consumo.
“
Llevamos propuestas a todos los gobiernos, locales y federales, para que vean que
hay agrupaciones que quieren cambiar las formas y procedimientos, para tener una participación responsable dentro de estos proyectos, pero lo que pedimos es que se nos otorgue el derecho que recibimos, bajo tarifas justas. Por eso creemos que esta reforma debe incluir a la
gente que trabaja en la calle y busca ser responsable con lo que recibe. Creemos que formar parte de ese proceso nos ayudaría a crecer juntos como sociedad y gobierno, porque sabemos que
el comercio ambulante es una de lo más golpeados, abandonados y perseguidos en todo tipo de propuestas y proyectos. Esta propuesta marcaría un precedente para quienes forman la base comercial de esta gran ciudad”, concluyó Juan Manuel Hernández López.
