Jorge Antonio Mercado y Javier Arredondo estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, fueron asesinados, el 19 de marzo de 2010, por elementos del Ejército Mexicano. Días después las versiones oficiales criminalizaron a los jóvenes estudiantes y desde esa fecha comenzó la lucha de las familias de las víctimas.
Ha habido pocos avances por el caso. Tres, de los seis soldados implicados en el doble homicidio, están detenidos en una cárcel militar.
Once Noticias platicó con Rosa Mercado, madre de Jorge, uno de los jóvenes víctimas del Ejército, para entender en qué situación está el caso, luego de que la semana pasada había amenazas de que le darían “carpetazo” a investigaciones claves.
Enredos jurídicos
Al inicio del expediente se creó una averiguación denominada “expediente original”, en esta se nombran los delitos de “homicidio calificado, alteración de los hechos, portación ilegal de armas de fuego, abuso de autoridad, difamación del honor y robo de identidad”. Seis delitos que en 2019 se dividieron en tres carpetas de investigación con el supuesto de no afectar una investigación con la otra y así poder desligar las responsabilidades de manera separada.
Ese año se hizo un resumen del “expediente original”, conformado por 36 tomos que quedaron resumidos en un “mini expediente” de tres libros.
Para mí que no está bien hecho ese resumen, porque cuando ellos llegaron (los ministerios públicos) a consignarlo al juzgado cuarto, el magistrado dijo que no les competía por la fecha que tenía ese nuevo documento (2019) y me mandaron a las oficinas del nuevo sistema penal, en esas oficinas dijeron que cómo los delitos habían pasado en el 2010, tampoco les competía. Al final el ‘mini expediente’ fue al nuevo sistema, pero el juez dijo que faltan muchos elementos y que el ministerio público tenía que completarlo, entonces el caso aún no está consignado”, explicó Rosa Mercado.
Las tres carpetas quedaron divididas así: el delito de homicidio ya está consignado en el Juzgado Cuarto de lo Penal a nivel Federal; el delito de portación ilegal de armas de fuego está a cargo del ministerio público Berenice Hernández García; y de los cuatro delitos restantes no hay información para la familia. Sobre el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) negó entrevista a Once Noticias, pero ofreció un boletín de prensa.
“Estamos molestos porque nunca nos informan de lo que van a hacer y siempre lo hacen a escondidas de nosotros. Esa información es nuestro derecho y para ellos es una obligación avisarnos de nuestro expediente”, expresó Rosa Mercado.
A la señora le hablaron para avisarle sobre el delito de portación ilegal de armas de fuego y le dijeron que “ya no había elementos para seguir con esa investigación y que todos los resultados eran negativos. Después me estaban solicitando las pruebas que podría desahogar para que el expediente pudiera seguir abierto, porque si yo no tenía sugerencias, entonces el expediente lo iban a archivar. Y me dijeron que como yo no sabía, necesitaba de un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero llevo meses sin asesor porque los cambiaron de lugar, nunca me avisaron cundo renunció mi anterior abogada y que nadie lo tomó mi caso. Nombrar a otro abogado, es otro procedimiento que lleva mucho tiempo. La licenciada (Berenice Hernández García) sabía que yo no tenía asesor y mandó el oficio con fecha del 9 de julio y me dio diez días para contestar y fue hasta hoy (16 de julio) que me asignaron defensores”, explicó Rosa Elvia.
Por su lado, el comunicado de la FGR informó que mantienen “una investigación adicional por las armas de fuego localizadas en el lugar, hechos que en nada afecta el proceso penal anterior (el homicidio), y en la cual se han realizado multitud de diligencias sin que hasta la fecha se haya podido determinar la procedencia del ejercicio de la acción penal. El agente del Ministerio Público notificó a las víctimas indirectas del homicidio y a su asesor el estado de la indagatoria y les solicitó que en breve manifestarán si tenían alguna información o prueba que ofrecer, puesto que por el momento no advertía alguna otra diligencia que practicar”.
Sin delitos en el fuero civil, pero con proceso concluidos en el sistema militar
A lo largo de la entrevista, la señora Rosa Mercado remarcó en varias ocasiones que no es notificada de ninguno de los movimientos que se hace dentro de sus carpetas de investigación, es por eso que desconoce dónde están consignados o quién atiende los cuatro delitos restantes (abuso de autoridad, alteración de los hechos, robo de identidad y difamación del honor), no sabe si harán alguna investigación o seguirán alguna línea. Tampoco sabe cuándo se queda sin abogado y cuándo le asignan otro, mucho menos se entera de los procedimientos militares que llevan los asesinos de su hijo.
La FGR publicó en su comunicado que “el Ministerio Público ha impulsado una secuela procesal, en la cual las víctimas indirectas y su asesor están participando conforme a derecho”.
Si cierran el expediente de portación ilegal de armas es muy preocupante, porque ya no hay elementos que investigar, ya no habría más delitos de que acusar a los militares porque quiere decir que no hubo alteración de los hechos y por lo tanto no hubo difamación y así todo quedaría sin elementos”, explicó Rosa Mercado.
Hasta el momento se sabe que no hay ningún soldado condenado en el fuero civil. Son seis militares inculpados, tres de ellos están en una cárcel militar y de los otros tres no se sabe nada, porque cuando iniciaron las investigaciones ya habían desertado.
“Ya tienen cinco años y todavía no los encuentran, siempre preguntamos por esa investigación y nos dicen que la policía tal tiene que investigar y cuando vamos con esos policías, nos dicen que no, que ellos no son los encargados y nos mandan de un lado a otro. Parece juego de niños y son dos vidas de las que se están hablando”, añadió la señora Mercado.
Por lo que se entiende dentro del fuero militar ya hubo un proceso en el que inculparon a tres soldados y por eso están en las cárceles castrenses, sin embargo, no hay un dato que pueda confirmar el motivo de acusación y qué delitos están pagando dentro de ese fuero, pero de lo que sí se puede afirmar es que no están imputados en ninguno de los delitos en el sistema penal del fuero civil.
En 2019, el Gobierno Federal hizo una disculpa pública, pero la familia denunció que dentro del caso en materia jurídica y de justicia, no avanzaron.
Lo único que se hizo en el Juzgado Cuarto, fue un desahogo de pruebas, al terminar eso ya no hubo nada, estuvieron buscando a más personas para que les ratificaran su declaración y no las han encontrado, todo sigue parado. No sé qué se tiene que hacer para llegar a la justicia, pero nosotros seguiremos peleando hasta donde dios nos permita. Ha sido un camino muy difícil no sólo sufrimos su ausencia (de los muchachos) sino también la lucha contra autoridades y la revictimización. Yo sé que Jorge está descansando, pero la forma en la que se fue no es justa y hasta que no encontremos justicia no habrá paz”, concluyó Rosa Mercado.