Reportajes especiales

Prohibir y penalizar ECOSIG es una deuda histórica para la inclusión en México

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2022, medio millón de personas han sido víctimas de terapias de conversión.

Para Iván Tagle, director de Yaaj México AC, la aprobación en el Senado de prohibir las mal llamadas terapias de conversión fue una deuda histórica que tenía el país con la comunidad LGBTIQ+, pero no limitada a ella, sino extendida a la sociedad, porque se trata de reconocer los derechos humanos de las personas.

Fueron cuatro años de espera, aunque la lucha aún no termina para hacer realidad que se prohíban y penalicen los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG).

Ante este panorama, en el Día Internacional para la Tolerancia, que se celebra este 16 de noviembre, Once Noticias conversó con Iván Tagle, director de Yaaj México AC, y con Temístocles Villanueva Ramos, diputado del Congreso de Ciudad de México, quienes han estado detrás de esta lucha, para conocer los pendientes con el objetivo de forjar una sociedad inclusiva y de respeto a la diversidad y a los derechos humanos.

La lucha colectiva

Fueron defensores y defensoras de derechos humanos, quienes conjugaron los primeros pasos para impulsar una iniciativa en contra de los ECOSIG; a ella se sumó la lucha legislativa, tal como señaló el diputado Temístocles Villanueva a Once Noticias.

Iván Tagle dijo al medio que muchas personas han compartido sus testimonios sobre estas prácticas y que fueron esas voces las que pusieron el tema en el centro del debate.

“Esas voces han hecho que este tema deje de estar en lo oscuro y se problematice. Comenzamos a incidir desde 2017-2018 presentando dos iniciativas a nivel local y otra a nivel federal en el Senado”, recordó Tagle y agregó que la sociedad civil ha jugado un papel vital “para presionar, para proponer las leyes y buscar los acuerdos necesarios con diversos partidos”.

Esa incidencia tuvo espacio también porque a nivel legislativo se impulsó la aprobación, a nivel local, en Ciudad de México (2020), la primera entidad en prohibir y penalizar esas prácticas. Fue el inicio de una ola que se ha extendido, aunque hasta ahora sólo en Ciudad de México y Estado de México se consideran delitos.

La aprobación y reformas pasaron a la Cámara de Diputados, espacio que considera el legislador Temístocles Villanueva con un panorama liberal para lograr su aprobación.

“El carácter de la Cámara de Diputados es un poco más liberal que el de Senadores. No tendría por qué generar mayor conflicto. Tenemos además diputadas y diputados de la diversidad sexual, aliados y aliadas a la causa, que estoy seguro que van a asumir la agenda”, expresó.

El diputado recordó que fue positivo el papel que jugó la coalición interpartidista en el Senado, aunque dijo que fue el bloque progresista quien votó, en su mayoría, a favor.

“Hay que destacar el papel de las senadoras promoventes. Tres senadoras de distintos partidos: Citlalli Hernández de Morena, Alejandra Lagunes del Partido Verde y también Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano”, expresó.

¿Cuál sería el alcance de estas iniciativas si se aprueban a nivel federal?

Las reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, para prohibir las mal llamadas terapias de conversión, plantean, entre otras cosas la sanción de dos a seis años de prisión y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien realice, imparta, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, menoscabe o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

Esas sanciones aumentarían al doble si las conductas se realizan en contra de personas menores de 18 años, personas adultas mayores o con alguna discapacidad. También si la persona tiene una relación laboral, docente, doméstica, o médica con la víctima.

Una de las cuestiones que resalta es que a profesionales de la salud que realicen este tipo de prácticas, se les aplicarán las mismas penas; además, de la suspensión en su ejercicio profesional, hasta por tres años. En caso de reincidencia, se les cancelaría el registro de su cédula profesional.

El activista Iván Tagle critica que hay una cuestión negativa: la impunidad. Ante ello, explica que estas leyes salen por querella y no por oficio. Esto quiere decir que sólo la persona que está sometida a ECOSIG puede ir a denunciar, pero dado el contexto de impunidad en sistemas de justicia teme que se ignoren y que impacte para que las personas no denuncien.

“Sólo 1 de cada 10 personas deciden denunciar un delito en nuestro país porque 99% de ellos quedan impunes”, agregó.

La lucha legislativa no es suficiente

Pero la lucha no se queda en la aprobación a nivel federal, tal como reflexionaron los entrevistados. Para Iván Tagle, no basta que el Estado reconozca esas prácticas como delito y resalta su obligación para prevenirlo y garantizar la no repetición, “eso sólo se hace a través de las políticas públicas. No hay política pública sino hay presupuesto para ejecutar”, enfatizó.

