El ejercicio de democracia directa que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto no consideró a la población en prisión preventiva a pesar de que, en el año 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó una sentencia en el que esta población podría ejercer su voto, ya que bajó la presunción de inocencia, sus derechos políticos no tendrían que suspenderse.
Once Noticias habló con Valentina Lloret, coordinadora del Área Jurídica del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social y del Observatorio de Derechos Políticos y Electorales de las Personas en Prisión “Libres Para Elegir”.
Más allá de cuántas personas tienen que emitir su opinión en este ejercicio, estamos hablando de un momento histórico en el país en el cuál no deberíamos dejar fuera a las personas privadas de la libertad, que en su mayoría son víctimas de las decisiones políticas que se han tomado en el pasado”, explicó Valentina Lloret.
En el Consejo Electoral de este año se llevó a cabo una prueba piloto en los centros penitenciarios federales y las personas en prisión preventiva ejercieron su voto, sin embargo, en esta Consulta no se les consideró a esta población.
La abogada contextualizó que debería incluir a la población carcelaria, ya que también son víctimas de decisiones políticas del pasado.
La pregunta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Consideramos que en este universo de personas en prisión preventiva sería sumamente importante consultarlos porque hablamos de posibles víctimas que fueron privadas de su libertad. Y también tenemos que considerar que las situaciones actuales de las cárceles son parte de las decisiones del pasado. Esas son alguna de las razones por la que tendrían que ser consideradas esta población”, explicó la abogada.
Precisó que los delitos con mayor incidencia por el que las personas están privadas de su libertad son el robo y el narcomenudeo. Mismos que son el resultado de años de políticas económicas y de seguridad que tienen repercusiones en la vida de las personas.
La precarización y la criminalización de la pobreza son las causas por las que personas entran en conflicto con la ley. Si queremos representar la justicia debe de ser para todos, y está población no se está tomando en cuenta. Registramos un aumento de casos en los que se registró tortura para las personas que permanecen en prisión preventiva. Todos estos factores deberían de tomarse en cuenta para sumar a estas personas al ejercicio político, o al menos a quienes el Tribunal ya otorgó el derecho al voto”, detallo Valentina.
Además, expresó su preocupación por que las instituciones electorales no hagan el intento de cumplir estás obligaciones, porque en las elecciones del año 2024 se tienen que llevar a cabo en todos los centro penitenciarios del país.
“Nos preocupa que el INE no siga generando pruebas para llevar a cabo este ejercicio. Es fundamental que puedan irse multiplicando estos ejercicios y que puedan profundizar estos ejercicios democráticos como la consulta. Nos llama la atención que los promotores de esta consulta ni siquiera consideraron a esta población. No hay un interés de acercar la opinión de estas personas a las decisiones políticas que se toman”, consideró Valentina Lloret.