Los Pueblos Unidos, conformados por más de 20 pueblos originarios, lanzan la “Campaña Global contra la Criminalización de los Defensores de la Vida, el Agua, y el Territorio”, a propósito de la celebración de la primera audiencia de Miguel López, defensor de Zacatepec.
Los Pueblos exigen un alto a la criminalización de la que han sido víctimas desde que decidieron tomar la planta de la empresa francesa Bonafont, en Puebla, desde hace seis meses.
Tal criminalización responde no sólo a los actos y denuncias por parte de la empresa sino también por parte de medios de comunicación. Pese a ello, informaron que mantendrán el resguardo a las instalaciones de la planta y continuarán con actividades educativas, artísticas y de salud.
Esta acción jurídica es sólo una parte de un proceso mucho más grande, que es el camino hacia nuestra Autonomía”, declararon.
Los Pueblos denunciaron que han sido hostigados por parte de elementos de la Policía Estatal, Municipal y la Guardia Nacional, por lo que responsabilizan “a los tres niveles de gobierno y a la empresa Bonafont de cualquier atentado o represión que sea dirigido a los miembros de Pueblos Unidos”, dijeron.
Además, señalaron que desde el 22 de marzo “en el sitio donde la empresa extraía nuestra agua, nosotros construimos vida”, han realizado diversas actividades como campañas de reforestación, diversos talleres para la formación y educación de los pueblos (dibujo, canto, primeros auxilios, defensa personal, formación política, matemáticas, bordado, comunicación y geografías comunitarias).
Realizamos un encuentro internacional de mujeres, y un encuentro internacional de científicos, donde se planteó la problemática ambiental de nuestro territorio para encontrar salidas a esta crisis. Se han hecho eventos culturales y artísticos para niñas y niños y encuentros con organizaciones hermanas. Hemos abierto un espacio para la atención integral a las mujeres. Todas estas actividades han sido y seguirán siendo gratuitas, científicas y para el bien común y se han logrado con el respaldo y el apoyo solidario de los pueblos y compañeros de otras geografías”, enfatizaron los Pueblos de la región cholulteca.
La gran apuesta del movimiento es continuar con la construcción de “La Casa de los Pueblos”, un espacio necesario para las comunidades y para la defensa de la tierra.
Los Pueblos Unidos colaboran para documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos, con el departamento de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero Puebla) en aquella entidad.
La campaña que emprendieron es en solidaridad con todas las luchas, en el país, que se dedican a defender el territorio, los recursos naturales y la vida.
Exigieron libertad para Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl, que enfrentan en la actualidad procesos judiciales por la defensa del río Metlapanapa desde el 2019.
Miguel López Vega ha sido perseguido desde 2019, cuando comenzó a denunciar la situación del Río Metlapanapa. Fue detenido en enero de 2020 al salir de un encuentro con la Secretaría de Gobernación de Puebla, después de entregar un acta en la que su comunidad se declaraba libre de partidos políticos.
Los delitos por los que se le imputaban en aquel momento fue “la oposición a una obra pública y ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte”.
En aquel momento le fue negado llevar su proceso en libertad, debido a que las autoridades judiciales, vinculadas al gobierno de la entidad, argumentaron que tenía la intención de usar armas y explosivos durante los presuntos ataques por los que se le imputaban, durante una protesta pacífica el 30 de octubre de 2019. Como resultado, fue puesto en prisión preventiva.
Desde entonces el defensor y activista enfrenta su proceso legal y su audiencia se celebrará este viernes, sin embargo su caso presentó irregularidades, tal como ha denunciado su defensoría en diversas ocasiones y en varios medios.
Después de 29 años de la actividad extractivista de la empresa Bonafont, perteneciente al corporativo DANONE, los Pueblos Unidos decidieron realizar protestas y tomar el sitio que durante largo tiempo “violó el derecho al agua y a un medio ambiente sano a comunidades enteras, afectando el bienestar de miles de niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos que habitan en la región Cholulteca y sus alrededores”, por lo que han decidido que continuarán con las actividades en beneficio de las comunidades.