Para Temístocles, con el avance legislativo a nivel federal se sienta un precedente, aunque, reconoció, como Iván, que para alcanzar su aplicación es necesario generar políticas públicas, protocolos y un arduo trabajo con instituciones del Estado.

En ese sentido el diputado relató que se deberán generar protocolos para que las Comisiones de Búsqueda locales y Nacional activen un sistema que permita localizar a las personas que han sido víctimas de las terapias de conversión, dado que en algunos casos las personas son secuestradas.

“Tendrá que trabajarse también con Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) en el caso Nacional y CEAVI en el caso de la CDMX. Tendrán que asegurarse protocolos en las Fiscalías, en la Fiscalía General de la República y en las Fiscalías Estatales, para perseguir estos delitos”.

Al respecto, Iván sostuvo que también debe trabajarse con instituciones como Cofepris, dado que son servicios que se ofrecen, pero lucran con el dolor y la desinformación de las familias. Así también con empresas digitales como Google, Facebook o Twitter, porque son utilizadas para ofrecer esas prácticas. 

Otra de las políticas a implementar deben enfocarse en cortar fuentes de financiamiento a quienes practican y promueven ECOSIG, dado que no están exentos de que los recursos tengan origen ilícito.

“Desde el SAT, desde la Procuraduría Fiscal, desde la famosa Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen también quién está detrás del financiamiento de estos procedimientos que son ilegales. Será necesario que ahora que se va a convertir en un delito federal, la UIF empiece a intervenir en este tema”, expresó Temístocles.

Pendientes: educación sexual y el derecho a la diversidad

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2022, al menos medio millón de personas ha sido víctima de ECOSIG, lo que devela que estas prácticas prevalecen en México.

“Estas terapias, que no tendrían por qué llevar ese nombre, son en realidad tratos crueles e inhumanos equivalentes a la tortura, porque atentan contra la dignidad de las personas. Las personas que son víctimas, en muchos casos son menores de edad”, lamentó Temístocles Villanueva.

Además, recordó que no existe ninguna evidencia científica que demuestre que se puede modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

Hay que recordar que los ECOSIG se disfrazan de sesiones religiosas o supuestas intervenciones psicológicas o médicas, pero constituyen un fraude, porque consideran a la identidad de género u orientación sexual como una enfermedad, pero la OMS reconoció desde 1990 que la homosexualidad no es una enfermedad y en 2018, sacó del catálogo de enfermedades mentales a la transexualidad.

Temístocles, expresó que aún hay muchos pendientes además de esta aprobación, por ejemplo, la reforma a la Ley del IMSS y del ISSSTE, para reconocer la seguridad social a las parejas del mismo sexo. También está pendiente la reforma al Artículo Primero Constitucional que limita la no discriminación, en el caso de la población LGBTTTIQ+, por preferencia sexual.

“El término adecuado no es preferencia sexual, el termino adecuado debería de ser No discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género”, enfatizó

Ambos, sin embargo, señalaron que una labor importante será el trabajo con la sociedad, dado que falta que la educación sexual sea obligatoria en las escuelas, por lo que ese pendiente deberá ser trabajado con todos los actores involucrados en la educación.

“Lamentablemente es la desinformación o por ausencia de educación formal de la sexualidad decidan que deben modificarse la orientación sexual o la identidad de género de su familiar. También son víctimas las familias. La sexualidad debe ser un tema de la agenda pública de nuestro país”, agregó el diputado al medio.

Finalmente, Tagle asegura que forma parte de una generación que ha decidido alzar la voz, para lograr un cambio político, social y cultural, en el que se deje de considerar a las personas de la diversidad como “enfermos mentales, que no estamos sujetos a derecho y que por eso merecemos ser tratados con este tipo de prácticas”, concluyó Iván Tagle.

A nivel mundial los ECOSIG están prohibidos en Brasil, Ecuador, Malta, Chile, Alemania, Canadá y Francia. Hay otros países, en los que la prohibición es a nivel local o estatal, como en España.

En nuestro país es reciente su prohibición, hasta ahora son 10 estados en los que están prohibidos: Ciudad de México y Estado de México (2020), Colima, Tlaxcala, Zacatecas, Yucatán y Baja California Sur (2021) y Baja California (2022, la gobernadora de la entidad congeló la iniciativa). En Jalisco se prohibieron, y se sancionan con multas y trabajo comunitario. Sin embargo, sólo en Ciudad de México y Estado de México, se tipifican como delito, y se castiga a quienes las incentiven e impartan.

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