Reportajes especiales

Por caso Solid Gold, la justicia ha sido negada para Jacqueline desde hace 9 años

Jacqueline fue privada de su libertad el primer día que entró a trabajar como personal de limpieza; pese a pruebas de inocencia permanece en penal de máxima seguridad en Morelos.

Hace 9 años el caso Solid Gold fue un escándalo mediático en Ciudad de México, dados los delitos que se cometieron y que involucraron a dueños del establecimiento y diversas autoridades ligados a trata de personas y explotación sexual, luego de que 38 mujeres (32 mujeres extranjeras y 6 mexicanas) fueron rescatadas, por elementos de la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF), de este centro nocturno, ubicado en la Zona Rosa.

Ninguna de esas personas responsables han enfrentado la justicia. En aquel lejano 9 de agosto de 2013, fueron detenidas 7 personas, entre ellas Jacqueline Raquel Castillo. Al poco tiempo, dos personas salieron absueltas (un taxista, quien llevó a Jacqueline al hospital y un acompañante empleado del mismo establecimiento).

Mientras tanto, las mujeres permanecen en reclusión. El caso más conocido es el de Claudia Sánchez, empleada administrativa, condenada a 22 años de prisión. Su caso ha sido mediatizado, dado que acusó ser “chivo expiatorio” y ha solicitado intervención del ministro Arturo Zaldívar.

No así para Jacqueline (fue detenida el primer día que se presentó a laborar como personal de limpieza), quien se encuentra desde hace 9 años privada de su libertad, primero en el Penal Federal del Rincón, en Nayarit y luego, en el Centro  Federal de Readaptación Social número 16 Femenil, ubicado en Morelos, un penal de máxima seguridad.

Magaly Castillo, en entrevista con Once Noticias, acusó que hasta ahora la justicia ha sido negada a su hermana y que ha sido selectiva en tanto que el caso ha sido invisibilizado, junto al de Juana (que al igual que Jacqueline laboraba en limpieza del establecimiento), por lo que pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención dadas las violaciones a los derechos humanos (detención ilegal y arbitraria, así como una presunta declaración que la inculpa pese a tener evidencias de inocencia) y al debido proceso (la dilación de este).

Una justicia negada y selectiva a Jacqueline

Jacqueline vivía en el municipio de Chimalhuacán, en Estado de México. En este lugar aún viven sus hijas, su esposo y también su hermana con su respectiva familia. Es Magaly Castillo, quien ha decidido luchar por la liberación de su hermana, porque tiene la esperanza de un halo de justicia en medio de irregularidades, promesas incumplidas y amenazas.

La ‘pesadilla de Raquel’, como también la llama su hermana, comenzó el primer día que se presentó a trabajar en el Solid Gold, aunque su historia comienza un poco antes de aquel 8 agosto de 2013.

Jacqueline había dejado su anterior trabajo porque tenía poco tiempo para estar con sus dos hijas. En aquel tiempo tenía 32 años y proyectos por delante que quedaron truncados. En su búsqueda encontró una oferta laboral para realizar la limpieza de un restaurante-bar ubicado en la calle Londres, dentro de la Zona Rosa, llamado Solid Goldun espacio que en realidad fungía como un tabledance en el que las mujeres, en su mayoría extranjeras, prestaban de forma obligada servicios sexuales, de acuerdo a las declaraciones y las averiguaciones–.

Su plan era trabajar en horario nocturno para tener las tardes libres y atender a sus hijas, quienes por entonces tenían 6 y 11 años de edad.  Por la mañana, podría llevarlas a la escuela y tomaría su descanso en ese breve lapso. Su plan era perfecto para aliviar las ausencias maternas a causa del trabajo anterior.

Sin embargo, jamás imaginó que la peor pesadilla de su vida comenzaría esa noche del 8 de agosto, su primer día de trabajo. Y es que en el recuento de los hechos, tal como señala Magaly, mientras Jacqueline ejercía las labores de limpieza, una encargada de camerinos del Solid Gold la envío a pagar la cuenta de un hospital privado, ya que una de “las bailarinas”, según recuerda Magaly, se había lastimado el pie.

