El “Frente por la defensa de los derechos de los pueblos y los barrios de la cuenca de la Anáhuac” pronunciaron su inconformidad contra el decreto de la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, que dejó sin efecto la consulta ciudadana y de pueblos indígenas sobre el Plan General de Desarrollo Urbano y el de Ordenamiento Territorial.
Esto quiere decir que no se tomarán en cuenta las opiniones y recomendaciones que las comunidades tengan sobre los proyectos de urbanización gubernamental que se desarrollen en su territorio.
Patricia, vecina de San Gregorio Xochimilco, dijo a Once Noticias que “las consultas dentro de estos documentos (plan de ordenamiento y de desarrollo) invalidan nuestras opiniones y sabemos que es importante que los pueblos y los barrios tomemos decisiones sobre lo que se tiene que hacer en nuestros territorios. De lo contrario desaparecen nuestros pueblos bajo grandes complejos inmobiliarios”.
La consulta ciudadana y a los pueblos indígenas es un derecho constitucional, que está protegido por acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Alejandro Velázquez, abogado representante del Frente de pueblos y barrios de la cuenca, explicó a Once Noticias que hay una tabla de zonificación y compatibilidad de usos de suelo muy flexible que permite la industria, comercio, equipamiento, turismo y vivienda dentro de territorio de conservación.
Con esta tabla van a permitir la urbanización y abrir un laso de la industria a las áreas de conservación. Ahora vamos a ver un Oxxo en nuestros bosques, un supermercado en nuestras chinampas, empresas de grandes monopolios dentro del suelo de conservación”, dijo el abogado.
Desde el Frente por los pueblos apuntaron que se oponen a la construcción de 23 “polos de desarrollo” que se tiene planeados en toda la ciudad de México, porque que provocan la expulsión de la gente originaria.
“Toda la ciudad moderna está construida sobre los pueblos originarios. El mejor ejemplo de esos ‘polos de desarrollo’ es la destrucción del pueblo de Xoco, este quedó bajo ciudades privadas construidas dentro de torres gigantes. La gente originaria fue expulsada de sus territorios desde antes del proceso de construcción”, mencionó Alejandro Velázquez.
“Llegan con el supuesto de acercar el trabajo a las personas del lugar, pero no se dan cuenta del efecto contraproducente que trae a las familias, que por ejemplo ya carecen del agua por la construcción de esos mega proyectos”.
Los pueblos y barrios exigieron su derecho a decidir cómo quieren vivir, cómo quieren organizarse y cuáles van ser sus prioridades de desarrollo.
Traer turismo y modernidad con este tipo de infraestructura significa más puentes, más edificios, hoteles, bares y grandes compañías dentro del suelo de conservación para que después los originarios sean desplazados de su tierra y se conviertan en sirvientes del turismo”, expresó el abogado.
El Frente está formado por vecinos de Tlalpan, Iztapalapa, Azcapotzalco, Tláhuac, Benito Juárez, Xochimilco y Cuajimalpa. En sus demandas piden la revocación del decreto que deja sin efecto las consultas y así comenzar con un proceso de planeación consensado por los pueblos, barrios y ciudadanos. Y así crear en conjunto un plan que esclarezca el desorden urbano, la perdida de territorio y la escasez hídricas de los pobladores de Ciudad de México.
Es imperativo resarcir y reparar los daños relacionados con la pérdida del territorio y recursos de los pueblos, por eso invitamos a hacer un frente en común para que sea la propia ciudadanía quien decida su futuro”, declaró Alejandro Velázquez.