En las últimas semanas el gobernador republicano de Texas, Greg Abbot, amenazó con imponer, otra vez, sanciones comerciales a México a través de revisiones exhaustivas a transportes mexicanos al ingresar a Estados Unidos, lo que tendría un impacto negativo comercial y económico, pero también humanitario dado que responde a presiones para detener el paso de personas en movilidad y evitar que lleguen a la frontera.
Si bien esas tensiones son añejas, el paisaje actual preocupa a especialistas ya que se instalaron filtros migratorios en ciudades fronterizas, como Tamaulipas, y hubo también un despliegue operativo de policías estatales en Coahuila. Estas entidades junto a Nuevo León y Chihuahua, firmaron un acuerdo para reforzar la seguridad fronteriza.
En el caso de Tamaulipas, gobierno encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, anunció sumarse al acuerdo, el 15 de abril, un par de días después de la primera imposición del gobierno de Texas, para restaurar el flujo de transporte en las fronteras con McAllen y Brownsville, y reducir las inspecciones que realizan agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) a los camiones que ingresan por puentes internacionales.
Asimismo, Tamaulipas se comprometió a impedir el paso de personas indocumentadas del lado mexicano. García Cabeza de Vaca anunció algunas medidas como reclutamiento de más policías, uso de cámaras de seguridad y aumentar la presencia de agente cada 15 kilómetros a lo largo de la autopista.
La primera imposición puso en foco de riesgo a la cadena de suministros de alimentos hacia el país vecino, ya que 50% de ese flujo de mercancías que llegan a Estados Unidos atraviesan la frontera con Texas. Con la imposición, los camiones de transporte de carga, que llevan principalmente productos agrícolas, tuvieron que esperar la inspección con retrasos de más de 30 horas, en promedio.
Retórica de Abbot en paralelismo con Trump
Óscar Misael Hernández, investigador del departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte (Sede Matamoros), dijo en entrevista a Once Noticias que en la presión comercial y migratoria, anunciada por Abbot, se observa un paralelismo con lo que hizo Donald Trump durante su administración, a mediados de 2019, al chantajear al gobierno mexicano con la imposición de 5% a los aranceles.
“Es una imposición a nivel regional y a nivel de fronteras muy específicas. Somos testigos de las repercusiones que tienen en un nivel comercial pero también migratorio. Vemos que migrantes se están quedando en ciudades fronterizas. Son ciudades de espera por los cambios drásticos en materia migratoria a nivel regional”, afirmó.
Pero el panorama se complejiza: el 20 de abril el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, hizo un llamado para que las personas migrantes no pasen por la entidad, porque serán detenidas y puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).
Dijo que se cumplirían los acuerdos firmados con Texas y que se debía “cuidar el interés prioritario de las y los tamaulipecos”.
Ante dicha retórica, el doctor Hernández señaló que es pragmático el acuerdo firmado por García Cabeza de Vaca con el gobierno de Texas. No obstante señaló que existen algunas explicaciones a considerar en el análisis.
Por un lado, recordó que Tamaulipas comparte una parte extensa de su frontera con Texas y es uno de los principales puertos aduaneros, no sólo de México sino de América Latina –principalmente Nuevo Laredo– en el que circulan miles de millones de dólares.
Por otro lado, señaló otras cuestiones que intervienen: la disputa política entre García Cabeza de Vaca y el presidente Andrés Manuel López Obrador impacta en las relaciones políticas, a su vez, con respecto al vecino del norte.
Esa relación ha sido utilizada por el gobernador de Tamaulipas para tener un cobijo transfronterizo:
“no hay que olvidar el proceso de desafuero, un conflicto político entre la federación y el gobernador, lo que coloca a este último en otra posición al tener vínculos con Estados Unidos. Es una forma de protección transfronteriza”, dijo el especialista.
El futuro cercano del Título 42 y la disputa política
El pasado 1 de abril, la administración de Joe Biden anunció el fin del Título 42 en Estados Unidos. Este estatuto de salud pública comenzó a operar en marzo de 2020 con el pretexto de la contingencia sanitaria por COVID-19.
No obstante, a lo largo de dos años de pandemia, ha sido denunciada por organizaciones civiles y defensores (as) de derechos humanos, como una medida que detuvo los procesos de asilo y funcionó para expulsar de manera expedita a personas migrantes que buscaran ingresar por las fronteras.
El secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, anunció que el Título 42 será rescindido el próximo 23 de mayo, pero hasta esa fecha continuarán las expulsiones de adultos y familias.
Eso ha levantado un álgido debate político, entre demócratas y republicanos, porque la principal preocupación es que aumente el número de personas migrantes que busquen cruzar una vez que se derogue este estatuto.
Al respecto el doctor Hernández enfatizó a Once Noticias que no se debe perder de vista que el gobierno texano es un gobierno conservador y que es bastante clara la controversia política con Joe Biden.
En noviembre serán las elecciones y Abbot vislumbra la reelección por lo que el tema migratorio funcionaría como un redito electoral, tal como Trump lo hizo con la retórica del muro.
Sin embargo, es una disputa política interna con repercusiones en las ciudades fronterizas, porque durante la operación del Título 42, “casi 2 millones de personas fueron expulsadas y 6 de cada 10 eran personas mexicanas. Los costos en materia migratoria son bastante altos y no sólo en materia política”, lamentó el especialista.
“En la frontera, desde la reinstalación de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) y del Título 42, los albergues se han visto abarrotados por familias. Es otro tipo de crisis humanitaria que se vive en un contexto fronterizo donde aparentemente se abrieron las fronteras, pero se utilizan por gobernantes con fines políticos y también por otros actores clandestinos de la migración, como los coyotes o polleros. El costo en términos humanitarios es muy alto”, concluyó el especialista.