Jacky, como le llama también su hermana, atendió la indicación y se fue en taxi al hospital Londres, ubicado a unos kilómetros del establecimiento. Una vez ahí y en espera de ser atendida para realizar el pago, fue detenida por elementos de seguridad sin conocer los motivos por los que se le acusaban. Luego fue retenida, junto al taxista que la llevó y a un empleado del local que fue enviado para auxiliarla, en el estacionamiento del hospital.

Magaly señala al medio que su hermana estuvo varias horas detenida en ese establecimiento y luego fue llevada a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Fue ahí donde inició el calvario jurídico, ya que fue acusada presuntamente de delincuencia organizada y trata de persona en su calidad de explotación sexual.

En una carta que escribió Magaly, para solicitar a AMLO su intervención en su caso, detalla las violaciones a sus derechos humanos que vivió durante su detención ilegal y arbitraria, así como a lo largo de su proceso jurídico en el que sobresale la dilación por diversos motivos, por ejemplo: 

El primero fue por la disolución del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Ciudad de México, que llevaba la causa 90/2019, por lo que fue transferida al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales de CMDX.

La dilación de su proceso, tal como explica Castillo en su carta, tiene que ver con los careos con los agentes que la aprehendieron, y con los desistimientos que conllevaron, al menos, seis fechas programadas entre 2020 y 2021. En 2021 solicitaron el cierre de instrucción, sin embargo el juez de la causa no se ha pronunciado al respecto con el argumento de que “más adelante se acordará lo conducente”.

Además denunció que “los delitos que se me pretenden imputar están basados en señalamientos dolosos, imprecisos y mendaces”.

Y es que como señala Magaly sólo hay una acusación contra su hermana: “una de las mujeres extranjeras dijo que vio a mi hermana en el centro nocturno, estaba parada junto a un lócker. Esa es la acusación, de ahí el cargo de trata de personas”, declara con un ánimo indignado dado que ese señalamiento, y el de la primera denunciante en el hospital -quien dijo que la persona que estaba en el pasillo era quien la vigilaba, pese a que no conocía a Jacqueline–, es lo que mantiene a su hermana en prisión desde hace 9 años.

Los defensores y sus promesas

Magaly señala que están muy cansados de la situación, pero ha decidido emprender esta lucha dado que su hermana es víctima de injusticias, pero los daños colaterales han cobrado facturas, ya que también su familia ha visto correr las promesas incumplidas que sólo responden a los intereses de los empresarios del lugar, por lo que señala que su hermana también es “un chivo expiatorio” de este caso.

Y es que enfatiza que cuando su hermana fue llevada a FEVITREM, los dueños de Solid Gold asignaron parte de sus abogados al caso, pero para defender la integridad de ellos, no de Jacqueline ni de Juana ni de otras personas.

Cuando su hermana fue traslada al penal de Nayarit, entró la defensa del abogado José Luis Martín Pineda (integrante del Buffet Lozano Gracia y sobrino de Antonio Lozano Gracia, ex-procurador de la República, durante el gobierno de Ernesto Zedillo).

Magaly explicó que nunca tuvieron contacto con los empresarios y que sólo al principio con los abogados, quienes vieron el caso “nomás por encimita”.

Relató que durante mucho tiempo tuvieron miedo porque los abogados les decían que las cosas se complicaban dado que  “se trataba de un caso político, así nos lo manejaron porque habían entrada de varias autoridades y personalidades”, dijo.

Entre esas figuras involucradas destacaban: el exprocurador Jesús Murillo Karam y Rosy Orozco, a través de su asociación Comisión Unidos Vs Trata (quien salió en defensa de las personas que fueron rescatadas de este lugar, principalmente de la mujer que inculpó a Jacqueline, tal como explicó Magaly). También, el abogado y político Diego Fernández de Cevallos, quien incluso se entrevistó con las familias tanto de Jacqueline como de cinco mujeres, por el caso, “él se comprometió a ayudarnos y mandó un escrito al Procurador para que pusiera el interés en la situación. Cevallos nos ofreció ayuda”, señaló Magaly.

En esta carta, fechada el 2 de septiembre, Cevallos le pide a Jesús Murillo Karam: “debo decirte que no hablo por los dueños, socios, administradores o gerentes de los diversos negocios involucrados en la indagatoria; me refiero únicamente a la situación jurídica de cinco mujeres, verdaderamente pobres y vulnerables que, de acuerdo con las constancias que integran el expediente criminal, resultan evidentemente inocentes”.

“Nos promete que se hará cargo y que cuando mi hermana salga sea operada de los ojos. Jamás tuvimos una nueva comunicación con él.  Ya jamás volvimos a tener contacto”, dijo la entrevistada.

“Nos metieron miedo, […] Nos dijeron que tuviéramos cuidado porque nuestros teléfonos iban a estar intervenidos, por eso no habíamos hecho nada, pero al ver esta situación ya fue bastante tiempo de quedarnos callados y viendo la injusticia, dijimos basta”, subrayó Magaly.

Al respecto, el abogado Carlos Eduardo Bejarano, quien tomó la defensa de Jacqueline desde 2014, como parte de los cambios de defensas legales que han realizado los empresarios de Solid Gold, consignó  a Once Noticias que hasta ahora se desahogaron las pruebas en el proceso y en diversas ocasiones solicitaron el cierre, pero considera que no se ha realizado, por diversas situaciones: 

“Desde 2019 estábamos esperando que se cerrara, pero primero se atravesó la pandemia, luego hubo cambio de proceso penal a juicios orales y desapareció el juzgado que lleva el proceso”, dijo en entrevista.

Asimismo, dijo que cuando fue buscado en 2014, para llevar el caso de Jacqueline y de Juana, quien también se encuentra en dicho penal, él llevaba el caso del taxista que salió absuelto unas semanas después de la detención. Dijo que no conocía a Lozano Gracia ni a nadie, dado que con quien tuvo contacto fue con algunos abogados del despacho de este último.

Dijo que hasta ahora han presentado videos que demuestran y señalan que la acusación en contra de Jacqueline, incluso, es falsa, “es frustrante ver que no avanzó como debería, en el expediente no hay elementos para ser sentenciada, es señalada por una personas, la imputación es la declaración de un página y en el video se demuestra que son mentiras. Existen pruebas de video que demuestran cosas distintas”, expresó y dijo que desconocía

Nos limita la economía, pero no perdemos la fe

Magaly expresó que ahora buscan la intervención de la Defensoría Pública, ya que han sido muchos años de esperar y tener miedo. Asimismo, expresó descontento al ver que uno de los casos de Solid Gold, que se hizo público, los medios  mencionan que “es la única persona recluida por el caso, ¿y dónde queda mi hermana? ¿dónde quedan las demás? ¿por qué no se dan a conocer? Era su primer día de trabajo de mi hermana”, señala triste a Once Noticias.

Magaly dijo que intentaron interponer una denuncia ante CNDH, debido a las irregularidades en la detención y maltrato que padeció Jacqueline, sin embargo no procedió, por lo que Magaly expresa hartazgo por la situación.

“Nos limita la economía, pero no perdemos la fe”, concluyó.

Por su parte, Jacqueline, en su carta explica que es una mujer que padece debilidad visual, además de que sus hijas se han visto limitadas de visitarla dado la distancia (apenas pueden hablar con su mamá 10 minutos cada 15 días) lo que ha afectado su vínculo y la situación también las ha dejado vulnerables e indefensas a lo largo de estos 9 años.

“Por todo lo anterior abogo a su humanitaria atención solicitando se intervención con el fin de que se revise mi situación jurídica y de reclusión”, concluye bajo un tono formal en su carta al presidente.

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